Qué dice la Proposición 36 de California, la norma que endurecería las penas y aumentaría las deportaciones

California se mantiene expectante frente a la potencial aprobación de la Proposición 36, que establece un cambio significativo en las leyes penales, ya que amplía la posibilidad de clasificar ciertos delitos como graves y aumenta las penas para cargos relacionados con drogas y robos repetidos, de acuerdo con CalMatters.

Si bien sus impulsores buscan fortalecer las medidas contra el crimen, la iniciativa, que será votada por la ciudadanía el próximo 5 de noviembre, en paralelo a las elecciones de EE.UU., también podría disparar las deportaciones.

Lo cierto es que su aprobación es casi un hecho, dado que, de acuerdo a diferentes encuestas, alrededor de tres cuartas partes del electorado californiano planea votar a favor de esta iniciativa. De acuerdo al sondeo del Instituto de Políticas Públicas de California, el 73% de los consultados dijeron que la apoyarán, mientras que el 25% planea oponerse.

Qué establece la Proposición 36 en California

Uno de los ejes de esta propuesta es reestructurar las sanciones para quienes reinciden en delitos de estupefacientes y robos. Anteriormente, algunos hechos como el hurto de bienes con valor inferior a 950 dólares se consideraban faltas menores. Sin embargo, si se aprueba este proyecto, una persona que cometa un tercer delito de esta naturaleza podría enfrentar cargos de felonía (delito grave), con sentencias de hasta tres años en prisión. Esta reforma busca revertir algunas de las disposiciones de la Proposición 47, aprobada en 2014, la cual fue implementada para reducir el hacinamiento en las cárceles al disminuir las penas para delitos menores no violentos.

Además, la Proposición 36 establece que las sentencias por delitos relacionados con la venta o posesión de drogas como el fentanilo, la heroína y la metanfetamina sean cumplidas en prisión estatal y no en cárceles de condado, lo que extendería la clasificación de crímenes que deben cumplir condenas más severas. Según el análisis legislativo del proyecto, esta disposición podría incrementar el número de personas con largas condenas en el sistema penitenciario del estado dorado.

Potenciales consecuencias para la comunidad inmigrante

Uno de los efectos más notables que podría desencadenar esta medida es el incremento de deportaciones. La clasificación de delitos menores como graves podría hacer que algunos inmigrantes en California enfrenten consecuencias inmediatas. Según la ley federal de inmigración, quienes cometan ciertos tipos de crímenes graves son susceptibles de ser repatriados, sin importar el tiempo que hayan residido en EE.UU. En este contexto, la Proposición 36 tendría un impacto importante en estas comunidades, donde los antecedentes penales pueden activar procesos de expulsión del país en coordinación con las autoridades federales.

Repercusiones en el sistema judicial

El incremento de casos clasificados como delitos graves en lugar de faltas menores representaría un reto adicional para el sistema judicial de California. Procesar una causa de felonía, por lo general, requiere más recursos y tiempo, lo que podría saturar a los tribunales locales. Asimismo, el número de personas encarceladas se vería afectado, con proyecciones de un aumento en la población carcelaria.

Además, el financiamiento destinado a programas de salud mental y tratamiento de drogas, que aumentó bajo la Proposición 47, se vería reducido al incrementarse los costos para el sistema penitenciario. Si bien no está confirmado, esta redistribución de fondos podría afectar servicios comunitarios clave, lo que dejaría a una parte de la población sin los apoyos necesarios para rehabilitarse.

Advertencia judicial sobre posible cargo de homicidio

Otra novedad que intenta imponer la Proposición 36 es que quienes sean declarados culpables de vender o suministrar drogas peligrosas recibirán una advertencia judicial de que podrían ser acusados de homicidio si las sustancias suministradas resultan fatales para algún consumidor en el futuro. Esta cláusula, que busca disuadir la comercialización de estupefacientes, es una respuesta a la creciente crisis por sobredosis y decesos relacionados con opioides.

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