Conflicto en Estados Unidos por venezolanos deportados a El Salvador: ¿eran todos miembros de El Tren de Aragua?
La expulsión de 238 extranjeros presuntamente vinculados con el grupo criminal generó un intenso debate; organizaciones proinmigrantes cuestionaron la legalidad del proceso
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LA NACION
Unos 238 venezolanos fueron detenidos y trasladados a El Salvador, acusados de estar vinculados con la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios utilizados por parte de la administración de Donald Trump para la identificación de estos individuos generó un intenso debate con las organizaciones defensoras de inmigrantes, que dudaron si realmente se trataba de criminales asociados al grupo delictivo.
Cuestionamientos sobre la deportación de venezolanos a El Salvador
La decisión de deportar a los venezolanos a El Salvador, en lugar de a su país de origen, generó una ola de críticas y dudas. Organizaciones proinmigrantes y activistas cuestionaron la legalidad del proceso y si todos los expulsados eran realmente miembros del Tren de Aragua.
Luis José Castro, integrante de la Alianza Venezolana de Illinois, expresó su preocupación en una entrevista con Telemundo. “Al final terminan violando los derechos constitucionales más sagrados”, dijo, y destacó la falta de transparencia en el proceso y la ausencia de pruebas concretas que vinculen a los deportados con la organización criminal.
José Balboa, presidente de la Alianza Venezolana de Illinois, también se mostró escéptico. “Nosotros aquí no queremos defender delincuentes, pero nuestra preocupación es si se ha cumplido el debido proceso con estas personas que fueron deportadas. ¿Se les realizó un juicio? ¿Se comprobó que realmente son parte del Tren de Aragua?”, cuestionó en una entrevista con Telemundo.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano, fue aún más contundente. En declaraciones recogidas por el Miami Herald, afirmó que no hay evidencia concreta de que estos deportados de nacionalidad venezolana sean realmente miembros del Tren de Aragua.
“Es inaceptable, inhumano y extremadamente peligroso que toda una comunidad sea etiquetada como potencial miembro bajo una ley donde cualquier acusación hecha contra un ciudadano venezolano no puede ser impugnada ante ningún tribunal”, agregó.
El Caucus Venezolano Americano emitió recientemente un comunicado en el que rechazó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones masivas. “Esta ley, creada hace más de 200 años, fue diseñada para tiempos de guerra y no para ser utilizada como una herramienta de persecución contra inmigrantes. Representa un abuso de poder que ignora los derechos fundamentales de las personas afectadas”, señaló.
En el comunicado también se marcó que familiares de algunos de los venezolanos deportados manifestaron su preocupación y aseguraron que sus parientes no tienen vínculos con el Tren de Aragua y que fueron incluidos en las listas de manera arbitraria. “A estas personas se les acusa de estar afiliadas a la pandilla criminal del Tren de Aragua, a pesar de la falta de evidencia sustancial que respalde tales acusaciones”, agregaron.
El papel de El Salvador en el conflicto con EE.UU.
El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, aceptó recibir a los deportados como parte de un acuerdo bilateral con EE.UU. El mandatario centroamericano destacó que su país albergaría a los individuos en sus cárceles, conocidas por su estricto régimen de seguridad, a cambio de un pago de US$6 millones por parte del gobierno estadounidense.
Sin embargo, ni el gobierno de EE.UU. ni el de El Salvador proporcionaron detalles sobre la identidad de los detenidos o pruebas concretas de su presunta vinculación con el Tren de Aragua. Esta falta de información alimentó las dudas y críticas sobre la legalidad y justicia del proceso.
La respuesta de la administración de Donald Trump
En una conferencia de prensa el 17 de marzo, Karoline Leavitt defendió las deportaciones y explicó que de los 261 inmigrantes trasladados a El Salvador, 137 fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, 101 eran venezolanos deportados bajo procedimientos migratorios regulares (Título 8), y 23 eran miembros de la pandilla salvadoreña MS-13, incluidos dos de sus líderes más buscados.
El secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó la postura de la administración Trump al declarar que se utilizan todos los recursos disponibles para mantener la seguridad de la población estadounidense. “Hemos deportado a criminales peligrosos que ingresaron ilegalmente a nuestro país y que representaban una amenaza directa para nuestras comunidades”, sostuvo.
La deportación de los venezolanos enfrentó un revés legal cuando el juez federal James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, emitió una orden judicial que bloqueó temporalmente las expulsiones por 14 días. Boasberg consideró que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en este caso carecía de fundamento, ya que la normativa fue diseñada para situaciones de guerra declarada.
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