La reacción de los locales y la policía a la nueva ley de inmigración en Florida

Antes de que la ley de inmigración entrara en vigencia en Florida, ya la población migrante permanecía preocupada acerca del alcance que podría tener. Desde el sábado 1° de julio, la norma ya rige en el estado y aunque muchos extranjeros ya tomaron la decisión de mudarse a otras jurisdicciones, otros muestran su descontento con el texto, que establece penas de prisión de hasta 15 años por trasladar personas indocumentadas.

Los que se oponen a la norma sostienen que, entre sus consecuencias, se produciría un éxodo masivo de personas, la mayor parte de ellas dedicada a la mano de obra en el estado. No obstante, aunque se prevé que el impacto dependa de la severidad con que aplique, la oficina del gobernador Ron DeSantis ya anunció que el cumplimiento de la misma será obligatorio.

Surge entonces la duda precisamente acerca de su cumplimiento y aplicación por parte de los cuerpos policiales. En un comunicado, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, en inglés) sostuvo que los policías serían formados e informados acerca de la nueva ley y su cumplimiento, según reportó Wink TV, un canal de televisión floridano.

Lo mismo ocurrió con la policía de Fort Myers, al este del estado. “La forma en que actualmente vigilamos seguirá siendo la misma a nivel local. Estamos aquí para servir y proteger a toda nuestra comunidad”, manifestó el organismo.

De acuerdo con la ley, el transporte de inmigrantes dentro del estado es un delito que tiene pena de prisión. Entonces, algunos extranjeros que hacen vida en Florida y tienen familiares indocumentados tienen temor de trasladarlos, incluso hasta el supermercado, y que aquella salida concluya en la privación de libertad de un ser querido.

En el ámbito laboral, el panorama no parece mejorar. La ley dispone que las empresas con más de 25 trabajadores deben chequear a su personal con el sistema E-Verify que, al ser de carácter federal, permite conocer cuál es el estatus migratorio de una persona. Entre las penas por contratar a extranjeros indocumentados, se encuentran las multas e inclusive la pérdida de la licencia para operar.

En lo que se refiere al sector de la construcción, un área donde es común encontrar extranjeros que trabajan sin documentos, se espera que se produzcan retrasos en los tiempos de entrega de los edificios y casas. De acuerdo con un relevamiento que hizo Univision antes de la entrada en vigor de la ley, ya se registraban bajas de los trabajadores que anunciaban a sus jefes que se organizaban para abandonar Florida junto con su grupo familiar.

Por si fuera poco, la norma prevé que será obligatorio que en los hospitales de Florida, donde se acepta el programa de salud federal Medicaid, se incluyan preguntas acerca de la situación migratoria de la persona que solicita asistencia médica.

Asimismo, también se incluye un presupuesto de 12 millones de dólares para que el gobernador active iniciativas de reubicación de personas indocumentadas, una manera de trasladar inmigrantes fuera del estado.

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