El país que implementó una polémica política y le niega visados a personas con discapacidad: “No son bienvenidos”

Cuando Luca nació en un hospital de Perth hace dos años, el mundo de sus padres dio un vuelco inesperado. Con la alegría llegó un diagnóstico impactante: Luca tenía fibrosis quística. Entonces Australia, el hogar de Laura Currie y su marido Dante durante ocho años, les dijo que no podían quedarse permanentemente, que Luca podría suponer una carga económica para el país.

“Creo que lloré durante una semana. Lo siento muchísimo por Luca”, dice Laura. “Es un niño indefenso de dos años y medio que no merece ser discriminado de esa manera”.

Con un tercio de su población nacida en el extranjero, Australia se considera desde hace tiempo una “nación de emigrantes”, un hogar multicultural que le promete a los extranjeros un trato justo y un nuevo comienzo. La idea forma parte de su identidad. Pero la realidad suele ser distinta, sobre todo para quienes tienen una discapacidad o una enfermedad grave.

Es uno de los pocos países que rechaza de forma sistemática los visados de inmigrantes por sus necesidades médicas, concretamente si el coste de los cuidados supera los 86.000 dólares australianos (US$57.000) durante un máximo de 10 años. Nueva Zelanda tiene una política similar, pero la de Australia es más estricta.

El gobierno defiende la ley como necesaria para frenar el gasto público y proteger el acceso de los ciudadanos a la sanidad. Dice que estos visados no se rechazan técnicamente. Pero tampoco se conceden.

Algunos pueden solicitar una dispensa, aunque no todos los visados lo permiten. También pueden recurrir la decisión, pero el proceso es largo y costoso. Los activistas consideran que esta medida es discriminatoria y no está en consonancia con las actitudes modernas hacia la discapacidad. Y tras años de lucha, esperan que cambie en las próximas semanas, con una revisión oficial de los requisitos sanitarios en curso.

Laura Currie y Dante Vendittelli se habían trasladado a Australia desde Escocia en busca de empleos que el país necesita desesperadamente. Ella es maestra de guardería y él pintor-decorador. Habían iniciado su solicitud de residencia permanente antes de que naciera Luca. Ahora sienten que la vida que construyeron aquí y los impuestos que pagaron significaron poco.

“Es como, estamos aquí para ustedes [Australia] cuando nos necesitaron, pero cuando se invierten los papeles y los necesitamos, es como, no, lo siento, cuestan demasiado dinero, vuelvan a su país”.

Leyes del siglo pasado

Australia tiene fama cuando se trata de sus estrictas políticas de inmigración. Tuvo su propia versión de “stop the boats”, que enviaba a las personas que llegaban en barco a centros de detención extraterritoriales en Papúa Nueva Guinea y la isla de Nauru, en el Pacífico, y protagonizó polémicos titulares en los últimos años.

Hasta la década de 1970 no se deshizo por completo de la política de “Australia blanca”, iniciada en 1901 con la Ley de Restricción de la Inmigración, que limitaba el número de inmigrantes no blancos.

Las discriminaciones por discapacidad y salud, que también se remontan a 1901, siguen vigentes, afirma Jan Gothard, abogado especializado en inmigración: “Seguimos tratando a las personas con discapacidad del mismo modo que en 1901 y pensamos que no son personas bienvenidas en Australia”.

Gothard forma parte de Welcoming Disability, un grupo que presiona al gobierno para que revise la ley. Sorprendentemente, la Ley de Migración australiana está exenta de su propia Ley de Discriminación por Discapacidad. En pocas palabras, no importa cuánto tiempo lleves viviendo en Australia, si has nacido en el país, si tienes seguro médico privado o incluso si puedes pagar tú mismo la manutención: si se considera que eres una carga económica demasiado pesada, suspenderán el requisito de salud.

El Gobierno dice que 99% de los solicitantes de visado cumplen el requisito de salud. Al menos 1779 de ellos no cumplieron el listón entre 2021 y 2022, según cifras oficiales.

El ministro de Inmigración, Andrew Giles, que declinó ser entrevistado, dijo hace poco que “cualquier niño nacido en Australia y afectado negativamente por las normas sanitarias de migración puede solicitar la intervención ministerial”, y que él mismo había “intervenido positivamente” en casos. Pero las familias dicen que el proceso es agotador en un momento de por sí difícil.

El precio de la estancia

“Cuando un niño está enfermo pasan tantas cosas en tu vida, tanta lucha y estás luchando y suplicando y enviando peticiones, pidiendo a la gente que te ayude”, afirma Mehwish Qasim, que conoce el reto de primera mano. Ella y su marido Qasim lucharon por permanecer en Australia en un caso que atrajo la atención mundial.

Su hijo Shaffan nació en 2014 con una rara enfermedad genética y la médula espinal dañada. Necesita cuidados las 24 horas del día. La pareja, originaria de Pakistán, tenía la intención de regresar con el tiempo, pero el nacimiento de Shaffan lo cambió todo. Ahora, subir a un avión pondría en peligro su vida.

