La ONU espera finalmente regular los créditos de carbono en la COP29

Desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015, se espera con ansias la aplicación de su artículo 6, que pone en marcha un sistema supervisado por la ONU para comercializar créditos de carbono que ayuden a los países y a las empresas a reducir sus huellas contaminantes.

Sobre el papel, la idea es atractiva: las compañías, e incluso los gobiernos, pueden compensar sus propias emisiones de CO2 invirtiendo en estos "bonos verdes" que financian proyectos para mitigar los gases de efecto invernadero.

Cada uno de estos créditos representa una tonelada de CO2 absorbida o no emitida, por ejemplo plantando árboles o cerrando una central eléctrica de carbón y sustituyéndola por una turbina eólica, respectivamente.

Sin embargo, sin regulación ni normas internacionales el mercado de créditos de carbono se ha desarrollado por su cuenta y sin control durante dos décadas. Encuestas y estudios han demostrado la ineficacia de muchos proyectos, certificados por organismos poco rigurosos y a veces otorgados en detrimento de las poblaciones locales.

Incluso ese sector se hundió tras una serie de escándalos, pero los gobiernos y las empresas, estas últimas para proclamarse "neutras en carbono" sobre el papel, siguen apostando por esas herramientas.

Un proyecto de reglamentación y estandarización propuesto el año pasado durante la COP28 fracasó debido a que los países europeos y muchos del Sur lo consideraron demasiado laxo.

En la COP29, que comienza el lunes en Bakú, la capital de Azerbaiyán, el organismo supervisor especializado vuelve a la carga con tres textos.

Incluso sus miembros, que han querido responder a las críticas celebrando este año amplias consultas con expertos y oenegés, admiten que estas nuevas normas van mucho más lejos que las discutidas en Dubái en 2023.

- Problemas persistentes -

"Sigue habiendo problemas en los textos, pero hay algunas cosas positivas", aseguró a la AFP Jonathan Crook, experto de la organización Carbon Market Watch.

Por ejemplo, será imposible obtener un crédito a partir de un bosque que ya exista y almacene CO2 de forma natural. Para acceder a él, se deberán adoptar nuevas medidas para proteger ese ecosistema de la deforestación o plantar árboles que le permitan absorber más dióxido de carbono.

Uno de los nuevos textos establece también normas para el seguimiento de un proyecto de captación de carbono: garantizar, por ejemplo, que los árboles se plantan realmente o que la deforestación simplemente no se ha trasladado a otro lugar, o bien que se tienen debidamente en cuenta los riesgos de que el bosque en cuestión se queme, incluso después de finalizado el proyecto.

Para ello, propone un fondo a imagen y semejanza de una cooperativa de seguros: se reservará un porcentaje de los créditos para cada proyecto y, si el bosque arde, los bonos correspondientes se anularán.

Otro de los textos refuerza además los derechos de las poblaciones locales, que tendrán la posibilidad de impugnar las iniciativas lanzadas en su territorio.

Sin embargo, Crook tiene sus dudas sobre varios términos que "pueden interpretarse de forma diferente", en particular en lo que se refiere a un riesgo central: cómo garantizar que el CO2 se almacenará durante largos periodos.

- ¿Decisión en Bakú? -

Las empresas que compran los créditos en el llamado mercado "voluntario" (en contraposición a cualquier obligación legal) para hacer reverdecer su imagen esperan con impaciencia este nuevo mecanismo, que debería convertirse en "la nueva referencia", consideró Karolien Casaer-Diez, experta de South Pole, consultora que también desarrolla proyectos de reducción de emisiones y vende estos bonos.

La especialista espera que Verra y Gold Standard -los principales certificadores privados de créditos de carbono-, así como el ICVCM -un organismo privado independiente creado para supervisar las metodologías existentes-, "se alineen" con las nuevas directrices de la ONU.

Lo cierto es que aún deben ser aprobadas por la COP29. Pero este año, en lugar de proponer a los negociadores que modifiquen los textos, el organismo supervisor ya los ha asumido y adoptado.

Para Crook, esto cambia el juego: en lugar de ponerse de acuerdo para aprobarlos, los negociadores de los países tendrán que consensuar si quieren rechazarlos, lo que hace más probable su ratificación. "Hay más presión" para que la aplicación del artículo 6 no quede "aplazada para siempre", dijo.

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