Penas de prisión: Gavin Newsom firma una ley contra el robo y la destrucción de propiedad privada en California
El gobernador del estado dorado dio luz verde a un proyecto que agrava las penas contra ciertos delitos; todos los detalles de la nueva norma, conocida como AB 1960
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LA NACION
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un nuevo proyecto de ley que refuerza las penas para quienes cometan robos o dañen propiedades en el estado. La legislación, conocida como AB 1960, busca proteger a los comerciantes y propietarios ante el aumento de la inseguridad.
California ya contaba con algunas de las leyes más estrictas frente a distintos hechos delictivos contra la propiedad. No obstante, según Newsom, esta nueva norma lleva esas medidas aún más lejos. “Podemos ser duros con el crimen y, al mismo tiempo, ser inteligentes. No necesitamos volver a las políticas fallidas del siglo pasado”, declaró el gobernador tras la firma del texto.
La Ley AB 1960 forma parte de un paquete legislativo que los demócratas presentaron este verano en el Capitolio estatal. La misma tiene como objetivo imponer sanciones más severas a aquellas personas que, además de cometer robos, dañen o destruyan propiedades, lo que responde al creciente temor entre los empresarios californianos frente al aumento de los delitos de este tipo.
Protección para los dueños de negocios
La ley fue impulsada inicialmente por la congresista Esmeralda Soria, pero debido a la oposición de algunos grupos, el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, asumió el liderazgo del proyecto en junio. Según el representante californiano, esta normativa es esencial para salvaguardar a los pequeños empresarios y a sus trabajadores, quienes se han visto afectados por el incremento de los robos organizados en tiendas.
“Ningún propietario de un negocio debe vivir con el miedo de que estos crímenes lleguen a su puerta”, afirmó Rivas. “Con esta ley, nos aseguramos de que quienes destruyen propiedades y afectan a las comunidades paguen las consecuencias”, aseveró.
Qué establece la nueva ley firmada por Newsom
Según el texto oficial de la AB 1960, si una persona toma, daña o destruye una propiedad en la comisión o intento de comisión de un delito grave, “el tribunal deberá imponer un término adicional y consecutivo de prisión”. El mismo se establecerá de la siguiente manera:
- Si la pérdida o el valor de la propiedad excede los 50.000 dólares, el tribunal deberá imponer un término adicional de un año.
- Si la pérdida o el valor de la propiedad excede los US$200 mil, el tribunal deberá imponer un término adicional de dos años.
- Si la pérdida o el valor de la propiedad excede US$1 millón, el tribunal deberá imponer un término adicional de tres años.
- Si la pérdida o el valor de la propiedad excede los US$3 millones, el tribunal deberá imponer un término adicional de cuatro años. Por cada pérdida o valor de la propiedad adicional de US$3 millones, el tribunal deberá imponer un término de un año más.
Una normativa con controversia
A pesar del respaldo de los fiscales y cuerpos policiales, la ley no ha estado exenta de críticas. Según Los Angeles Times, un grupo de organizaciones defensoras de la reforma de la justicia penal, encabezado por el Instituto de Justicia Vera, expresó su preocupación por el impacto de la legislación. Los detractores argumentan que el lenguaje de la AB 1960 es similar al de la Proposición 36, una medida electoral que busca reformar leyes sobre delitos no violentos y que los mismos Newsom y Rivas han rechazado.
El principal temor de los críticos radica en que la ley podría aumentar significativamente las penas de prisión por acciones que no fueron intencionadas. Según una carta enviada al gobernador de California, creen que esta iniciativa podría sumar años de cárcel por situaciones accidentales, como un choque automovilístico mientras se maneja bajo la influencia del alcohol, sin que exista una intención real de causar daño.
En busca de calmar esas y otras inquietudes, los defensores del proyecto incluyeron una cláusula de caducidad que establece que la ley expira el 1° de enero de 2030. Esta medida permite a los legisladores revisar su impacto después de su implementación y evaluar si es necesario modificarla o derogarla.
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