Dos tiroteos masivos reavivan el debate sobre el control de armas en EE.UU.

El cómputo de tiroteos masivos en Estados Unidos es tan abultado como volátil: las cifras se quedan cortas en lo que tarda en vaciarse el cargador de una pistola semiautomática o un rifle de asalto, el tipo de armamento más utilizado en estos ataques. En lo que va de año, se han registrado en todo el país al menos 39 tiroteos masivos (aquellos con al menos cuatro heridos o muertos, sin contar el agresor, es la definición estándar), según el pormenorizado conteo del grupo Gun Violence Archive.

Dos de ellos, que han dejado un total de 18 muertos en apenas tres días en California, han vuelto a suscitar el inveterado debate sobre el control de armas y, en concreto, sobre dos aspectos definitorios de los sucesos más sangrientos, los que saltan a los titulares: el uso de las armas de asalto o combate, con gran potencial mortífero, y la edad mínima legal para adquirirlas, ya que los datos corroboran la creciente juventud de los autores. Aunque las investigaciones no han concluido, los primeros indicios apuntan que los responsables de las matanzas de Monterey Park y Half Moon Bay, en esta ocasión un septuagenario y un sexagenario, respectivamente, de origen asiático, usaron para perpetrar las matanzas una pistola semiautomática, teóricamente ilegal en un Estado con una de las legislaciones más restrictivas del país.

En el lapso comprendido entre estos dos últimos tiroteos, la veterana senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, ha presentado este lunes un proyecto de ley para prohibir las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad, así como para elevar a 21 años la edad mínima para comprar este armamento de combate.

Feinstein colaboró en 1994 con el entonces senador Joe Biden para lanzar la ley de Prohibición de Armas de Asalto, que durante su década de vigencia vio cómo los tiroteos masivos se reducían en el país, defienden los demócratas. “Pero los republicanos dejaron expirar la ley en 2004 y se permitió de nuevo la venta de esas armas, [y] los tiroteos masivos se triplicaron”, recordaba este lunes en un comunicado el presidente Biden, a la vez que urgía a las dos Cámaras a relanzar la ley.

La iniciativa de Feinstein está copatrocinada por correligionarios como el senador por Connecticut Chris Murphy, una de las voces más combativas por la regulación. Connecticut es el estado marcado para siempre por la matanza en el colegio de Sandy Hook, en 2012, con 26 muertos, 20 de ellos menores, pero también el que tras el suceso espoleó el activismo por el control de armas.

Comunidades enteras conmocionadas por los tiroteos

La denominada Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, aprobada por el Congreso en junio pasado, puso punto final a casi 30 años de bloqueo político. Fue saludada como un avance histórico, pero el alcance de la legislación se quedó corto para los objetivos del propio Biden al soslayar lo relativo al uso de armas de asalto y la edad legal para comprarlas. También para otras recomendaciones más estrictas sobre la conocida como “ley de bandera roja”, vigente, por ejemplo, en Nueva York y California, y que permite confiscar previa autorización judicial las armas a una persona que demuestre ser un peligro para sí misma o para terceros; la ley bipartidista solo da indicaciones al respecto a los estados.

Cuando se adoptó dicha legislación, que dio respuesta a la conmoción provocada por las matanzas de Búfalo (Nueva York) y Uvalde (Texas), con 10 y 19 muertos respectivamente, “dije que aún quedaba trabajo por hacer para garantizar la seguridad de nuestras comunidades y evitar que las armas de fuego peligrosas [las de asalto] caigan en manos peligrosas”, recuerda Biden en el comunicado difundido este lunes. Según el conteo de Gun Archive Violence, de los 269 tiroteos masivos registrados en 2014, se pasó a 611 en 2020, el primer año de la pandemia.

La aprobación por el Congreso de la ley bipartidista de control de armas tuvo mucho que ver con la composición de las Cámaras, controladas entonces por los demócratas, con ajustada mayoría en el Senado y holgado margen de maniobra en la Cámara de Representantes. El trámite en el Senado salvó el arcaico filibusterismo, que requiere 60 votos favorables del total de 100 para aprobar cualquier ley de calado, gracias al apoyo de 15 senadores republicanos.

Pero las elecciones de medio mandato, celebradas en noviembre, dieron el control de la Cámara baja a los republicanos, entre cuyas filas se han hecho fuertes, como demostró la ardua elección del presidente o portavoz Kevin McCarthy, elementos extremos, alrededor del 10% de la bancada, afines al lobby de las armas cuando no entusiastas adalides de su uso. El margen de maniobra de McCarthy ha quedado en manos de esa minoría.

A la acción legislativa, a cara de perro, de los próximos dos años habrá de sumarse la postura del Tribunal Supremo, el más conservador en los últimos 80 años, ante eventuales recursos de inconstitucionalidad sobre la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a portar armas. Como el que el Alto Tribunal resolvió en junio pasado, precisamente el mismo día que el Congreso aprobaba la ley bipartidista de control de armas, dando la razón a dos particulares del Estado de Nueva York que habían reclamado su derecho a llevar armas en la calle sin tener que justificar el motivo para hacerlo.

El fallo rebasa los límites de Nueva York y fue recibido como un espaldarazo por los defensores de las armas. Las espadas están en alto entre la facción más ultra de los republicanos y la jurisprudencia del Supremo, por un lado, y los partidarios de poner límites al imperio de las armas: una enconada pelea que definirá también lo que queda de mandato de Biden hasta las presidenciales de 2024.

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