Contratista del Ejército de EEUU deberá indemnizar a iraquíes torturados en Abu Ghraib
LA NACION
Un jurado federal ordenó el martes a un contratista del Ejército estadounidense que pague 42 millones de dólares por daños y perjuicios a tres hombres iraquíes que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib, según informaron sus abogados.
La empresa privada CACI Premier Technology, con sede en Arlington (Virginia), fue declarada responsable por su participación en las torturas infligidas a los hombres en la prisión cercana a Bagdad en 2003 y 2004, de acuerdo con el Centro de Derechos Constitucionales.
Suhail Al Shimari, director de una escuela secundaria, Asa'ad Zuba'e, vendedor de fruta, y Salah Al-Ejaili, periodista, recibieron 14 millones de dólares cada uno por concepto de daños y perjuicios, informó el Centro en un comunicado.
Los tres hombres demandaron a CACI en 2008.
La prisión de Abu Ghraib, al oeste de Bagdad, se convirtió en un potente símbolo negativo de la ocupación estadounidense de Irak tras la aparición de pruebas de tratos crueles y degradantes a detenidos por parte de soldados estadounidenses en esas instalaciones.
La mayoría de los abusos ocurrieron a finales de 2003, cuando los empleados de CACI trabajaban en la prisión, según la demanda.
Los empleados civiles de la empresa fueron acusados de haber animado a los soldados estadounidenses a maltratar a los prisioneros para prepararlos para los interrogatorios.
Se presentaron cargos penales contra once guardias de bajo rango, entre ellos la exespecialista de la reserva del ejército Lynndie England, que aparecía sonriendo en fotografías mientras posaba junto a prisioneros desnudos.
La demanda contra CACI se presentó en virtud de un artículo del código estadounidense denominado Ley de Demandas de Agravios para Extranjeros, que permite a ciudadanos no estadounidenses presentar demandas ante tribunales estadounidenses por violaciones de los derechos humanos cometidas fuera de Estados Unidos.
CACI alegó que la mayoría de los presuntos abusos fueron aprobados por el entonces secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, e incorporados a las normas de combate por los mandos militares de la prisión.
"Hoy es un gran día para mí y para la justicia", declaró Al-Ejaili en un comunicado.
"Esta victoria es una luz brillante para todos los que han sido oprimidos y una fuerte advertencia para cualquier empresa o contratista que practique diferentes formas de tortura y abusos".
Katherine Gallagher, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, celebró el veredicto diciendo que "deja claro el papel de CACI en esta vergonzosa parte de nuestra historia".
"Se pone sobre aviso a los contratistas militares y de seguridad privados que pueden ser y serán considerados responsables cuando infrinjan las protecciones más fundamentales del derecho internacional, como la prohibición de la tortura", afirmó Gallagher.
"Durante 20 años, CACI se ha negado a asumir su responsabilidad por su papel en la tortura en Abu Ghraib", agregó.
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