Finalmente, en 2022 les dijeron que podían quedarse. Durante esos ocho años, Qasim, contable de formación, no pudo trabajar en la profesión que había elegido. En su lugar, encontró trabajo en cafeterías, supermercados y aplicaciones de taxi para llegar a fin de mes. “Deberían darse cuenta de que es una situación muy difícil; no hay que poner a la gente en el punto de mira”, afirma Qasim.

Laura y su marido tampoco se rinden: Australia es ahora el hogar de Luca y están ocupando puestos de trabajo que el país necesita. Esperan que eso sea suficiente para ganar su apelación. Si pierden, tendrán 28 días para abandonar el país.

Para Luca, el escollo es un medicamento caro, el Trikafta. Él no lo toma y puede que ni siquiera sea compatible con él. Pero es la base de los cálculos australianos sobre su tratamiento: alrededor de 1,8 millones de dólares australianos, lo que sitúa sus costes médicos por encima del límite permitido: 86.000 dólares australianos en 10 años, también conocido como Umbral de Coste Significativo.

Aunque los activistas han acogido con satisfacción el reciente aumento del umbral (de 51.000 a 86.000 dólares australianos), siguen pensando que no refleja los costes promedios.

Los propios datos del gobierno muestran que gasta al menos 17.610 dólares al año en el ciudadano medio –las cifras más recientes de 2021-2022 evidencian 9365 dólares por cabeza en bienes y servicios de salud y otros 8245 dólares australianos por persona en gastos de bienestar.

En un lapso de 10 años –el periodo máximo evaluado para un visado– esto supondría más de 170.000 dólares australianos. Los activistas se preguntan cómo ha fijado el gobierno el umbral, que es la mitad de esa cantidad.

También quieren que se elimine de los cálculos el coste del apoyo educativo. Esto afecta a las familias cuyos hijos tienen diagnosticadas enfermedades como el síndrome de Down, el TDAH o el autismo.

Es un contratiempo que ha afectado a los planes de Claire Day para que ella y su familia sigan a su hermano, que se trasladó a Australia hace unos años. Su hija menor, Darcy, de casi 10 años, tiene síndrome de Down. Los expertos en inmigración le han dicho que, por eso, tiene pocas posibilidades de que le concedan un visado.

En una tarde nublada en el condado inglés de Kent, habla con nostalgia de la vida que le espera en Australia. El sol no es un atractivo menor, pero también “el estilo de vida: [quiero] un entorno mejor para que crezcan los niños”, dice. Tras 21 años como agente de la Policía Metropolitana de Londres, quiere aprovechar la gran campaña de reclutamiento de las fuerzas policiales australianas.

Sus redes sociales están llenas de videos promocionales protagonizados por expolicías británicos, en los que se les ve viviendo el sueño australiano, patrullando la playa en buggies de arena y relajándose en el surf. Son sólo algunos de los 30.000 británicos que se trasladaron a Australia el año pasado, según las estadísticas del gobierno.

A Claire le hicieron no una, sino dos ofertas de trabajo: de la policía de Queensland y de Australia Meridional. Como parte del trabajo, también tiene derecho a un visado permanente. Ahora no está tan segura. “Esperaba que no fuera un contratiempo, porque Darcy no tiene ningún problema médico. Está en forma y sana, va al colegio y participa en clubes y todo ese tipo de cosas”.

Historias como esta han convencido a los activistas de que, en el fondo, la política es “capacitismo”. “Si decimos a las personas con discapacidad ‘no son bienvenidas aquí’, estamos diciendo directamente a las personas con discapacidad que nacieron en este país ‘tampoco son bienvenidas aquí’”, afirma Gothard. “[Estamos diciendo] ya sabes, dada la oportunidad, preferiríamos no tenerte”.

La trabajadora social Shizleen Aishath dice que se quedó “boquiabierta” al enterarse del requisito sanitario, y lo descubrió por las malas. Esta exempleada de la ONU llegó a Australia para cursar estudios superiores con la intención de regresar a Maldivas. Pero tuvo que someterse a una cesárea de urgencia cuando nació su hijo Kayban en 2016. Durante el parto se utilizaron fórceps. Kayban tenía hemofilia no diagnosticada y sufrió una grave hemorragia cerebral. Ahora necesita cuidados las 24 horas del día y la familia decidió quedarse en Australia.

Pero a Kayban se le denegó el visado temporal por considerarlo una carga demasiado pesada, aunque la familia tiene un seguro médico privado y no utiliza los recursos del Estado. Al resto de la familia se le concedió el visado. “La discapacidad es lo único que te impide emigrar, no hay nada más”, afirma Aishath.

Tras una larga apelación, a Kayban se le permitió quedarse. Su familia se prepara ahora para su próxima lucha: permanecer en Australia de forma indefinida.

Por Katy Watson, para BBC News

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