La sheriff de San Diego enfrenta acusaciones por violar la política migratoria de California: “Nos decepciona”
La jefa policial del condado, Kelly Martinez, es señalada por incumplir la normativa que impide la colaboración de autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
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LA NACION
La sheriff de San Diego, Kelly Martinez, recibió tres denuncias por supuestos incumplimientos de la normativa del condado y de California, que prohíbe a las agencias locales cooperar con ICE en la aplicación de leyes migratorias, según informó el abogado Jan Joseph Bejar, especializado en temas migratorios.
La sheriff Kelly Martinez, acusada por colaborar con ICE
El Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (Sdirc, por sus siglas en inglés) envió una carta a la sheriff Martinez, donde se le exige el cumplimiento de la Ley de Valores de California (SB 54) y de la política L-02 de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Esta normativa impide que recursos locales sean utilizados para la aplicación de leyes migratorias y prohíbe la notificación a ICE sobre fechas de liberación de personas bajo custodia sin una orden judicial.
Ian Seruelo, presidente del Sdirc, criticó la postura de la sheriff de colaborar con los agentes federales y expresó en un comunicado su preocupación por la posible falta de cumplimiento de la normativa. “Nos decepciona que Martinez haya declarado que no cumpliría con la política L-02 de la Junta. Esto atenta contra la voluntad de la comunidad y podría contradecir la ley estatal”, afirmó.
La SB 54, también conocida como Ley de Valores de California, establece que las agencias del orden locales no pueden destinar fondos ni personal para tareas de control migratorio. Esta permite algunas excepciones, pero siempre y cuando no infrinjan otras normativas estatales o locales.
Qué establece la Ley SB 54 de California
Sancionada en 2017, la SB 54 prohíbe la colaboración activa entre agencias locales y autoridades de inmigración, salvo en casos donde existan condenas por ciertos delitos graves. Entre sus disposiciones, la ley impide que la información sobre el estatus migratorio de una persona bajo custodia sea compartida con ICE sin una orden judicial.
Asimismo, la legislación ordena a instituciones como escuelas públicas, hospitales y bibliotecas desarrollar políticas para limitar la asistencia con operativos de agentes federales. También exige que el Departamento de Justicia de California publique anualmente informes sobre colaboraciones entre agencias locales y el gobierno federal en estos temas.
La respuesta de la sheriff de San Diego
Desde la implementación de la política L-02 en diciembre, según NBC San Diego, Martinez indicó que continuaría notificando a ICE sobre individuos con antecedentes criminales, siempre y cuando se ajuste a lo permitido por la ley estatal. Sin embargo, los defensores de derechos de los inmigrantes sostienen que esta práctica podría incumplir tanto la SB 54 como la normativa del condado.
Según Seruelo, el Sdirc documenta incidentes que podrían constituir violaciones a la ley estatal y local. Agregó que, de confirmarse estas acusaciones, el caso podría ser remitido a la Fiscalía General de California o resultar en una demanda legal contra la oficina del sheriff.
Por su parte, Martinez emitió un comunicado en el que asegura que no modificó sus procesos desde la aprobación de la Política L-02. “La Oficina del Sheriff notifica a los funcionarios de inmigración las fechas de liberación solo si la persona encarcelada cumple con las condenas que la califican por cargos específicos de delitos graves, violentos o sexuales”, señaló el comunicado, citado por NBC San Diego.
El abogado de inmigración Jan Joseph Bejar sostuvo que cualquier acción que sugiera colaboración con agentes federales podría generar un ambiente de desconfianza en la comunidad migrante. “Si una persona cree que podría ser reportada a ICE, es menos probable que denuncie un delito o coopere con las autoridades, lo que afecta la seguridad de todos”, indicó el especialista.
Por otro lado, el supervisor Jim Desmond promovió la eliminación de la política L-02 al argumentar que obstaculiza el trabajo de las fuerzas del orden. Su propuesta se discutirá en próximas sesiones de la Junta de Supervisores.
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