EE.UU. advierte que seguirá expulsando a migrantes luego de que expiren las medidas por la pandemia: “Nuestras fronteras no están abiertas”

WASHINGTON.- Horas antes de que expire el llamado “Título 42″, el gobierno de Joe Biden defendió su nuevo enfoque para lidiar con la crisis migratoria regional en medio de un recrudecimiento del drama humanitario al que se enfrentan decenas de miles de personas que llegan al límite que divide a Estados Unidos y México para intentar radicarse en el país. Pero, a la vez, la Casa Blanca advirtió que “tomará tiempo” obtener resultados, culpó al Congreso por la crisis y reforzó un mensaje contundente a los migrantes: ya no podrán entrar por la frontera.

“Quiero ser muy claro. Nuestras fronteras no están abiertas”, dijo el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Las personas que crucen la frontera ilegalmente y sin un fundamento legal serán rápidamente procesadas y expulsadas”, alertó.

Con ese mensaje, el gobierno de Biden marcó una de las transiciones más complejas y dramáticas de las últimas décadas en la política migratoria de Estados Unidos. Desde esta noche, la frontera más transitada del planeta dejará de regirse por la emergencia de salud implementada por la pandemia del coronavirus, conocida como “Título 42″, y volverá a manejarse bajo las leyes y las reglas que estaban vigentes previas a la pandemia, y otras nuevas implementadas por la administración demócrata.

Eso implica, y Mayorkas se encargó de recordarlo, que las personas que lleguen a la frontera después de la medianoche, hora del este del país, serán inelegibles para solicitar asilo, y deberán sortear una veda de cinco años antes de poder volver a intentar ingresar al país.

La nueva política del gobierno de Biden recibió duras críticas de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos y de los migrantes, que la equipararon a la política del expresidente Donald Trump, y la denostaron por violar el derecho internacional, en particular la nueva medida que prohíbe solicitar asilo en la frontera.

Funcionarios del gobierno demócrata rechazaron esas críticas, al afirmar que los migrantes aún pueden solicitar asilo en los nuevos centros de procesamiento regionales. Y recordaron además los nuevos programas, anunciados este año, para que los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela puedan obtener una residencia legal.

Mientras miles de personas se apresuraban para llegar a los cruces en Tijuana, Ciudad Juárez o Nogales a lo largo de la frontera, fuertemente custodiada desde hace años, se militarizó aún más. El gobierno de Biden ya envió 500 soldados adicionales, con lo cual la cantidad de agentes y soldados desplegados subió a 24.000.

Cooperación de México

En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador confirmó que enviará tropas adicionales al límite con Guatemala, al reafirmar su cooperación con la Casa Blanca, que a cambio ha soportado cualquier tipo de críticas del presidente mexicano. Por lo menos tres ciudades en Texas, Brownsville, Laredo y El Paso, declararon el estado de emergencia a medida que los centros fronterizos se ven desbordados y los migrantes buscan refugio en las ciudades.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos retuvo en los últimos días hasta 28.000 migrantes en sus instalaciones, mucho más de su capacidad declarada, dijeron a la agencia Reuters dos funcionarios federales que solicitaron el anonimato y el sindicato de la Patrulla Fronteriza. La cantidad de detenciones ya superó las 10.000 por día.

Biden ya había advertido que la transición iba a ser “caótica”, y ese jueves Mayorkas se mantuvo en la misma línea al señalar que la situación será “muy difícil” durante este período, aun cuando la Casa Blanca tuvo más de dos años para prepararse para el final de la pandemia.

“He dicho durante meses y meses que el desafío en la frontera es y va a ser muy difícil, y hemos hablado repetidamente sobre el hecho de que esa dificultad en realidad solo puede aumentar en este período de transición. Tomará un período para que nuestro enfoque realmente gane tracción y muestre resultados”, dijo Mayorkas. “Estamos trabajando dentro de las limitaciones de un sistema de inmigración roto, fundamentalmente roto”, remarcó.

La transición desató duras peleas políticas y acusaciones cruzadas. La Casa Blanca culpó en última instancia al Congreso por la crisis ante la falta de una reforma migratoria integra, que Biden impulsó, y el Partido Republicano bloqueó.

La izquierda y la sociedad civil cargaron contra la Casa Blanca porque consideraron que Biden estiró o endureció las políticas de Trump y rompió con su promesa de implementar una política más “humana” y proteger a los migrantes. “Es oficial. Biden es el Deportador en Jefe 2.0″, tuiteó Erika Andiola, activista hispana y exvocera de Bernie Sanders, reciclando un apodo que en su momento recayó sobre los hombros de Barack Obama.

Desde la derecha le achacan al mandatario la crisis, y lo culpan por lo que muchos describen falsamente como una “frontera abierta”.

“La crisis en la frontera de Biden es una catástrofe”, tuiteó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los presidenciables del Partido Republicano.

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