Forzado, Joe Biden se endurece en la estrategia para frenar la migración en la frontera
Este viernes, el gobierno de EE.UU. levantará una medida de emergencia conocida como “Título 42″ que permitió acelerar las expulsiones, y volverá al sistema previo, pero con nuevas restricciones; críticas de organizaciones de DD.HH.
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CORRESPONSAL EN EE.UU.Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- Para decenas de miles de inmigrantes, la vida cambiará este jueves, a las 23.59 hora del este de Estados Unidos. A esa hora, el gobierno de Joe Biden pondrá en marcha una nueva política migratoria, más dura, al levantar la política implementada por Donald Trump en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, conocida como “Título 42″, que marcó el pulso de la frontera durante los últimos tres años.
Lo que se espera es más detenciones, más deportaciones, y un recrudecimiento del drama humanitario en el límite entre Estados Unidos y México, el más transitado del planeta.
El giro dejó a Biden, quien prometió poner en marcha una política migratoria “humana” durante la campaña presidencial, sepultado bajo un coro de críticas y expuesto a una potencial crisis que tiene el poder de hundir su presidencia.
La Casa Blanca se prepara desde hace meses para el cambio de reglas. Sin una reforma migratoria integral –que Biden también prometió, pero el Congreso le negó–, Estados Unidos volverá al esquema que tenía antes de la pandemia, pero con varias modificaciones que, en la práctica, llevarán a un endurecimiento de los requisitos para que los migrantes que huyen de la pobreza, la violencia y los desastres naturales en la región puedan instalarse en el país.
“El presidente ha estado lidiando con un sistema que ha estado roto por décadas”, justificó este miércoles la vocera presidencial, Karine-Jean Pierre. “Desde el primer día, presentó un plan integral de inmigración, una legislación. Y está usando las herramientas que tiene para enfrentar el desafío que estamos viendo en la frontera”, cerró.
El nuevo sistema diseñado por el gobierno de Biden para lidiar con el histórico flujo migratorio de América Latina hacia Estados Unidos es producto de un dilema político. La Casa Blanca buscó un equilibrio entre la promesa de una política más “humana” y la necesidad política de evitar una crisis en la frontera que irrite a los votantes. El resultado, por ahora, es una política migratoria más cercana a la presidencia de Trump que a la plataforma electoral de Biden, con críticas por izquierda y derecha.
El cambio más polémico es una nueva política, bautizada “prohibición al asilo”, que prohíbe a los migrantes solicitar asilo cuando no hayan utilizado “vías legales” para entrar al país. La regla, anunciada por el Departamento de Seguridad Interior, supone que “aquellos que no utilizan vías legales para ingresar a los Estados Unidos no son elegibles para el asilo y permite que los Estados Unidos expulse a las personas que no establezcan un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión”.
“La nueva política que anunció el gobierno de Estados Unidos contradice sus obligaciones internacionales en materia de refugio y probablemente causará más muertes en la frontera y permitirá que se fortalezcan aún más las organizaciones de crimen organizado”, dijo a LA NACION Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Se trata de un artilugio jurídico para perpetuar las políticas abusivas en materia migratoria de Trump”, agregó.
“La decisión de la administración Biden de reemplazar una política ilegal de Trump por otra diferente es una abdicación abismal del liderazgo y un error legal, moral y político”, aguijoneó Eleanor Acer, directora de Protección de Refugiados de Human Rights First. Y Murad Awawdeh, director Ejecutivo de la Coalición por la Inmigración de Nueva York, dijo que la medida era “un recordatorio escalofriante” de la influencia de Trump.
Expulsión inmediata
“Título 42″ fue una medida de emergencia de salud adoptada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés) para frenar la expansión de la pandemia. Esa medida permitió la expulsión inmediata de migrantes sin papeles, y desde marzo de 2020 hasta marzo de este año resultó en más de 2,6 millones de deportaciones a México o a otros países sin la intervención de un juez.
A esa política se sumó la cooperación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar o retener en México a los migrantes que viajaron desde Venezuela, Haití, o los países del llamado “Triángulo Norte”, Guatemala, Honduras y El Salvador.
La administración Biden lleva meses preparándose para el fin del “Título 42″ y el eventual estallido de una nueva crisis migratoria en la frontera, con nuevos picos de detenciones, que profundice el drama humanitario que late en el límite con México desde hace décadas. Los centros de procesamiento están ya al límite. Este martes, Biden y López Obrador hablaron por teléfono para discutir el manejo conjunto de la “migración sin precedentes” y la urgencia para “reducir de manera urgente el hacinamiento” en el norte de México.
La Casa Blanca ya envió un contingente de 550 soldados a la frontera, que se suman a los 2500 miembros de la Guardia Nacional desplegados en el límite. Estos soldados, a los que sumarán pronto otros 1000, tienen como misión central realizar tareas de apoyo logísticas –vigilancia y “detección de actividades”– y administrativas para asistir a los agentes fronterizos de CBP y que puedan “salir al campo para asegurar y administrar humanamente la frontera”, indicó el Departamento de Estado.
El gobierno de Biden también amplió los canales legales paralelos –la expansión más grande en décadas, sostiene la Casa Blanca– para procesar pedidos de asilo lejos de la frontera, y evitar así las olas de migrantes al país. De hecho, la nueva prohibión para los refugiados fue presentada como una medida para alentar el uso de esos canales.
Ese esfuerzo se complementó con la creación de una aplicación, CBP One, que sirve de “portal” para los migrantes, y la instalación de centros de procesamiento regionales, a la vez que reforzó la cooperación con aliados, como México, Canadá y España, que además se comprometió a incrementar el número de inmigrantes latinoamericanos en la península durante los próximos tres años. El Departamento de Estado planea abrir eventualmente alrededor de 100 centros regionales en el hemisferio.
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