El problema que el bloqueo fronterizo de Joe Biden podría traer con el gobierno mexicano
Con la nueva medida distada por el presidente de EE.UU., el paso de solicitantes de asilo estará cerrado hasta que el número diario de cruces ilegales disminuya a 1500
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Luego de que el presidente Joe Biden anunciara acciones que impedirán que los migrantes que crucen la frontera sur de forma ilegal reciban asilo, una de las principales preguntas es cómo podría afectar esa medida al gobierno mexicano. En concreto, representaría un problema para la nación limítrofe con Estados Unidos, que desde hace unos años vive una crisis por el número de extranjeros varados en su territorio, en espera de ser aprobados para su ingreso.
Biden emitió la proclamación bajo las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que suspende la entrada de extranjeros que crucen ilegalmente la frontera sur hacia Estados Unidos. Dicha proclamación va acompañada de una norma final provisional de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que restringe el asilo para aquellos no ciudadanos.
¿Cuál es la postura de México ante el cierre de asilo?
El miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó en su conferencia matutina que su nación ”buscaba un convenio con el gobierno de Estados Unidos” para que los migrantes no fuesen devueltos tras la aplicación de la medida anunciada. “Queremos que lleguen a un acuerdo para que, si ellos (EE.UU.) toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo”, señaló.
“Nosotros no tenemos problemas, los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero por qué triangular, por qué no el acuerdo directo”, agregó. De acuerdo con la agencia de noticias AP, “México ha aceptado acoger hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de mexicanos”.
Este 2024, México dificultó más el acceso de los migrantes a la frontera estadounidense. No obstante, son relativamente pocos los deportados, lo que provoca que muchos se queden atrapados en ciudades que están alejadas de la frontera estadounidense. Esta situación podría potenciarse aún más por la determinación impulsada por Biden, que ya entró en vigor.
En un comunicado de la Secretaría de Relaciones exteriores de México, del pasado martes 4 de junio, día en que el mandatario estadounidense anunció las acciones fronterizas, el gobierno mexicano dio a conocer que los presidentes de ambos países tuvieron una llamada “fraterna y amigable”.
“En materia migratoria, acordaron continuar con la estrecha colaboración entre ambos países a fin de gestionar los flujos migratorios en la región e incrementar las acciones de atención a las causas estructurales de la migración en América Latina y el Caribe”, se detalló.
Especialistas analizan el acuerdo entre EE.UU. y México: ¿problemas futuros?
Lila Abed, directora del Instituto México del Centro Wilson, analizó en diálogo con CNN la medida fronteriza de Biden: “Las autoridades migratorias están sobrepasadas, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) también está sobrepasada. Los centros donde se hospedan los migrantes son muy precarios. Los migrantes, específicamente los menores no acompañados y las mujeres, al igual que jóvenes, están en riesgo ante el crimen organizado y ante traficantes de personas. Sus Derechos Humanos podrían ser vulnerados”.
Por su parte, Tonatiuh Guillén, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y excomisionado del Instituto Nacional de Migración de México, expresó que se trata de una medida drástica que en la práctica implicaría “el cierre de la frontera” a los miles de refugiados que se encuentran en México a la espera de poder llegar a Estados Unidos.
En un análisis de la Washington Office on Latin America (WOLA), la organización señala que las acciones migratorias de EE.UU. sí dependen en gran medida de la cooperación de México, dado que “es imposible para la administración Biden deportar a un gran número de ciudadanos no mexicanos a sus países de origen” a través de vía aérea. Por lo tanto, dependerían de la voluntad del gobierno mexicano de aceptar en su territorio personas expulsadas de EE.UU.
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