La orden ejecutiva de Florida que muchos olvidaron que está vigente y puede hacer que te desalojen

Alquilar una vivienda en el estado de Florida obliga a atravesar por múltiples variables, pero aunque muchos lo olviden, la posibilidad del desalojo está vigente. Desde la pandemia, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva, que cambió el marco regulatorio estatal y permite al propietario expulsar a un inquilino, en la modalidad mes a mes, con un aviso de no menos de 30 días de antelación.

La medida de DeSantis, tomada en medio de la pandemia por el Covid-19, redujo el tiempo mínimo que debe proveer el propietario a su inquilino para desalojar el inmueble. De los 60 días de plazo mínimo que existían para alquileres de modalidad mes a mes hasta ese momento, se pasó a un aviso de 30 días. “Cuando un propietario quiere poner fin a un arrendamiento de mes a mes, todo lo que tiene que hacer es notificar al inquilino con al menos 30 días de antelación”, sostuvo el abogado especialista Fausto Rosales, en diálogo con CBS News.

Cabe aclarar que la normativa aplica únicamente para contratos de arrendamiento sin duración específica. En estos casos, la ley permite a cualquiera de las partes finalizar estos contratos mediante aviso escrito, y en los plazos que establece el Estatuto de Florida, que en su título XI, capítulo 83.57, define estas condiciones.

De allí se indica que, en los casos donde el arrendamiento se renueva cada año, el desalojo debe ser mediante aviso con no menos de 60 días de anticipación al final de cualquier período anual; cuando se firma contrato cada tres meses o mes a mes, el aviso no debe tener menos de 30 días al final de su respectivo período. Por último, cuando es semana a semana, debe ocurrir con al menos siete días de anticipación.

Esta decisión afecta en Florida a una gran cantidad de inquilinos, e incluso se dieron a conocer casos en donde decenas de familias debieron abandonar sus hogares en poco tiempo, como unas 42 familias que vivían en los departamentos Riviera ubicados en el 337 de la calle 20 en Miami Beach, que tuvieron que desocupar los inmuebles en menos de dos semanas, tras recibir una dura carta por parte del propietario.

Otra ley que entró en vigor en julio facilita el desalojo por parte de los propietarios

Este año el gobernador DeSantis promulgó otra ley profundamente vinculada a estos cambios. La HB621, de “eliminación de ocupantes ilegales” busca combatir a los okupas de Florida. La norma, que entró en vigor el pasado 1° de julio, crea un nuevo procedimiento opcional para que el propietario solicite a un oficial del sheriff la “expulsión inmediata” de una persona no autorizada de un inmueble residencial.

Pero esto no aplica únicamente para okupas –nombre con el que se denomina a las personas que ingresan y permanecen de manera ilegal a un domicilio ajeno–, sino que también para aquellos que ignoran la orden del dueño de abandonar la propiedad o quienes no son un arrendatario actual o anterior en una disputa legal. La ley permite al propietario presentar una queja al sheriff, y tras pagarle una tarifa de desalojo, las autoridades pueden sacar a las personas del inmueble sin pasar por los largos procesos judiciales que existían hasta ahora.

Por lo tanto, de las dos leyes se desprende que, si un propietario avisa a sus inquilinos de alquiler mensual que en 30 días deben abandonar la vivienda, estas personas deberán hacerlo antes de ese plazo o se enfrentarán a un desalojo inmediato sin atravesar por ningún procedimiento judicial. Además, la HB 621 tipifica estas infracciones como hasta delitos graves de segundo grado, con sus respectivas condenas.

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