El detalle que Disney descubrió para defenderse en la disputa con Ron De Santis y los parques de Florida

Aumenta el tono de la disputa entre entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Walt Disney World. Mientras los legisladores volcaban toda su intención en aprobar un proyecto para derogar el estatus especial que le permite al parque operar como un gobierno independiente, la compañía buscó defenderse por medio de la misma ley. El estado no podría derogar la norma aprobada en 1967 sin antes pagarle a la empresa de entretenimiento los bonos que se le adeudan.

Disney contraatacó en silencio y discretamente le hizo saber a sus inversionistas que confiaba en que no prosperara el intento de la Legislatura de disolver el distrito fiscal que opera en las 39 millas cuadradas que posee en dos condados. El motivo: el estado le hizo una “promesa” al parque cuando promulgó la jurisdicción hace 55 años, y por lo tanto, no era legal.

En ese sentido y en un intento de llevar la calma a los inversionistas, Disney aseguró que continuaría sus negocios como de costumbre. La declaración, que se publicó el jueves pasado en el sitio web de la Junta de Reglamentación de Valores Municipales del Distrito de Mejoras de Reedy Creek, es el único comunicado que la empresa hizo hasta el momento.

En dicho mensaje, la compañía citó parte del acuerdo, que establece que el “estado de Florida se compromete a no limitar ni alterar los derechos del Distrito hasta que los bonos y los intereses correspondientes sean pagados”, según consignó Miami Herald. Del texto también se desprende que al considerar la promesa que Florida le hizo a los tenedores de bonos del Distrito, los mismos se encontraban en posición para explorar cuáles eran sus opciones mientras el parque continuaba con sus operaciones habituales, incluida la recaudación de impuestos, los ingresos por servicios públicos, la operación y mantenimiento de sus propiedades, y el propio pago de la deuda.

En resumen, el estado tiene “la obligación contractual de no interferir con el Distrito hasta que se pague la deuda de los bonos”, reseñó Jacob Schumer, abogado especializado en materia tributaria en un artículo que publicó en Bloomberg. Asimismo, manifestó al Miami Herald que la norma aprobada por la legislatura, de mayoría republicana, y posteriormente promulgada por DeSantis, estaba en franca violación con la cláusula contractual de la Constitución de Florida.

Esta obligación contractual es un nuevo impedimento para el gobernador, quien tiene como objetivo la eliminación de Reedy Creek. “Simplemente no puede seguir adelante bajo la cláusula del contrato”, expresó el abogado, quien añadió que si ese era efectivamente el plan, todavía les quedaba mucho por hacer.

De acuerdo con Schumer, el proyecto de ley que disuelve Reedy Creek no establece qué pasará con sus deudas, pero otra ley estatal requiere que, por defecto, el condado asuma la deuda de un distrito junto con todos sus activos cuando se disuelva. “Esto significa que, en teoría, los condados de Orange y Osceola heredarán más de mil millones de dólares en deuda de bonos”, manifestó el abogado.

En contexto, DeSantis ataca frontalmente a la compañía de diversiones que reaccionó contra una controvertida ley de educación sexual e identidad de género. Frente a esa postura, el gobernador promovió el proyecto con miras a eliminar el estatus especial del que goza el conglomerado y que le permite administrarse de manera independiente alrededor de su parque temático en Orlando.

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