El gran interrogante que aún sigue abierto un año después del ataque al Capitolio de EE.UU.
El Departamento de Justicia no ha dado indicios del tipo de acusación que podría realizar contra Trump y el círculo de aliados que fogonearon el caos el 6 de enero de 2021
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The New York Times
NUEVA YORK.- Por donde se la mire, la investigación judicial de los ataques del 6 de enero de 2020 contra el Capitolio norteamericano representa para los fiscales una tarea titánica, de una complejidad y un alcance inusitados.
Los fiscales federales de todo el país se pasaron un año analizando datos de informantes, entrevistas con testigos, posteos en las redes sociales y mensajes privados obtenidos por orden judicial. También reunieron casi 14.000 horas de imágenes tomadas por los medios de prensa, cámaras de seguridad y cámaras policiales.
Aunque el Departamento de Justicia ha dicho que se trata de la investigación más grande que haya encarado en toda su historia, los fiscales y fuerzas de la ley tradicionales no están solas. En base a información recabada por una agrupación de detectives de las redes llamada Sedition Hunters (“cazadores de sediciosos”), las autoridades ya han arrestado a más de 700 personas, y nada indica que vayan a detenerse.
El gobierno estima que por lo menos 2500 personas que tomaron parte en los incidentes del 6 de enero podrían ser procesadas por delitos federales, como los más de 1000 incidentes que los fiscales consideran tomas por asalto.
Hasta esta semana, más de 225 personas fueron acusadas de atacar o interferir con la policía en aquel día. Otros 275 enfrentan el cargo que desde el gobierno consideran como el principal crimen político del 6 de enero: obstruir el deber del Congreso de certificar el conteo de votos de la elección presidencial de 2020. Y poco más de 300 personas han sido acusadas de delitos menores, como violación de la propiedad privada o desmanes.
Pero sobre los fiscales pende la gran pregunta: ¿avanzará el Departamento de Justicia en la cadena de responsabilidades, más allá de procesar a los propios insurgentes?
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha dado indicios del tipo de acusación que podría realizar contra el expresidente Donald Trump y el círculo de aliados que fogonearon el caos con sus infundadas denuncias de fraude electoral. Para este miércoles, víspera del primer aniversario de la toma por asalto del Capitolio, estaba previsto un discurso del procurador general, Merrick Garland, pero seguramente no haga mención del camino que tomarán la investigación. Un vocero de la fiscalía dijo que Garland no se referirá a ningún caso ni persona específica.
En el Congreso, la comisión legislativa que investiga los hechos del 6 de enero está entrevistando a los testigos y ha enviado citaciones a varios aliados y colaboradores de alto perfil del entonces presidente Trump. Ante el silencio del procurador Garland y del Departamento de Estado sobre sus intenciones futuras, los congresistas que integran la comisión dicen estar dispuestos a presionar, o incluso a votar una “recomendación penal”, en caso de encontrar evidencias que puedan solventar el procesamiento de Trump y otras figuras de su gobierno.
Confesiones y sentencias
Con infrecuente celeridad para una causa de gran escala como esta, más de 160 personas -poco más del 20% de todos los procesados- se han declarado culpables. De ellos, menos de la mitad ya recibieron sentencia.
Hace un par de semanas, Robert Palmer, un hombre de Florida que lanzó un matafuego contra la policía, fue sentenciado a más de cinco años de prisión, la pena más larga dictada hasta el momento. En noviembre, una de las caras más reconocibles de los incidentes, Jacob Chansley, el llamado QAnon Shaman, que irrumpió en el piso del Senado con un casco con cuernos y una piel de animal sobre los hombros, fue sentenciado a 41 meses de cárcel, una condena que sus abogados ya apelaron.
Más allá de los grandes titulares, también hubo un flujo constante de sanciones para acusados de bajo perfil: albañiles, abuelas, estudiantes universitarios, artistas, líderes religiosos y camioneros de larga distancia, que básicamente se han reconocido culpables de ingresar ilegalmente al Capitolio.
Muchos, si no la mayoría, lograron evitar la cárcel, ya que se les concedió la libertad condicional o el arresto domiciliario. Otros solo recibieron condenas leves, que van desde unas pocas semanas hasta unos meses.
Los juicios que arrancarán en breve
El inicio de los primeros juicios por los hechos de sedición en el Capitolio está programado para febrero. Cuando comience el proceso, es probable que los miembros del jurado logren entrever la forma en que los sediciosos trabajaban coordinadamente, según la hipótesis de los fiscales.
El primer juicio comenzará el 24 de febrero y se centrará en Robert Gieswein, de Colorado, un autoproclamado “miliciano” acusado de agredir con aerosol químico a los agentes de la ley.
En sus presentaciones judiciales, los fiscales adelantaron que le mostrarán al jurado los videos de las agresiones de Gieswein y exhibirán pruebas de que le confesó a un periodista que el 6 de enero había ido al Capitolio “para ejecutar a estos fascistas”. La fiscalía también cree que Gieswein probablemente intente argumentar que actuó contra la policía en defensa propia, una estrategia que adoptaron varios otros acusados.
El inicio del segundo juicio está programado para el 28 de febrero y el acusado es otro “miliciano”, Guy Reffitt, un exempleado de la industria petrolera que según el gobierno es miembro del Texas Three Percenters, un movimiento extremista del derecho a portar armas.
En el juicio, los fiscales le mostrarán al jurado que Reffitt llegó a Washington con un rifle AR-15 y una pistola semiautomática, y que llevaba una funda especial diseñada para ocultar armas.
¿Y la cadena de responsabilidades?
Al menos hasta ahora, los fiscales parecen estar construyendo sus casos de abajo hacia arriba, comenzando por aquellos a quienes pueden acusar de delitos bien definidos por la ley, mientras buscan sus posibles vínculos con otros.
Una posible vía para ascender en la cadena de responsabilidades es el caso de Owen Shroyer, mano derecha del teórico conspiracionista de ultraderecha Alex Jones. El 6 de enero, Shroyer marchó hacia el Capitolio con Jones y Ali Alexander, el organizador de Stop the Steal, y fue arrestado meses después por cargos de desmanes y alteración del orden público.
Ni Jones ni Alexander fueron acusados, pero ambos tenían vínculos con la Casa Blanca de Trump. Jones ayudó a organizar la manifestación en el parque de La Elipse, cerca de la Casa Blanca, antes de los disturbios, y cuando fue citado a declarar ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos, aseguró que desde la Casa Blanca le habían dicho que iba a encabezar una marcha hacia el Capitolio, donde Trump hablaría ante la gente.
Todavía no está claro si la investigación sobre los disturbios terminará cruzándose con otras dos investigaciones sobre abogados que trabajaron para Trump: Sydney Powell y el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Si bien esas investigaciones giran mayormente en torno a irregularidades financieras y violación de leyes federales antilobby, y no están directamente relacionadas con la toma por asalto del Capitolio, antes del 6 de enero tanto Powell como Giuliani ayudaron a Trump a difundir mentiras sobre las elecciones.
La fuente más probable de acusaciones contra las figuras políticas de alto perfil seguramente será la comisión investigadora del Parlamento. Si bien el objetivo inicial de la comisión era establecer una cronología oficial del ataque y recomendar formas de garantizar que nunca vuelva a ocurrir, los investigadores parlamentarios ahora están evaluando hacer “recomendaciones penales” al Departamento de Justicia.
Alan Feuer
The New York Times
Traducción de Jaime Arrambide
Por The New York Times
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