De Sandy Hook a Uvalde, Estados Unidos se acostumbró a vivir con las matanzas

WASHINGTON.- El recuerdo de la matanza de Sandy Hook fue inmediato. Otra escuela primaria, otro tirador solitario, chicos que fueron a clases como cualquier otro día y terminaron en la morgue. Diez años después, el mismo horror augura una reacción idéntica: conmoción, vigilias, discursos políticos, mensajes con “pensamientos y oraciones” –un término que se repite con cada nuevo tiroteo y es casi ya un sinónimo de cinismo–, y ningún cambio en las leyes que controlan las armas.

Estados Unidos se acostumbró a vivir con la epidemia de violencia armada. El hilo que une a Sandy Hook con la escuela primaria en Uvalde, Texas, no hace más que confirmar que el país parece más dispuesto a tolerar las matanzas, sin importar la cantidad víctimas o su edad o el lugar donde ocurran, que a deshacerse de las armas, o al menos controlarlas más. Es un drama que se vive en Estados Unidos porque el país no ha hecho nada para frenarlo.

“¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?”, dijo, furioso, el senador demócrata Chris Murphy, en un furioso en el piso del Senado, poco después de que se conoció la noticia, que se viralizó. “Tenemos otro Sandy Hook en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo?”, insistió. Un mensaje cargado de impotencia y frustración.

Un año en Estados Unidos tiene más tiroteos masivos que días. Este año, ya hubo 212 tiroteos masivos –un promedio de diez por semana– que dejaron más de cuatro o más muertos o heridos, según el conteo de Gun Violence Archive, una organización civil que monitorea la epidemia de violencia armada. Casi todas pasaron desapercibidas. La de Uvalde, no. Pero aun cuando los medios desciendan a cubrir la desolación de otra comunidad devastada, el presidente Joe Biden dé un discurso, prometa actuar, viaje a consolar a las familias, las banderas flameen a media asta y los demócratas monten en cólera, nada sugiere que Estados Unidos cambiará. La férrea defensa del derecho a portar armas, consagrado en la segunda enmienda de la constitución, es un pilar de la plataforma del Partido Republicano que no está abierto a negociación.

La conmoción inicial que provoca una matanza se termina diluyendo con el correr de los días, ahogada en un debate interminable acerca de si la raíz del drama son las armas o los “problemas de salud mental”. Los republicanos y la Asociación Nacional del Rifle –el lobby de la industria armamentista que le pone una “nota” a los políticos según su postura– han dado sobradas pruebas con los años de su capacidad para soportar y asfixiar cualquier embate de los demócratas y la izquierda del país, que claman por deshacerse de las armas automáticas o imponer, al menos, algo tan sencillo y razonable como un control obligatorio de antecedentes penales en las ventas. Nada de eso ocurrirá, y menos en un año electoral.

Es uno de los legados que dejó Sandy Hook: si Estados Unidos no hizo nada en ese momento, ¿qué tiene que ocurrir para que sí lo haga?

“Ves a políticos tratando de politizar esto, ves a los demócratas y a muchos tipos en los medios cuya solución inmediata restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos que obedecen la ley”, dijo el senador republicano, Ted Cruz, de Texas. “Eso no funciona, no es efectivo, no previene delitos. Sabemos lo que previene crímenes, es ir contra los delincuentes y fugitivos y los que tiene serios problemas mentales”, justificó.

Sin ninguna reforma viable en Washington, el control a las armas queda en manos de los estados. Como el aborto, es un tema que fractura a Estados Unidos. Los estados demócratas, como Rhode Island o Delaware, son mucho más estrictos para controlar las ventas o transferencias de armas, mientras que los estados republicanos del medio oeste o el sur del país, como Texas, tienen legislaciones mucho más laxas. De hecho, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley de la legislatura estatal, controlada por los republicanos, que eliminó el requisito de tener una licencia para portar armas.

“Texas salvaguarda la segunda enmienda”, dijo Abbott en septiembre del año anterior, luego de promulgar la ley. “Los texanos que posean un arma legalmente ahora tienen permitido llevarla en público. Ninguna licencia o entrenamiento es necesario”, agregó.

La gestión de Abbott tiene una aprobación del 47%, según The Texas Politics Project de la Universidad de Austin, mucho mejor que los números de Biden. Las encuestas le dan una ventaja de casi siete puntos para la elección de noviembre próximo sobre Beto O’Rourke, el candidato a gobernador de los demócratas, quien prometió leyes más duras contra las armas.

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