Demócratas denuncian que las empresas de Trump recibieron US$7,8 millones de gobiernos extranjeros durante su presidencia
El informe detalla los pagos realizados por China, Arabia Saudita y otros países, frente a las vagas acusaciones republicanas contra Joe Biden
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Miguel Jiménez
Los demócratas contraatacan. Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes llevan años tratando de encontrar pruebas de que el actual presidente, Joe Biden, se benefició de los negocios de su hijo en el extranjero, los demócratas han publicado este jueves un completo informe de 156 páginas que detalla los pagos realizados por gobiernos extranjeros a empresas de Donald Trump mientras este era presidente.
El informe, titulado La Casa Blanca en venta, ha sido elaborado por los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. En él, se denuncia que las empresas de Trump recibieron 7,8 millones de dólares mientras era inquilino de la Casa Blanca.
La mayor parte de los pagos, detallados casi al centavo, corresponden a mandatarios extranjeros que se alojaron en el Trump International Hotel de Washington, aunque también hay desembolsos a su hotel de Las Vegas, a Trump World Tower y a Trump Tower (donde se alquilan oficinas), estas dos últimas en Nueva York.
Esos pagos ya habían sido objeto de escrutinio en el pasado porque la sección novena del artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos en su cláusula anticorrupción prohíbe a los presidentes aceptar dineros, pagos o regalos “de cualquier tipo, de cualquier rey, príncipe o país” sin el consentimiento del Congreso. Trump nunca pidió autorización.
Ahora, los desembolsos están sistematizados en ese documento, en el que se cita a una veintena de países extranjeros, encabezados por China, con 5,57 millones de dólares a cargo de la embajada en Washington y de empresas públicas chinas; Arabia Saudí, con 615.422 dólares; Qatar, con 465.744 dólares; Kuwait (303.372 dólares); India (282.764 dólares), Malasia (248.962 dólares), y Afganistán, con 154.750 dólares. Por debajo de los 100 mil dólares aparecen reflejados pagos de otros 14 países. Ni España ni ningún país latinoamericano figuran en la lista.
“Estos pagos se realizaron mientras estos gobiernos promovían objetivos específicos de política exterior con la Administración de Trump e incluso, en ocasiones, con el propio presidente Trump, y mientras solicitaban acciones específicas a Estados Unidos para avanzar en sus propios objetivos de política nacional”, dice el resumen ejecutivo del informe.
“Al elevar sus intereses financieros personales y las prioridades políticas de las potencias extranjeras corruptas por encima del interés público estadounidense, el expresidente Trump violó tanto los claros mandatos de la Constitución como el cuidadoso precedente establecido y observado por cada comandante en jefe anterior”, señala el documento en una introducción firmada por el congresista Jamie Raskin.
Durante la presidencia de Trump, los demócratas empezaron a investigar esos pagos. La investigación derivó en una trifulca jurídica que llegó al Tribunal Supremo, pero este declinó pronunciarse alegando que el caso ya no tenía objeto porque había dejado la Casa Blanca. Un tribunal federal rechazó en 2020, por cuestiones de procedimiento, una demanda presentada por congresistas demócratas, pero sin entrar en la legalidad o ilegalidad de los pagos.
En todo caso, parte de la documentación recibida en aquella investigación inconclusa enviada por la auditora Mazars es la que ha servido ahora para realizar el informe.
En su momento, el Departamento de Justicia controlado por Trump argumentó que la cláusula anticorrupción de la Constitución no se refería a los beneficios que proceden de los negocios del presidente al margen de su tarea oficial, sino solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su cargo. La frontera es, en todo caso, algo difusa porque alojarse en el hotel de Trump, por ejemplo, podía interpretarse como una forma de ganarse el favor del presidente.
Que los demócratas vuelvan ahora a la carga tiene un significado especial porque los republicanos han aprobado una investigación de cara a un posible proceso político (impeachment) al actual presidente, Joe Biden, en el que tratan de encontrar pruebas de que se benefició cuando era vicepresidente de los negocios de su hijo Hunter Biden. Por ahora, sus esfuerzos han fracasado.
Por Miguel Jiménez
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