Estudiantes sin DACA en California no podrán trabajar debido a un polémico veto de Gavin Newsom: ¿Qué pasará con ellos?
La medida generó controversia debido a los posibles riesgos legales y las implicaciones federales, lo que motivó al gobernador del estado a devolver la propuesta sin su firma
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El domingo 22 de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, vetó el Proyecto de Ley 2586 de la Asamblea, que habría permitido a las universidades públicas del estado contratar a estudiantes indocumentados para trabajar en sus campus. La legislación, promovida como una oportunidad para ampliar los derechos laborales de los inmigrantes, generó un intenso debate.
El Proyecto de Ley 2586, también conocido como Ley de Oportunidades para Todos, fue redactado por el asambleísta David Álvarez (D-Chula Vista) y tenía como objetivo evitar que las universidades públicas de California, como la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de California (CSU) y los Colegios Comunitarios, descalificaran a un estudiante para ser contratado si no presentaba prueba de autorización de trabajo federal, salvo cuando la ley federal lo exigiera o si la financiación del puesto dependiera de dicha autorización.
De haberse aprobado, esta legislación habría abierto la puerta para que estudiantes indocumentados pudieran acceder a trabajos en campus universitarios, lo que le hubiera permitido adquirir experiencia laboral durante su tiempo en la universidad. Este proyecto se basaba en una interpretación legal innovadora que sugería que la ley federal, que prohíbe contratar a indocumentados, no aplicaba a los estados ni a las instituciones públicas de los mismos, como las universidades.
En un comunicado oficial, Newsom reconoció el papel de California en la expansión de oportunidades para los estudiantes indocumentados, pero destacó que los riesgos legales asociados con el proyecto eran demasiado grandes para que la medida siguiera adelante sin antes haber sido revisada por los tribunales. “Dada la gravedad de las posibles consecuencias de este, que incluyen la posible responsabilidad penal y civil de los empleados estatales, es fundamental que los tribunales aborden la legalidad de dicha política y la teoría jurídica detrás de esta legislación antes de proceder”, explicó.
La teoría jurídica en la que se basaba el proyecto fue desarrollada por académicos del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Sin embargo, no fue probada en tribunales, lo que llevó al mandatario estatal a rechazar la propuesta hasta que un tribunal federal se pronuncie sobre su legalidad.
Reacciones al veto de Gavin Newsom: “Continuaremos luchando”
El veto ha generado una mezcla de frustración y decepción entre los estudiantes indocumentados y organizaciones sociales. En declaraciones con Los Angeles Times, Jeffry Umaña Muñoz, estudiante de posgrado en Cal State LA, expresó la desilusión de muchos estudiantes que calificaron esta acción como un retroceso en los esfuerzos por garantizar oportunidades equitativas. “Estamos desanimados por esta decisión, pero continuaremos luchando por nuestros derechos”, declaró Muñoz, quien actúa como portavoz de un movimiento estudiantil.
A pesar de la frustración entre algunos sectores, tanto la UC, como la CSU, habían expresado anteriormente sus preocupaciones sobre las implicaciones legales del proyecto de ley. Estas instituciones temían que su implementación pudiera poner en peligro la financiación federal que reciben anualmente. La UC, por ejemplo, es una de las mayores receptoras de fondos federales en EE.UU., con más de US$12.000 millones asignados para investigación, ayuda financiera y atención médica, según el medio local.
El camino legislativo del proyecto de ley
El Proyecto de Ley 2586 había avanzado significativamente en el proceso legislativo al obtener un fuerte respaldo en ambas cámaras del Congreso estatal. De acuerdo con el registro oficial, en mayo, la Asamblea aprobó el proyecto con 59 votos a favor y solo cuatro en contra, mientras que en el Senado, la votación fue de 31 a ocho a fines de septiembre. A pesar de este respaldo, la incertidumbre legal y las posibles consecuencias para los empleados estatales generaron suficiente preocupación como para que el gobernador decidiera no firmarlo.
Este veto no solo tiene implicaciones locales, sino que también se enmarca en un contexto político más amplio a nivel nacional, donde la inmigración se mantiene un tema central en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024.
LA NACION
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