Estas son las dos leyes que Ron DeSantis debe aprobar para evitar a los okupas en la temporada de huracanes en Florida
Los textos prevén que los propietarios no sean obligados a dar información sensible sobre sus bienes al momento de solicitar ayuda económica para reparar su hogar tras el paso de un ciclón
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, apresura la promulgación de dos leyes, que este lunes llegaron su escritorio, y buscan evitar las ocupaciones ilegales de propiedades en el estado durante la temporada de huracanes, que comenzará el 1° de junio y se espera que se prolongue hasta el 30 de noviembre, con fuertes picos en agosto y septiembre.
Se trata de los proyectos de ley SB 988, que establece modificaciones en el programa “Mi Hogar Seguro en Florida” (MSFH, por sus siglas en inglés) y HB 1029, que crea el proyecto de condominios “Mi Florida Segura”. Estos son los detalles de cada una de las normativas.
La ley SB 988 y sus modificaciones al programa “Mi Hogar Seguro en Florida”
El proyecto de ley SB 988 introduce algunos cambios significativos en el programa MSFH, creado en 2006 para facilitar inspecciones de mitigación de viviendas unifamiliares y subvenciones para hogares vulnerables contra los huracanes y en el cual los solicitantes actualmente deben proporcionar cierta información en sus solicitudes o informes de inspección de viviendas.
Las modificaciones de esta nueva iniciativa tienen que ver precisamente con eximir a estas personas de proporcionar esta información delicada, que según la administración estatal podría significar un mayor riesgo de invasión de estas viviendas.
“Bajo la ley actual, las solicitudes del programa Mi Hogar Seguro en Florida y los informes de inspección de viviendas son registros públicos y pueden ser obtenidos por cualquier persona para cualquier propósito. Esta información es única para cada individuo y puede usarse para robo de identidad, estafas al consumidor, solicitudes no deseadas u otros contactos invasivos”, se desprende del documento.
Según indica la ley, para salvaguardar a los solicitantes y sus propiedades, se prevé que los datos que se indican a continuación dejen de ser públicos:
- Los componentes de su dirección postal, salvo la ciudad, el código postal y el nombre del solicitante.
- Número de teléfono o dirección de correo electrónico.
- Descripciones detalladas y fotografías del interior y exterior de la vivienda.
“La disponibilidad pública de esta información expone a los participantes del Programa MSFH a un mayor riesgo de invasiones de viviendas y reduce la privacidad en sus hogares”, establece el proyecto de ley que ya se encuentra en el escritorio del gobernador DeSantis y que entraría en vigencia el mismo día de su promulgación.
Además, la normativa aclara que estas excepciones de presentación de información son de carácter retroactivo, por lo que las solicitudes e informes de inspección de viviendas presentados antes o el mismo día de la fecha de entrada en vigor de la ley quedarán cubiertos por la nueva regulación.
La ley HB 1029: creación del programa de condominios “Mi Florida Segura”
Otro de los proyectos de ley que llegaron a la oficina de DeSantis es el HB 1029, que establece la creación del programa piloto “Mi Condominio Seguro en Florida” (My Safe Florida Condominium Pilot Program) que también tiene como fin evitar la ocupación ilegal, pero de manera indirecta. El nuevo plan busca brindar una asistencia similar al del MSFH, pero para asociaciones de condominios en vez de hogares unifamiliares.
Según establece el texto, el Departamento de Servicios Financieros del plan “Mi Condominio Seguro en Florida” proporcionará “responsabilidad fiscal, administración de contratos y liderazgo estratégico para el programa piloto”. No obstante, también se establece: “Esta sección no crea un derecho para las asociaciones o los propietarios de unidades ni obliga al estado de ninguna manera a financiar la inspección o el reacondicionamiento de condominios en el estado”.
En cambio, el proyecto define como objetivo del programa la proporción de “inspectores con licencia para realizar revisiones y subvenciones a las asociaciones elegibles, según lo permitan los fondos”. En caso de que la ley sea promulgada por DeSantis, entraría en vigencia el 1° de julio.
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