Las cuatro claves del proyecto de ley HB-1105, que avanza en Georgia e impactará en los migrantes

El proyecto de ley HB-1105, conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales, es una iniciativa que avanza en la legislatura de Georgia y que, en caso de aprobarse, afectaría de manera directa a los extranjeros indocumentados que están detenidos.

Ya fue aprobada en la Cámara de Representantes con 97 votos a favor y 74 en contra, por lo que solo falta el visto bueno del Comité de Seguridad Pública del Senado para que se convierta en ley. Su intención principal es obligar los departamentos policiales del estado de Georgia a cooperar con las autoridades federales para identificar a los reclusos que son inmigrantes ilegales y así contribuir con su posterior deportación.

Este proyecto de ley se presentó y tomó impulso tras un violento crimen ocurrido en el campus de la Universidad de Georgia, donde Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, fue asesinada a golpes por un presunto inmigrante ilegal de Venezuela llamado José Ibarra. Según los informes, el sospechoso ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022.

Los puntos claves del proyecto de ley HB-1105

• Obligaciones: el proyecto de ley HB-1105 obliga a todos los departamentos de policía y de sheriff elegibles identificar a los inmigrantes indocumentados que están detenidos e informarlo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para una posible deportación. En ese sentido, cada vez que arrestan a una persona deben consultar con el ICE su estatus migratorio.
• Penas: en caso de convertirse en ley, los penitenciarios que no verifiquen el estatus migratorio de los extranjeros detenidos, así como tampoco lleven un registro de sus datos, se convertirían en culpables de un delito menor agravado.
• Restricción de fondos: se niega el envío de fondos estatales a todas las cárceles y alguaciles que no cooperen en la identificación de inmigrantes ilegales entre los reclusos.
• Informes trimestrales: el proyecto de ley también requiere que todos los departamentos policiales estatales publiquen un informe cada 90 días, detallando datos sobre “el estatus migratorio, los delitos y los países de origen de los reclusos que no son ciudadanos estadounidenses, que están confinados bajo la autoridad del departamento y respecto de quienes el Servicio de Inmigración de Estados Unidos y la División de Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional ha emitido órdenes de detención de inmigración”.

Funcionarios y comunidades latinas rechazan el proyecto de ley

Por su parte, el Fondo de Desarrollo Comunitario Latino de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés) rechazó la implementación del proyecto de ley HB-1105 a través de un comunicado: “Las organizaciones de derechos de los inmigrantes y sus aliados condenan el Proyecto de Ley 1105, que pone en peligro a las comunidades de inmigrantes de Georgia, promueve la discriminación racial y socava la discreción de las autoridades locales”.

“La legislación propuesta obligaría a los departamentos de alguaciles locales a involucrarse con ICE de maneras peligrosas que son inconstitucionales y resultarán en perfiles raciales, ataques a personas de color y separaciones familiares, al mismo tiempo que disuadirían a las comunidades de buscar ayuda de las autoridades o denunciar delitos”, advirtieron.

Por su parte, Adelina Nicholls, directora ejecutiva, Alianza Latina por los Derechos Humanos de Georgia, remarcó: “Este proyecto de ley aumentaría en gran medida la discriminación racial, sin importar la gravedad de los delitos”.

En tanto, la demócrata Esther Panitch, miembro de la Cámara de Representantes de Georgia, consideró: “Queremos justicia por lo que le pasó a Laken Riley. No queremos que personas violentas que están aquí legalmente o ilegalmente estén en las calles. Pero este proyecto de ley no lo logrará. No cerrará nuestras fronteras. No nos hará más seguros ni hará que las mujeres estén más seguras”.

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