EE.UU. acusa de narcotráfico al gobernador de Sinaloa y Sheinbaum abre una investigación: “No permitiremos la intromisión”

• La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
• El político, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado mexicano desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del cártel del mismo nombre.
• Según un comunicado, EE.UU. dijo que el político y otros “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el cartel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos”.

Claudia Sheinbaum pide pruebas claras en caso Rubén Rocha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó las recientes imputaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el tráfico de drogas y delitos de armas.

La mandataria advirtió que, de no presentarse evidencia contundente ante la Fiscalía General de la República, el accionar de las autoridades estadounidenses será considerado como un movimiento con trasfondo estrictamente político.

Durante su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo reafirmó su postura basada en la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”. En ese sentido, fue enfática al declarar: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

México garantiza que no habrá impunidad pero rechaza la injerencia extranjera

Ante las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, el gobierno mexicano ratificó que la Fiscalía General de la República iniciará una investigación propia para determinar si existen fundamentos legales que justifiquen órdenes de aprehensión bajo la jurisdicción local.

Sheinbaum aseguró que su administración no encubrirá a ningún funcionario que haya cometido un delito, siempre que las pruebas sean “irrefutables conforme a la legislación mexicana”.

La mandataria subrayó: “México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”.

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