El veto de Ron DeSantis que beneficia el alquiler de vacaciones en Florida

El gobernador Ron DeSantis vetó un proyecto de ley que introducía una gran cantidad de modificaciones en el mercado de alquileres vacacionales temporales, donde empresas y plataformas como Airbnb tienen una porción fundamental. La norma generaba una enorme polémica y un amplio repudio por parte de las ciudades y condados floridenses, ya que anteponía la regulación estatal por sobre las normativas y ordenanzas locales. En tanto que también hacía que se tuvieran que cumplir múltiples requisitos.

Se trata del proyecto de ley 280 del Senado, que fue aprobado en la Legislatura de Florida en marzo, pero que a finales de junio recibió el veto del gobernador. Al no haberse convertido en ley, no habrá ningún cambio significativo en la práctica para los ciudadanos floridenses que vacaciones. De esta manera, la decisión de DeSantis revalida la postura de las ciudades y condados que buscaban evitar que la ley entrara en vigor.

Qué decía el proyecto de ley vetado por Ron DeSantis

El proyecto de ley incorporaba distintas modificaciones al marco regulatorio de este mercado en Florida, por ejemplo referidas a los límites de ocupación. Entre sus múltiples disposiciones, se exigía a los gobiernos locales realizar una estimación del impacto comercial antes de implementar cualquier programa de registro de alquileres vacacionales y establecía que los alquileres vacacionales se registraran aclarando los siguientes requisitos:

• Presentar información de identificación del propietario y operador del alojamiento vacacional
• Proporcionar prueba de una licencia de alquiler vacacional emitida por la división
• Obtener todos los registros, recibos o certificados de impuestos requeridos emitidos por el Departamento de Ingresos, un condado o un gobierno municipal
• Actualizar la información requerida de forma continua
• Pagar en su totalidad todos los gravámenes registrados del código municipal o del condado
• Designar y mantener una persona responsable para responder a quejas y emergencias por teléfono al número de teléfono proporcionado las 24 horas del día, los 7 días de la semana
• Indicar la ocupación máxima para la propiedad en alquiler vacacional que no exceda dos personas por dormitorio, más dos personas adicionales en un área común; o más de dos personas por dormitorio si hay al menos 50 pies cuadrados por persona, más dos personas adicionales en un área común, lo que sea mayor

Luego de mencionar las obligaciones de los gobiernos locales a la hora de multar y suspender a algún locatario de alquiler vacacional, el proyecto determinaba que los gobiernos locales quedaban inhabilitados para suspender un alquiler vacacional por una infracción que no esté directamente relacionada con este y los obligaba a deber darle al operador la oportunidad de corregir las infracciones de registro que no estén relacionadas con la tasa máxima de ocupación.

Sin embargo, lo más controversial del proyecto, que generó el amplio repudio del sector, era que “protegía” únicamente las leyes, ordenanzas y reglamentos locales adoptados hasta el 1° de enero de 2016, pero no todos aquellos que sucedieron después de esa fecha.

¿Qué dijo DeSantis?

En su carta de veto, el gobernador señaló que la normativa “impide que los gobiernos locales hagan cumplir ordenanzas existentes o aprueben cualquier nueva medida local que se aplicaría exclusivamente a los alquileres vacacionales” y criticó al proyecto por intentar solucionar el tema como si fuese “un problema único”, cuando el sector atraviesa situaciones disímiles en las distintas regiones de Florida.

“Según el proyecto de ley, cualquier medida de este tipo debe aplicarse a todas las propiedades residenciales. El efecto de esta disposición impedirá prácticamente toda regulación local de alquileres vacacionales, aunque los mercados de alquileres vacacionales están lejos de ser uniformes en las distintas regiones del estado”, justificó el mandatario, que de cara al futuro, alentó a los legisladores y las partes interesadas en trabajar en una nueva legislación que tenga en cuenta la heterogeneidad del sector.

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