Cómo es la ley “antiinmigrante” que avanza en Carolina del Norte
Bajo la nueva legislación, los alguaciles del estado estarían obligados a colaborar con las autoridades migratorias federales y retener a personas cuya situación migratoria no esté clara
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LA NACION
En un giro que despertó gran controversia, el Senado de Carolina del Norte aprobó, con 27 votos a favor y 17 en contra, el proyecto de ley HB-10. Fue calificado por muchos como “antiinmigrante”, porque busca obligar a las agencias locales de la ley a colaborar de manera más estrecha con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sobre todo en la detención y retención de personas cuyo estatus migratorio no esté claro.
La propuesta pasará ahora a la Cámara de Representantes para su votación final, que se espera para los próximos días.
Qué dice la ley HB-10 en Carolina del Norte
El corazón del proyecto de ley HB-10 reside en la imposición a los alguaciles de los 100 condados del estado de cooperar activamente con ICE. La legislación estipula que estos deberán informar cuando no puedan verificar el estatus legal de una persona detenida por delitos graves.
Según informó La Noticia, tendrán que acatar las solicitudes de detención por parte de ICE. Esto implica retener a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular por un período de hasta 48 horas, con el fin de que las autoridades federales puedan intervenir y proceder con su traslado.
Este aspecto del proyecto provocó duras críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estas advirtieron que la ley generará un clima de hostilidad para las comunidades inmigrantes. Entre las voces que se alzaron en contra de la medida se encuentra Iliana Santillán, directora de la organización El Pueblo, quien resaltó el impacto negativo que la ley podría tener en las familias inmigrantes.
Según Santillán,“este tipo de leyes no solo separan familias por incidentes menores como infracciones de tránsito, sino que también disuaden a los inmigrantes de denunciar delitos por temor a ser deportados”.
Debate sobre seguridad pública y derechos civiles en Carolina del Norte
Quienes respaldaron el proyecto HB-10 aseguraron que esta medida mejorará la seguridad pública. Sin embargo, esta visión fue muy cuestionada por activistas que sostienen que la ley debilitará la relación de confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad inmigrante.
Por eso, el proyecto fue catalogado como un ataque directo a las comunidades inmigrantes por parte de varias organizaciones locales. Por ejemplo, Antelmo Salazar, presidente de El Colectivo NC, calificó a la HB-10 como una amenaza para las familias inmigrantes. Aseguró que su aprobación podría tener consecuencias devastadoras para los más vulnerables.
“Este proyecto de ley solo intenta separar a las familias y aumentar el odio contra nuestra comunidad. Si se aprueba, la HB-10 tendría consecuencias devastadoras para las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, afirmó Salazar.
Por su parte, Stefanía Arteaga, directora del Carolina Migrant Network, cuestionó también el impacto económico de la ley. Tanto es así que acusó al gobierno de desviar fondos destinados a las escuelas públicas hacia instituciones privadas, y beneficiar a los sectores más privilegiados del estado.
Llamado a la acción
En medio de la preocupación, las organizaciones pro inmigrantes iniciaron una campaña para ejercer presión sobre los legisladores de la Cámara de Representantes e instarlos a votar en contra de la HB-10.
La votación final en la Cámara de Representantes será clave para el destino de esta legislación, que, de ser aprobada, podría cambiar drásticamente la relación entre las autoridades locales y las comunidades inmigrantes en Carolina del Norte.
LA NACION
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