Créditos de carbono: manual de instrucciones, según el Acuerdo de París

¿Puede un país que no reduce bien sus emisiones contaminantes pagar a otro que sí lo hace para compensar? Esto es lo que prevé un artículo poco conocido del Acuerdo de París que está a punto de entrar en vigor, pese a los riesgos del llamado "lavado verde de imagen".

El histórico pacto climático adoptado en 2015 por 195 países permite a cada país definir sus propias metas de reducción de huellas contaminantes.

En su artículo 6, establece un sistema supervisado por la ONU para estandarizar el aún no regulado mercado internacional de créditos de carbono, herramientas también conocidas como "bonos verdes" con las que empresas y países pueden compensar sus propias emisiones de CO2 invirtiendo en proyectos medioambientales.

Las normas referidas a su comercialización finalmente se adoptaron este lunes en el primer día de la COP29, la conferencia anual sobre cambio climático de Naciones Unidas, aunque con muchos detalles aún por ser negociados, según expertos.

Es el caso de otra parte del artículo 6 que faculta a los países que buscan compensar emisiones para comprar créditos a naciones que ya han reducido los gases de efecto invernadero más allá de lo que habían prometido. Sus reglas aún no se han concretado en la cita de Bakú, la capital de Azerbaiyán.

- Acuerdos entre Estados -

Imaginemos un país "buen alumno" que superó sus objetivos de reducción de emisiones.

En lugar de hacerlo gratuitamente, cedería este bono a otro país que esté atrasado en su descarbonización, en general una nación rica, gracias al artículo 6.2 del Acuerdo de París.

Ya existe un ejemplo real de este escenario: Suiza adquirió este año créditos a una empresa tailandesa que financia la compra de autobuses eléctricos en Bangkok.

Para que esto funcione y no haya una doble contabilización, Suiza es la que debe computar como suya la reducción.

Varios países ya han concluido acuerdos bilaterales denominados "artículo 6.2", incluso antes de la adopción formal de las reglas en la ONU.

Pero los críticos de este mecanismo denuncian que otorga luz verde para que algunos países no reduzcan sus propias emisiones, ya que les bastaría pagar para declararse en regla con el Acuerdo de París.

Hay países productores de petróleo que están muy interesados en este tipo de transacciones con naciones que albergan grandes bosques, capaces de absorber y almacenar CO2 mediante la fotosíntesis.

Es posible que un texto sobre este asunto sea presentado a los países de aquí a la conclusión de la COP29, el 22 de noviembre.

- Un mercado de créditos al fin regulado  -

El Acuerdo de París va más allá al proponer que se establezcan normas comunes para constituir un mercado fiable de créditos de carbono para Estados y empresas, aunque hoy en día estén rodeados de controversias y escándalos.

Miles de compañías, que no están obligadas a reducir sus emisiones, se proclaman actualmente "neutras en carbono".

En realidad liberan toneladas de CO2 a la atmósfera e invierten dinero en estos bonos que financian proyectos en América Latina, Asia y otros lugares para reducir la contaminación.

Cada uno de estos créditos representa una tonelada de CO2 absorbida o no emitida, por ejemplo plantando árboles o cerrando una central eléctrica de carbón y sustituyéndola por una turbina eólica, respectivamente.

Pero estudios han demostrado la ineficacia de muchos proyectos, certificados por organismos poco rigurosos y a veces otorgados en detrimento de las poblaciones locales.

En su artículo 6.4, el Acuerdo de París busca crear regulaciones a nivel de la ONU para permitir a los Estados comprar créditos de calidad, que los ayuden a alcanzar sus objetivos climáticos.

Un organismo supervisor de Naciones Unidas redactó las metodologías que permitirán certificar estos créditos, que recibieron luz verde de la COP29 y con las que el mercado entre empresas debería alinearse.

Para que se establezca plenamente un mercado fiable deberían aprobarse otros textos, pero la decisión de este lunes ya pondrá en marcha un mecanismo muy esperado por los Estados desde el Acuerdo de París.

Varias oenegés y expertos, sin embargo, denunciaron falta de debate y transparencia en su aprobación.

Greenpeace, por ejemplo, sostiene que los mercados de carbono son "explotados por los contaminadores para seguir destruyendo el clima".

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