Gavin Newsom firma un proyecto de ley en California que beneficia a los inquilinos que alquilan una propiedad
Se trata de una normativa dentro de un paquete de medidas que cambia el panorama de arrendamiento; es en favor de aquellos que pagan sus mensualidades en tiempo y forma
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LA NACION
La reciente firma de un proyecto de ley en California introduce un cambio significativo en el alquiler de propiedades. Este nuevo marco legal ofrece a los inquilinos la posibilidad de ver reflejados sus pagos de arrendamiento en sus puntajes de crédito. La medida, promovida por el gobernador Gavin Newsom, busca corregir un problema que afecta a millones de arrendatarios en el estado.
De qué se trata el nuevo proyecto de ley firmado por el gobernador Newsom
El proyecto de ley de la asamblea 2747, firmado por Newsom, establece que los propietarios deben ofrecer a sus inquilinos la opción de reportar sus pagos de alquiler positivos a las agencias de informes crediticios. Esta iniciativa surge ante la preocupación de que, a pesar de que muchos arrendatarios cumplen con sus obligaciones mensuales, no obtienen un reconocimiento en sus puntajes de crédito.
En los contratos de alquiler realizados a partir del 1° de abril de 2025, los propietarios tienen la obligación de hacerles el ofrecimiento a los inquilinos al momento de la celebración de la firma del documento y, luego, al menos una vez al año en adelante. En tanto, para los acuerdos pendientes al 1 de enero de 2025, se tiene que brindar el servicio a más tardar el 1° de abril de 2025 y, luego, al menos una vez al año. Este proyecto de ley solo se aplica a edificios con más de 15 unidades y permite a los propietarios cobrar al inquilino una tarifa de 10 dólares o el costo real del informe de alquiler, lo que sea menor.
La oficina del gobernador explicó que, mientras que los pagos atrasados afectan negativamente la calificación crediticia, los pagos puntuales a menudo quedan en la sombra, lo que resulta en una representación incompleta de la situación financiera de los arrendatarios.
Matt Haney, asambleísta de San Francisco y autor del proyecto de ley, comentó sobre esta desigualdad: “Muchos inquilinos gastan la mayor parte de sus ingresos en alquiler y priorizan sus pagos sobre otras obligaciones cada mes, pero sus aportes no son considerados en sus puntajes de crédito. Esto es una práctica injusta que empuja a millones de arrendatarios a ciclos de deuda y dificultades financieras”.
Para el asambleísta Haney, el cambio que provoca la nueva ley no solo beneficia a los inquilinos, sino que también permite a los propietarios tener una mejor visión de la responsabilidad financiera de sus arrendatarios.
Newsom firmó varias leyes más que cambian la relación entre el inquilino y el arrendatario
Además del proyecto de ley 2747, Newsom firmó un conjunto de leyes que buscan mejorar la seguridad y los derechos de los inquilinos en California. Según la Asociación de Apartamentos de California (CAA, por sus siglas en inglés), estas nuevas medidas aportan un equilibrio en las relaciones entre propietarios y arrendatarios.
En diálogo con ABC 10, Debra Carlton, representante de la CAA, destacó el proyecto de ley de la asamblea 2801, que aborda el tema de los depósitos de seguridad. Aunque esta normativa ya existe, se espera que las nuevas aclaraciones ofrezcan más transparencia en el proceso de retención de depósitos. Según explicó, establece que los propietarios deben documentar el estado de la unidad con fotografías al momento de la mudanza del inquilino. De esta manera, se aseguran una mayor protección para los arrendatarios.
Otra legislación relevante, el proyecto de ley del senado 611, prohíbe a los propietarios cobrar tarifas a los inquilinos que pagan su alquiler mediante cheque. Carlton explicó que esta decisión, respaldada por la CAA, no representa un perjuicio para los dueños de los inmuebles, quienes ya tienen el derecho de cobrar tarifas si el cheque rebota. Esta norma puede aliviar la carga financiera de los inquilinos al eliminar costos adicionales.
Por último, el senador Tom Umberg fue autor del proyecto de ley 900, el cual brinda protección a las personas que viven en asociaciones de propietarios. Esta legislación permite que, si la junta de la asociación no toma medidas, la empresa de gestión puede intervenir y evitar que los residentes queden en una situación de incertidumbre respecto de servicios esenciales como gas y electricidad.
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