En California: estas personas pueden ser detenidas contra su voluntad bajo una nueva ley que entró en vigor el 1° de enero
Una normativa en California permite a las autoridades apresar a sujetos que no hayan cometido un crimen, pero que, por causas de salud mental o adicción, se encuentren gravemente comprometidas
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El 1° de enero de 2025 marcó un hito en la legislación de California con la entrada en vigor de una ley que ampliará la capacidad de detención involuntaria de personas, especialmente de aquellas afectadas por trastornos mentales graves o adicciones.
Bajo la nueva normativa, conocida como SB 43, las autoridades tienen ahora mayor autoridad para detener a individuos sin que hayan cometido un crimen, siempre que se sospeche que su salud o seguridad esté gravemente comprometida. Este cambio genera debates sobre sus implicaciones en los derechos civiles y la capacidad de los servicios de salud mental del estado para manejar el aumento de personas detenidas.
La definición ampliada de “discapacidad grave”
La SB 43 modifica de manera fundamental la definición de “discapacidad grave” dentro del marco legal de California. Según la ley original, una persona solo podía ser detenida involuntariamente si padecía un trastorno mental que le impedía cubrir sus necesidades básicas de alimentación, ropa o vivienda, o si sufría de alcoholismo crónico.
Sin embargo, con la nueva legislación, el término se extendió para incluir a aquellos con trastornos graves por el uso de sustancias, o incluso aquellos que padezcan tanto de un trastorno mental como de una adicción severa.
Además, el concepto de “necesidades básicas” se amplía para abarcar no solo lo pensado en cuanto a comida, vestimenta o refugio, sino también la seguridad personal y la atención médica.
Este cambio implica que ahora las autoridades podrán detener a personas que no solo estén en una condición vulnerable por su trastorno mental o adicción, sino que también representen un peligro para su propia seguridad o para los demás, sin haber cometido un delito.
Según la nueva ley, un primer respondedor, como un oficial de policía, puede decidir la detención si tiene causa probable para creer que la persona está involucrada en una situación de este tipo, sin necesidad de una orden judicial previa.
Desafíos y críticas a la ley en California
El proyecto de ley, aprobado por el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2023, suscitó una gran cantidad de críticas. Algunos defensores de los derechos civiles y profesionales de la salud mental, como Mike Phillips, abogado copresidente del comité de preparación para la SB 43, expresaron su preocupación por las implicaciones de la ley en las libertades individuales.
Según recuperó el medio San Diego Tribune, Phillips señaló que, aunque la ley busca brindar asistencia a aquellos en situaciones de vulnerabilidad, la falta de recursos adecuados y la presión sobre los trabajadores de primera línea podrían dar lugar a decisiones apresuradas y potencialmente equivocadas.
En respuesta a estas críticas, la ley permite que los gobiernos locales retrasen su implementación hasta el 1° de enero de 2026. Sin embargo, en el Condado de San Diego, el inicio de la ley se adelantó a enero de 2025, lo que indica la necesidad urgente de abordar el problema del aumento de personas con trastornos mentales y adicciones en las calles. No obstante, los hospitales y centros de salud han manifestado su preocupación por una posible saturación de los servicios de emergencia, que ya enfrentan dificultades para hacer frente a la demanda.
¿Un impacto más grande de lo esperado?
Aunque muchos temen que la nueva ley pueda resultar en un aumento significativo de personas detenidas involuntariamente, algunos expertos creen que el impacto no será tan abrumador como se anticipaba.
Investigadores del Condado de San Diego analizaron los efectos de la ley en otros condados, como San Francisco y San Luis Obispo, donde se aplicó una versión anticipada de la ley en 2024. A pesar de los temores de que se generara una “saturación” de detenidos, los especialistas concluyeron que el número de casos no fue tan elevado como se preveía inicialmente.
De hecho, se estima que la implementación de la ley no habrá causado un aumento tan dramático en el número de detenciones, pero, como advierten los expertos, las personas detenidas podrían no recibir la atención que realmente necesitan.
La falta de infraestructura y servicios adecuados para atender a este creciente número de personas vulnerables sigue siendo una preocupación central. En este contexto, el sistema de salud mental del estado enfrenta enormes desafíos para cubrir la demanda, lo que podría agravar aún más la situación de aquellos que ya están en condiciones de vulnerabilidad.
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