Deportaciones masivas: lo que debes saber sobre la Ley Laken Riley, con arrestos que terminarían en expulsiones
Una nueva normativa fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora espera su futuro en el Senado de Estados Unidos; a través de esta regla se busca la deportación inmediata
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LA NACION
La reciente aprobación de la Ley Laken Riley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las políticas migratorias del país norteamericano. Este proyecto, que busca aumentar las deportaciones de inmigrantes ilegales, fue impulsado por un caso desgarrador: el asesinato de una joven estudiante de enfermería en la Universidad de Georgia, ocurrido en febrero de 2024.
A grandes rasgos, la Ley Laken Riley busca frenar crímenes cometidos por extranjeros indocumentados, particularmente aquellos vinculados con delitos de robo. Ahora le tocará al Senado de Estados Unidos decidir su futuro.
El caso de Laken Riley: el motor de la ley
El asesinato de Laken Riley, a manos de un inmigrante ilegal, fue el evento trágico que dio pie al impulso de esta ley. La mujer, de 22 años, murió en manos de José Ibarra, un hombre que había sido detenido previamente por la policía local por delitos relacionados con robo.
Sin embargo, a pesar de su historial delictivo, Ibarra no fue detenido por las autoridades migratorias (ICE, por sus siglas en inglés) y fue liberado.
Este caso, que conmocionó a la comunidad, desató una ola de críticas contra la administración del presidente Joe Biden, a quien se le acusa de mantener políticas de “fronteras abiertas” que habrían facilitado que Ibarra no fuera deportado. Como resultado, legisladores como Mike Collins, representante por Georgia, introdujeron la Ley Laken Riley, que busca endurecer las políticas de inmigración, especialmente en lo que respecta a los criminales extranjeros.
Qué propone la Ley Laken Riley
La Ley Laken Riley tiene como objetivo principal permitir que ICE detenga a los inmigrantes ilegales que hayan sido acusados de delitos relacionados con el robo. Esto incluye crímenes como el asalto en tiendas, el hurto y el robo con violencia, según lo definido por las leyes locales y estatales.
La ley exige que ICE emita “detenciones” o alertas para que estos inmigrantes sean detenidos y puestos bajo custodia mientras se resuelven los cargos en su contra.
El proyecto de ley también establece que los fiscales generales de los estados puedan demandar al Secretario de Seguridad Nacional por incumplimiento de las políticas migratorias, en casos donde se pueda demostrar que la falta de acción de ICE ha causado daños a los residentes de ese estado.
En particular, la ley enfoca la responsabilidad sobre la liberación de inmigrantes con antecedentes delictivos, quienes, según los defensores de la ley, representan una amenaza significativa para la seguridad pública.
La implementación de esta ley podría tener efectos relevantes en cómo las autoridades migratorias y locales interactúan en casos de inmigración. Al enfocarse en los criminales extranjeros, la Ley Laken Riley busca asegurar que aquellos acusados de delitos como el robo sean deportados de inmediato, lo que evitaría que cometan más crímenes en territorio estadounidense.
De acuerdo con las estadísticas del gobierno, en 2023, aproximadamente un 20% de los inmigrantes ilegales detenidos por ICE en los Estados Unidos tenían antecedentes penales, muchos de ellos por delitos menores como el robo.
Las críticas a nueva ley y su futuro: ¿abre la puerta a deportaciones masivas?
A pesar del apoyo que recibió la Ley Laken Riley en la Cámara de Representantes, la propuesta fue rechazada por muchos legisladores demócratas y grupos de derechos civiles. La principal crítica contra la regla es que podría resultar en una expansión de las deportaciones masivas y aumentar la detención de inmigrantes en condiciones que, según los opositores, no respetan sus derechos fundamentales.
El Senado, controlado por los demócratas, no avanzó aún en la discusión de esta ley, lo que plantea dudas sobre su futuro legislativo. Algunos senadores cuestionaron su eficacia y sus posibles consecuencias.
Entre los argumentos de los detractores se encuentran preocupaciones sobre el impacto en las comunidades inmigrantes y la falta de un enfoque más amplio que considere otras medidas para combatir la delincuencia sin afectar a personas que no representan una amenaza inmediata para la seguridad pública.
A medida que la ley avance en el proceso legislativo, su impacto dependerá de su implementación y de cómo se logre equilibrar la seguridad con la justicia para los inmigrantes.
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