La ley de Nueva York que beneficiaría a los inquilinos enfrenta tensiones por su impacto en la oferta de vivienda
La norma “FARE” propone aliviar la carga financiera de los arrendatarios al modificar quién paga los honorarios de corredores inmobiliarios
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LA NACION
El mercado inmobiliario de Nueva York, uno de los más caros y competitivos del mundo, podría enfrentar un cambio significativo con la aprobación de la Ley de Equidad en los Gastos de Alquiler de Apartamentos (FARE Act).
Esta legislación, aprobada recientemente por el Concejo Municipal, promete reducir los costos iniciales que enfrentan los inquilinos al alquilar un apartamento, al obligar a los propietarios a cubrir los honorarios de los corredores inmobiliarios que contraten.
Crisis de vivienda en Nueva York
Nueva York atraviesa una crisis de accesibilidad que afecta a la mayoría de los hogares. Más del 50 % de las familias en la ciudad están catalogadas como “agobiadas por el alquiler”, lo que significa que gastan más del 30 % de sus ingresos en vivienda. Para muchas personas, estos costos iniciales incluyen, además del depósito y el primer mes de renta, tarifas adicionales que pueden superar los US$10 mil, en gran parte debido a los honorarios de los corredores.
La Ley FARE propone un cambio en este esquema. A partir de su entrada en vigor, el pago de estos honorarios recaerá sobre la persona que contrate al agente inmobiliario. En la mayoría de los casos, esto significa que serán los propietarios quienes deban asumir el costo, no los inquilinos.
Impacto en los inquilinos
Para los inquilinos, esta ley representa un alivio frente a un sistema que, según los defensores de la medida, favorecía injustamente a los propietarios. En muchas otras ciudades de Estados Unidos, los propietarios ya son responsables de pagar las comisiones de los agentes inmobiliarios, mientras que en Nueva York, los inquilinos debían cubrir estos costos incluso si no contrataban directamente al corredor.
Esta dinámica dejó a muchos inquilinos en una posición vulnerable. Por ejemplo, los honorarios de corredores pueden representar hasta el 15 % del alquiler anual, lo que se suma a los altos costos de vivienda en la ciudad. Según Telemundo, el neoyorquino promedio gasta miles de dólares al mudarse, lo que dificulta aún más el acceso a una vivienda adecuada para familias trabajadoras.
Grupos como Housing Justice for All celebran la medida, argumentando que ayuda a democratizar el acceso a la vivienda y eliminar barreras económicas para los inquilinos. Algunos defensores señalaron que los honorarios de corredores a menudo eran desproporcionados en comparación con los servicios que ofrecían, como simplemente mostrar un apartamento o entregar llaves.
Sin embargo, la industria inmobiliaria no comparte esta visión optimista. Corredores y propietarios expresaron sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la ley. Según la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, este cambio podría desincentivar a los propietarios de ofrecer apartamentos en alquiler, reducir la oferta y, en última instancia, elevar los precios del mercado.
Desafíos para los corredores inmobiliarios
Para los corredores inmobiliarios, esta legislación supone un golpe directo a sus ingresos. Actualmente, en Nueva York hay más de 25000 agentes registrados, muchos de los cuales dependen de estas comisiones para su sustento, según New York Hispano. Representantes del sector advierten que la nueva normativa podría complicar su trabajo y poner en riesgo su estabilidad laboral.
Además, algunos argumentan que la ley no aborda de manera integral los problemas de asequibilidad y que los propietarios podrían encontrar formas de compensar los costos adicionales, trasladándolos a los inquilinos a través de aumentos en el alquiler mensual.
Precedentes y comparaciones con otras ciudades
A nivel nacional, la estructura de costos de alquiler en Nueva York es una anomalía. En ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston, los propietarios son responsables de pagar las comisiones de los agentes inmobiliarios, independientemente de quién los haya contratado.
El concejal Chi Ossé, impulsor de la Ley FARE, destacó este hecho como uno de los principales argumentos para aprobar la legislación. Según Ossé, Nueva York debía alinearse con prácticas más equitativas y garantizar que los inquilinos no fueran responsables de costos por servicios que no solicitan directamente.
Próximos pasos y posibles ajustes
Aunque la Ley FARE fue aprobada por el Concejo Municipal, aún enfrenta algunos obstáculos antes de su implementación. Uno de los principales retos será lograr que la ley no sea vetada por el alcalde Eric Adams, quien expresó su intención de analizar la medida detenidamente. Adams tiene 30 días para frenar la iniciativa, que entraría en vigor 180 días después de expirado ese plazo.
En paralelo, se deberá monitorear cómo los propietarios y agentes inmobiliarios responden a este cambio y garantizar que la normativa no genere consecuencias adversas no deseadas, como un aumento generalizado en los precios de alquiler o una reducción en la oferta de viviendas.
La Ley FARE marca un cambio en el mercado inmobiliario de Nueva York. Para los inquilinos, representa un avance en términos de justicia económica y accesibilidad. Para la industria inmobiliaria, plantea nuevos desafíos y la necesidad de adaptarse a un modelo diferente de negocio.
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