Guerrilleros, narcotráfico y presencia rusa: América Latina sufre una guerra silenciosa en la frontera entre Venezuela y Colombia

BOGOTÁ.– América Latina sufre una guerra silenciosa, de la que apenas se habla. Un conflicto de baja intensidad que enfrenta a un ejército regular aliado a guerrilleros frente a otros guerrilleros, con los civiles como principales víctimas y con militares rusos como observadores privilegiados. ¿Por qué luchan, provocando semejante derramamiento de sangre y miles de desplazados? Por la disputa por un territorio que sirve como principal corredor del narcotráfico del continente.

El último informe de Human Rights Watch (HRW) profundiza en este conflicto, que se desarrolla desde hace un año en las zonas colindantes a la frontera binacional, entre el estado venezolano de Apure y el departamento colombiano de Arauca.

Antiguos aliados como eran la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupados estos en el Comando Conjunto de Oriente, luchan ahora a tiro limpio, escribiendo un nuevo capítulo en su interminable libro del horror. “Han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños, y desplazamiento forzado”, corrobora el informe de HRW.

En paralelo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela realizó el mayor despliegue militar conocido en la frontera, una operación que bautizaron con el nombre Tormenta de Chávez.

HRW asegura que miembros de las FANB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han realizado operaciones conjuntas con el ELN y “han sido cómplices de sus abusos”. Policías y militares venezolanos están implicados en crímenes de lesa humanidad que son investigados por la Corte Penal Internacional.

En el seno de las fuerzas revolucionarias destaca la presencia de oficiales rusos, que incluso han participado en enfrentamientos, ya sea a través de sus fuerzas especiales o de sus famosos pilotos de drones.

De cara a su opinión pública, el despliegue de las fuerzas armadas venezolanas ha permitido el desmantelamiento de campamentos de irregulares y la destrucción de laboratorios de drogas pertenecientes a los grupos que denomina Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia), el eufemismo que usa para no descubrir a sus socios guerrilleros. “Todas estas operaciones parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente, no a otros grupos”, precisa HRW. El ELN, por supuesto, cuenta con el escudo protector de la revolución.

Del escenario de batalla han desaparecido de momento las fuerzas de la Segunda Marquetalia de las FARC, liderados hoy por quien fuera su “canciller”, Iván Márquez, asiduo del Palacio de Miraflores desde los tiempos de Hugo Chávez. Sus principales secuaces, Jesús Santrich y El Paisa, han perdido la vida en enfrentamientos contra los hombres de Gentil Duarte e Iván Mordisco, líderes del Frente 10.

Una batalla que no cesa en la frontera sur, que no es la única zona con presencia del ELN en Venezuela. Sus hombres también forman parte de las fuerzas represivas del chavismo en Zulia y Norte de Santander, así como en el Arco Minero y Amazonas. Desde el Parlamento democrático se ha acusado a los “elenos” de ejercer como vigilantes en las minas de oro de los jerarcas del chavismo.

Propia ley

Tanto en las fronterizas Apure como Arauca, los guerrilleros aliados de Nicolás Maduro imponen su propia ley para controlar la vida cotidiana de la gente. “Utilizan la violencia, imponen sus reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares. También establecen sus propias sanciones para delitos como robos, asesinatos y violaciones”, detalla la investigación de HRW.

Entre los testimonios recogidos por HRW destaca el de Darío Salcedo, vecino de El Ripial venezolano, quien presenció cómo dos “elenos” y un soldado de la FANB encontraron al “informante” Fernando Murillo, a quien acusaban de dar información al Comando Conjunto de Oriente. Uno de los guerrilleros le disparó cuando ya estaba atado de pies y manos y en el suelo.

A la familia Benítez, bajo la misma acusación, le fue aún peor: los guerrilleros asesinaron al padre y a dos de sus hijos.

El mismo modus operandi usaron los disidentes de las FARC para acabar con la vida de presuntos colaboradores del ELN. Miembros del Comando Conjunto de Oriente fueron incluso más allá en enero al perpetrar un atentado con coche bomba en un céntrico edificio de Saravena (Arauca), que sirve como sede a la ONG y que en ese momento resguardaba a medio centenar de líderes comunitarios. El Frente 28 asumió la autoría del ataque contra lo que definió como “centro de mando urbano del ELN”.

Pese a lo encarnizado de sus enfrentamientos, ambas guerrillas han mantenido en paralelo su acoso al Ejército y a la policía colombiana. Los disidentes de las FARC fueron los autores del atentado contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, así como de las bombas que sacudieron Cúcuta, la capital fronteriza.

“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, denunció Tamara Taraciuk, directora para las Américas de HRW.

La apuesta de Bogotá (el aumento de la presencia militar) no ha conseguido proteger a los ciudadanos, concluyó HRW, y los esfuerzos para asistir a las personas desplazadas en Arauca y la colindante Vichada, con acceso limitado a alimentos, agua y salud, “han sido insuficientes”.

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