Carolina del Sur ejecuta a hombre por medio de la inyección letal: es la primera muerte del estado en 13 años
Freddie Eugene Owens falleció el viernes 20 de septiembre; había sido condenado por el asesinato de una mujer en 1997 durante un robo en un local comercial; tenía 46 años
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LA NACION
Freddie Eugene Owens, un hombre condenado a muerte en Carolina del Sur por el asesinato de una mujer en 1997, estuvo a punto de ser ejecutado el viernes pasado. Sin embargo, horas antes de que se cumpliera la sentencia, un giro inesperado sacudió el caso: uno de los testigos clave que había declarado en su contra confesó que había mentido durante el juicio. No obstante, el hombre falleció por medio de una inyección letal este 20 de septiembre, según consignó AP.
Owens, de 46 años, no hizo ninguna declaración final. Su última comida fueron dos hamburguesas con queso, papas fritas, un bistec de costilla bien hecho, seis alitas de pollo, dos refrescos de fresa y una porción de pastel de manzana.
Cuando se abrió la cortina de la cámara de ejecución, Owens estaba atado a una camilla con los brazos estirados a los costados. Después de que le administraron la droga, se despidió de su abogada y ella se despidió de él.
El testimonio que inicialmente retrasó su muerte fue el de Steven Golden, coacusado en el caso de Owens, quien presentó una declaración jurada en la que admitió haber brindado un falso testimonio para salvarse de la pena de muerte. Según indicó AP, el sujeto aseguró que, en realidad, el acusado no estaba presente en la tienda cuando se cometió el crimen de Irene Graves, en una ocasión de robo. “Freddie no estaba allí”, escribió el hombre en su declaración.
Golden afirmó que decidió contar la verdad ahora porque la ejecución de Owens se acercaba y no podía cargar más con el peso de su mentira. “No quiero que Freddie sea ejecutado por algo que no hizo”, explicó.
Un juicio marcado por la presión y el miedo
En primera instancia, Golden había declarado durante el juicio que su amigo fue el autor del disparo que mató a Graves, lo que fue crucial para su condena de muerte. Ahora, en su nuevo pronunciamiento, explicó que temía por su vida y que las autoridades lo habían presionado para implicar al acusado en el crimen. Cabe destacar que, por su testimonio inicial, él fue sentenciado a 28 años de prisión por homicidio voluntario, mientras que su amigo fue condenado a la pena capital.
De acuerdo con la reciente declaración del hombre, también tuvo miedo a ser asesinado por los verdaderos culpables. “Pensé que el verdadero tirador o sus asociados podrían matarme si los mencionaba”, reconoció. No obstante, la Corte Suprema de Carolina del Sur decidió que esta nueva confesión no era suficiente para detener la ejecución.
La decisión de la Corte Suprema
A pesar de la confesión de Golden, la Corte sostuvo que había suficientes pruebas adicionales para mantener la condena. La fiscalía presentó declaraciones de otros testigos que aseguraron que Owens había confesado el asesinato en varias ocasiones, incluidas conversaciones con su exnovia y su madre. Además, argumentaron que el cambio de testimonio demostraba que el coacusado no era un testigo confiable.
La defensa de Owens, encabezada por el abogado Gerald “Bo” King, criticó la decisión de los magistrados e indicó que Carolina del Sur estaba “a punto de ejecutar a un hombre por un crimen que no cometió”. Su intento por detener el drástico final se basó en la declaración de Golden y en la falta de pruebas físicas que vinculan al acusado directamente con el crimen.
La lucha contra la pena de muerte
Este caso ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente en Carolina del Sur. Grupos como South Carolinians for Alternatives to the Death Penalty han presionado al gobernador Henry McMaster para que conmute la sentencia de Owens por cadena perpetua. Sin embargo, el mandatario respondió que tomará su decisión solo minutos antes de la ejecución, tras recibir la llamada oficial de las autoridades penitenciarias.
De acuerdo con AP, Carolina del Sur ejecutó el viernes a Owens mientras el estado reiniciaba las ejecuciones después de una pausa no intencionada de 13 años, porque los funcionarios de la prisión no pudieron conseguir los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.
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