“Condominio 3.0″: así cambia las reglas la nueva ley de Ron DeSantis que es aclamada como “revolucionaria”
La iniciativa, que fue firmada el pasado viernes por el gobernador de Florida, generará una importante transformación en el rubro de las propiedades; cuándo entra en vigor la norma
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LA NACION
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que promete transformar la gestión de condominios en el estado, al proteger a los propietarios de unidades contra los abusos de las juntas directivas. La Ley de la Cámara 1021, conocida como “Condominio 3.0″, fue calificada como una medida “revolucionaria” en la lucha contra la corrupción y la mala gestión en asociaciones de condominios.
La norma, que entra en vigor el 1° de julio, fue promovida por Vicki López, miembro de la Cámara de Representantes estatal, y busca proporcionar mayor transparencia y control.
Uno de los motivos que llevaron a impulsar este proyecto fue el colapso de una torre de condominios en Surfside, Florida, en 2021, que resultó en la muerte de 98 personas. Las investigaciones de ese suceso revelaron no solo varias fallas estructurales, sino también una gestión deficiente por parte de la asociación de condominios. Este fatal accidente subrayó la necesidad de una regulación más estricta y una supervisión más efectiva para evitar tragedias similares en el futuro.
La nueva ley de condominios en Florida: los cambios y las imposiciones
Uno de los pilares de esta normativa es el requisito de educación para los administradores de condominios. Ahora, los miembros de las juntas directivas deberán completar cuatro horas de formación para gestionar adecuadamente una asociación de condominios. Este cambio pretende asegurar que quienes toman decisiones críticas para los residentes estén mejor preparados y comprendan sus responsabilidades.
Además, la resolución impone requisitos de transparencia significativos: los condominios con 25 unidades o más deberán mantener sitios web actualizados que incluyan documentos clave como estatutos, presupuestos y listas de contratistas. Esto busca facilitar el acceso a la información para los propietarios, permitiéndoles estar mejor informados sobre la gestión de sus propiedades.
“Algunos de los problemas más grandes que enfrentan los propietarios de condominios están relacionados con el acceso a los registros. Eso, junto con el fraude electoral, muchos propietarios de condominios han denunciado que la junta de condominios ha cometido fraude electoral durante las elecciones”, aseguró López, representante del Partido Republicano en Miami, en diálogo con Newsweek.
El fortalecimiento de la supervisión estatal y las vías para denunciar mala gestión o corrupción
Uno de los cambios más importantes introducidos por “Condominio 3.0″ es el fortalecimiento del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR, por sus siglas en inglés).
La ley elimina una restricción previa que limitaba la capacidad del DBPR para hacer cumplir las leyes de condominios y asociaciones de condominios. Ahora, los propietarios de unidades tendrán una vía clara para presentar quejas sobre mala gestión o corrupción, con el respaldo de la autoridad estatal para intervenir y resolver estos problemas.
Para asegurar la efectividad de estas nuevas medidas, la ley asigna 7,4 millones de dólares al DBPR. Estos fondos se utilizarán para mejorar la supervisión y regulación de los condominios en Florida, lo que garantiza que las nuevas disposiciones se apliquen de manera adecuada y oportuna.
Las primeras repercusiones a la ley de condominios en Florida
A pesar de los beneficios esperados, la “Condominio 3.0″ no ha sido recibida con entusiasmo por todos. Algunos propietarios de unidades, especialmente en el sur de Florida, han expresado preocupaciones sobre disposiciones específicas que otorgan a los desarrolladores más control sobre las áreas comunes en edificios de uso mixto. Estos propietarios temen que la ley pueda reducir su influencia sobre las decisiones relacionadas con el mantenimiento y las reparaciones de estos sectores.
Por su parte, la legisladora López ha defendido este punto, argumentando que proporciona una claridad necesaria sobre las responsabilidades de cada parte. “Ahora, todos están obligados a reservar para su parte del edificio”, explicó. Sin embargo, reconoció que algunos propietarios no realizaron la debida diligencia antes de adquirir sus unidades, lo que ha generado malentendidos sobre sus derechos y obligaciones.
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