La nueva medida de Los Ángeles que pocos conocen y que brinda alivio a los migrantes

Este jueves 1° de agosto entró en vigor en Los Ángeles una normativa que impacta de lleno en el bolsillo de los inquilinos, con el objetivo de aliviar su situación económica. Se trata de un nuevo límite en los aumentos de alquiler, cambio que se volverá crucial en medio de la creciente crisis de vivienda en California.

Esta medida, implementada por el gobierno, busca frenar el crecimiento desenfrenado de los precios de alquiler en ciudades donde la demanda supera la oferta, generando una crisis de asequibilidad. Según informó Los Angeles Times, el nuevo límite estipula que los propietarios no pueden aumentar la renta más del 5 % anual, además de la inflación, con un tope máximo del 10%. Esta regulación busca equilibrar la necesidad de los dueños de las propiedades de mantener sus ingresos en línea con los costos operativos, sin sobrecargar a quienes alquilan.

Según una encuesta realizada por BSP Research para UnidosUS y Oportun entre latinos en California, Arizona y Texas, a la cual tuvo acceso El País, el 52 por ciento de los migrantes que vive en esos estados están preocupados por su capacidad para cubrir necesidades básicas como el pago del alquiler o la hipoteca del próximo mes. Por este motivo, las nuevas normativas impactas significativamente en sus realidades, dándoles un respiro para sus bolsillos.

¿Qué inquilinos están protegidos?

La normativa se aplica a la mayoría de las viviendas en alquiler, pero hay excepciones. Los hogares construidos en los últimos 15 años, así como las propiedades de alquiler unifamiliares poseídas por individuos o entidades pequeñas, pueden estar exentas. Esto es para no desalentar la inversión en nuevas construcciones y mantener un flujo de viviendas disponibles en el mercado.

Estabilidad en los costos de vivienda

Para los inquilinos, esta regulación ofrece una mayor previsibilidad y estabilidad en los costos de vivienda. Con un tope claro en los aumentos de alquiler, pueden planificar mejor sus finanzas y evitar la incertidumbre de incrementos inesperados.

Además, una consecuencia indirecta de esta regulación podría ser una disminución en los desalojos relacionados con aumentos de alquiler. Al limitar los mismos, se espera que menos inquilinos se vean obligados a dejar sus hogares por no poder afrontar esos gastos.

Para los propietarios, la regulación implica ajustar sus expectativas de ingresos. Aquellos que dependen del aumento de alquiler para cubrir los costos operativos y de mantenimiento deberán encontrar maneras de equilibrar sus libros sin exceder el nuevo límite. En este sentido, también podrían explorar estrategias alternativas para maximizar sus ingresos, como ofrecer servicios adicionales o mejorar la eficiencia operativa para reducir costos. Sin embargo, cabe destacar que, los dueños de las viviendas podrían subir las rentas al máximo permitido cada año, lo que aún podría resultar en incrementos significativos a lo largo del tiempo.

El futuro de la nueva norma en Los Ángeles

Es probable que el gobierno continúe monitoreando el impacto de esta regulación y haga ajustes según sea necesario para equilibrar las necesidades de inquilinos y propietarios. Además, a largo plazo, esta política podría impulsar innovaciones en el mercado de alquiler, con nuevas formas de arrendamiento y opciones de vivienda asequible, emergiendo en respuesta a las restricciones.

Otra normativa que impacta en los inquilinos

En tanto, el 1° de julio de 2024 entró en vigor en California la Ley AB12, mediante la cual se prohíbe a los propietarios exigir o recibir garantías para un contrato de alquiler de una propiedad residencial por un monto o valor que exceda un monto equivalente al alquiler de un mes, independientemente de si la propiedad residencial está amueblada o no. La resolución no afecta a los pequeños propietarios, aquellos que tienen menos dos inmuebles o cuatro unidades de vivienda. Para ellos, los depósitos estarán limitados al valor de dos meses de alquiler, a menos que el nuevo inquilino sea un miembro del servicio militar. En dicho caso, se aplicará el límite de un mes.

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