El posible efecto de la ley de inmigración que preocupa a un sector de la economía en Florida
Se prevé que la norma, que entra en vigencia este sábado 1° de julio, podría afectar severamente los rubros de la construcción y las labores agrícolas; cuántos migrantes no ciudadanos viven en el estado
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Aunque la nueva ley de inmigración todavía no entró en vigencia en Florida, el descontento por el contenido del texto aumenta y preocupa a muchos. Si bien la norma regirá a partir de este sábado 1° de julio, en las últimas semanas se hicieron virales en redes sociales cientos de videos donde familias migrantes se despedían del estado y emprendían rumbo a otros lugares del país.
Hasta ahora, las leyes de Florida reconocían de manera discreta el importante papel que la mano de obra indocumentada jugaba en el estado. Desde principios de mayo, cuando Ron DeSantis promulgó la ley, comenzaron a producirse escenas peculiares en los sitios de construcción del estado, donde se registró una baja consistente en la asistencia de trabajadores inmigrantes.
El sector de la construcción, en el que trabajan muchos inmigrantes, podría experimentar severos retrasos tras la puesta en marcha de la nueva ley. Asimismo, con menos mano de obra, habrá menor cantidad de trabajo e ingresos.
Y es que esa área de los servicios es vital para que otras, como por ejemplo, la instalación de aires acondicionados o instalaciones eléctricas, puedan prosperar. Sin viviendas que construir, no se pueden montar equipos ni hacer mejoras dentro de la estructura, actividades que son típicamente llevadas a cabo por inmigrantes.
Según cifras publicadas por la Kaiser Family Foundation, la entrada en vigencia de esta ley podría generar un verdadero impacto en lo que se refiere al acceso a la salud para las familias inmigrantes, más allá de que esté dirigida a desincentivar a aquellas personas indocumentadas que ingresan a Estados Unidos y se establecen en Florida.
En ese sentido, hay cerca de 1,8 millones de inmigrantes no ciudadanos en Florida, un número que incluye tanto personas indocumentadas como aquellas que tienen estatus legal. Esta cifra representa más de 8% de la población del estado.
Los números no son alentadores. De acuerdo con la fundación, casi tres cuartas partes de los inmigrantes que entran en la categoría de adultos jóvenes trabajan en el estado, una proporción similar a aquellos que son ciudadanos.
En ciertas industrias, como por ejemplo, las labores agrícolas, cuatro de cada diez trabajadores, esto es, el 37%, son inmigrantes y casi una cuarta parte, un 23%, trabajan en construcciones. En ese orden, uno de cada diez, esto es, 14%, se dedican al sector de los servicios y el transporte. El impacto de la pérdida de mano de obra inmigrante en estas industrias podría generar un efecto dominó en la economía del estado.
La nueva ley de inmigración se sancionó como respuesta al crecimiento constante en la actividad de inmigración en la frontera sur con México, luego del fin del Título 42, que estuvo vigente desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en 2020.
Bajo esta norma, se requerirá que los hospitales recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes, establece duras sanciones para aquellos que contraten inmigrantes indocumentados y amplía los requisitos de verificación de empleo para las empresas que tengan más de 25 trabajadores. También se invalidan las licencias de conducir emitidas en otros estados para personas sin estatus legal y crea un fondo para transportar o reubicar migrantes a otros estados del país.
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