Comienzan las deportaciones masivas de migrantes en EE.UU. y los gobernadores advierten: “Estamos rebasados”

En los próximos días, el gobierno de Estados Unidos hará efectivo un cambio drástico de su política de inmigración, que implica el reinicio de las deportaciones de personas originarias de Venezuela que ingresaron a ese país sin documentos. La noticia filtrada por altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden sorprendió a los analistas y observadores de derechos humanos.

Esta medida tiene como objetivo disuadir la migración desde el país sudamericano que deben cruzar por el peligroso Tapón del Darién, una selva en Panamá a la que los migrantes se adentran para continuar su viaje hacia Norteamérica. Además, buscan que en lugar de arriesgarse en el trayecto ilegal, las personas consideren algunas de las vías legales disponibles para los venezolanos, como el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La abogada de inmigración, Rocío Becerril, explicó a Telemundo que los solicitantes de asilo, o quienes ya hayan iniciado un proceso de TPS no estarían incluidos en estas órdenes de deportación: “No se está hablando de redadas, van a estar más estrictos en la frontera y es por la ola que han visto y muchísimos venezolanos”.

“Reanudar las deportaciones a Venezuela enviará un mensaje disuasorio. También espero que provoque un descenso a corto plazo de las detenciones de venezolanos. La cuestión es qué ocurrirá dentro de cinco o seis meses”, declaró a CNN por su parte John Sandweg, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Cuándo comenzarán las deportaciones a Venezuela?

Se dice que las autoridades de inmigración ya han identificado a los venezolanos que están bajo custodia estadounidense y que serán los primeros en abordar estos vuelos de deportación; sin embargo, esto no ocurrirá hasta después de que se lleven a cabo conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos, Colombia y México. “Todas estas personas han pasado por el sistema de inmigración estadounidense y no han podido demostrar que tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, señaló otro alto funcionario en una sesión para la prensa.

El regreso de los vuelos de deportación marca “un punto de inflexión significativo” para la administración de Biden, según un análisis del sitio Politico, que consignó también que por muchos años no se realizaron repatriaciones a Venezuela debido a la relación tensa entre ambos gobiernos y las preocupaciones sobre los abusos contra los derechos humanos por parte del régimen del presidente Nicolás Maduro.

En respuesta al anuncio de EE.UU., las autoridades venezolanas comunicaron su decisión de aceptar de nuevo a sus nacionales a través de un mensaje compartido por el ministro de Asuntos Exteriores, Yvan Gil, en su cuenta de X (ex Twitter) donde prometió que se garantizaría una “repatriación ordenada, segura y legal”, pero también acusó que sus connacionales eran víctimas de violaciones al derecho internacional.

Illinois y Nueva York alertan por crisis de migrantes

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, envió una carta al presidente Biden a inicios de esta semana para advertirle que el flujo de migrantes “está abrumando nuestra capacidad para brindar ayuda a la población refugiada” y que la falta de liderazgo federal daba lugar a “una situación insostenible”.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajó a la ciudad de Puebla, en el centro de México, donde alertó a los migrantes sobre la situación crítica que pueden enfrentar en caso de llegar a EE.UU. actualmente: “Las condiciones de vida no son las más deseables, porque estamos totalmente rebasados por la ola de migrantes no solo de México, sino de todo el continente y otros países, por eso estamos haciendo que la gente se quede en sus lugares de origen”.

Ante las presiones de rivales políticos y de las autoridades locales, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reaccionó el miércoles y manifestó que el presidente Biden “ha tomado medidas” para frenar la migración al “proporcionar una financiación récord” para la seguridad fronteriza y aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza y de las fuerzas del orden.

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