Ron DeSantis pone fin a los okupas en Florida con esta ley: así actuarán las autoridades para expulsarlos
Los propietarios han notado un aumento en la incidencia de ocupantes ilegales que se apoderan de sus casas; qué dice la nueva reglamentación
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Este lunes 1° de julio entró el vigor una ley que pone fin a los okupas en Florida. En marzo de este año, el gobernador Ron DeSantis aprobó la legislación HB621: derechos de propiedad, contra la ocupación ilegal de viviendas. El objetivo de la norma es que los dueños puedan recuperar de forma más fácil y sencilla el inmueble, y evitar demoras costosas, litigios y alquileres perdidos.
“Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida”, dijo DeSantis cuando firmó la nueva ley: “Mientras que otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros estamos protegiendo a los propietarios y castigando a los delincuentes que buscan aprovecharse del sistema”.
¿Qué son los okupas?
De acuerdo con la Central Florida Property Management, los okupas son personas que se instalan en terrenos o edificios sin el derecho legal ni el permiso del propietario. “Esto suele ocurrir en propiedades vacías o abandonadas donde no existe una supervisión o gestión activa por parte de los legítimos propietarios”, señalan.
La organización añade que los ocupantes ilegales pueden vivir en estos espacios de forma temporal o permanente y, en algunos casos, intentar obtener la propiedad legal. “La presencia de okupas puede dar lugar a disputas jurídicas complejas sobre los derechos de propiedad y la titularidad, por lo que es fundamental que los propietarios controlen y gestionen activamente sus propiedades”.
Qué dice la ley de Florida y cómo impacta a los okupas
La ley HB621 establece la autorización a los propietarios o agentes para solicitar asistencia al sheriff para remover inmediatamente a los ocupantes no autorizados de la vivienda residencial bajo ciertas condiciones y requiere de una queja específica. También permite el arresto de los llamados okupas y prohíbe ocupar o invadir ilegalmente una vivienda residencial intencionalmente y causar al menos una cantidad específica de daño.
Además, la legislación establece sanciones penales para cualquier persona que, a sabiendas y deliberadamente, presente un documento falso que pretenda ser un contrato de arrendamiento válido, escritura u otro instrumento que transmita derechos de propiedad inmobiliaria; prohíbe listar o publicitar para la venta, alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles residenciales.
Según la HB621, el propietario de un inmueble puede solicitar a las autoridades que expulsen inmediatamente a un ocupante ilegal si se cumplen las siguientes condiciones:
- El individuo ha ingresado ilegalmente a la propiedad y permanece allí.
- El propietario le ha ordenado al individuo que abandone la propiedad, pero este no lo ha hecho.
- El individuo no es un inquilino actual o anterior en una disputa legal.
De acuerdo con lo expuesto en el texto de la legislación, los propietarios han notado un aumento en la incidencia de ocupantes ilegales que se apoderan de sus casas y se quedan después de ser descubiertos debido a recursos legales inadecuados. La ley crea un nuevo procedimiento opcional para que el dueño solicite a un oficial del sheriff que retire a una persona no autorizada.
El propietario debe comunicarse con el sheriff y presentar una queja bajo pena de perjurio y enumerar los hechos relevantes que demuestran la elegibilidad para recibir ayuda. El formulario de queja se estableció también en el proyecto. Si la acusación demuestra que el propietario es elegible y la autoridad puede verificar la posesión del inmueble, el okupa será desalojado.
La ley explica que el propietario debe pagarle al sheriff la tarifa civil de desalojo más una extra por hora si un agente debe estar presente y mantener la paz mientras se expulsa a la persona no autorizada. Asimismo, establece que una persona expulsada indebidamente de conformidad con este procedimiento tiene derecho a presentar una demanda contra el propietario por el triple del alquiler justo de mercado, daños y perjuicios, costos y honorarios de abogados.
LA NACION
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