La ley de Florida que pocos conocen y que aumenta las penas para ciertos inmigrantes
El gobernador Ron DeSantis promulgó esta normativa, que entró en vigor el pasado 1° de octubre; se prevén sanciones de prisión que van desde 15 años hasta la cadena perpetua
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LA NACION
La Ley SB 1036, firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, impone penas más severas para los inmigrantes que reinciden en la comisión de delitos tras haber sido deportados previamente. Esta legislación, que entró en vigor el pasado 1° de octubre, pero no todos conocen, tiene un impacto significativo al reconfigurar las condenas para aquellos extranjeros que regresen a Estados Unidos y vuelvan a delinquir.
Qué establece la ley SB 1036 en Florida
La ley introduce un sistema de reclasificación de delitos. En este sentido, establece tres niveles de incremento de penas:
- Delito grave de tercer grado (que implica hasta cinco años de prisión) será reclasificado a un delito grave de segundo grado, con penas de hasta 15 años.
- Delito grave de segundo grado se elevará a un delito grave de primer grado, con condenas de hasta 30 años.
- Delito grave de primer grado será reclasificado como delito grave de por vida, lo que podría implicar cadena perpetua.
Este endurecimiento busca actuar como un disuasivo para los migrantes deportados que intentan reingresar a Florida y reincidir en actividades delictivas.
La normativa se enfoca también en organizaciones delictivas transnacionales
La ley, que comenzó a regir al mismo tiempo que otra batería de normativas, también aborda los delitos cometidos en beneficio de organizaciones delictivas transnacionales. Estas bandas incluyen aquellas que facilitan el tráfico internacional de drogas, armas o personas.
Los delitos cometidos para promover o favorecer los intereses de dichas organizaciones también serán objeto de reclasificación de penas, según indica el texto oficial de la SB 1036. Por ejemplo, un delito menor de segundo grado podría elevarse a un delito menor de primer grado, mientras que un delito grave de segundo grado podría reclasificarse como delito grave de primer grado.
Aunque el gobernador DeSantis la presentó como parte de su política de “cero tolerancia” hacia los actos cometidos por migrantes en situación irregular, ha habido poca cobertura mediática sobre los detalles y el alcance de la SB 1036. Esta ley también refleja la posición más amplia de Florida hacia la inmigración ilegal, alineándose con políticas más duras y restrictivas implementadas en los últimos años.
“En Florida, no toleramos la inmigración ilegal y mucho menos la anarquía cometida por extranjeros ilegales que, en primer lugar, no deberían estar aquí. Los proyectos de ley que firmé hoy mejoran aún más las capacidades de Florida para hacer cumplir la ley”, enfatizó el mandatario estatal.
Comparación con otras jurisdicciones
La SB 1036 coloca a Florida entre los estados más estrictos en la persecución de delitos cometidos por migrantes ilegales. Comparado con otros, donde las sanciones por delitos cometidos por inmigrantes suelen ser más laxas, esta ley establece un marco legal más severo. En jurisdicciones como California y Nueva York, las penas para delitos similares no alcanzan el mismo nivel de rigidez, lo que marca una clara diferencia en cómo aborda el problema la administración de DeSantis.
Repercusiones de la polémica ley de Florida
La implementación de la ley también ha generado críticas por parte de activistas que sostienen que las medidas son excesivamente punitivas y podrían contribuir a un clima de mayor discriminación hacia los migrantes, sin ofrecer soluciones al problema de fondo de la inmigración ilegal.
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