California toma “medidas necesarias” para modificar esta ley que impacta en los derechos de los trabajadores

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un acuerdo con líderes empresariales y sindicales para modificar la Ley de Actores Privados Generales (PAGA, por sus siglas en inglés). Esta normativa, promulgada en 2004, permite a los empleados presentar demandas civiles contra sus empleadores por violaciones laborales en nombre propio y de sus compañeros de trabajo.

PAGA ha sido una herramienta poderosa para proteger los derechos de los trabajadores, pero también ha sido criticada por los costos que impone a las empresas.

La noticia llegó luego de una serie de intensas reuniones con empresarios y la poderosa Federación Laboral de California. “Nos sentamos a la mesa y elaboramos un acuerdo que funciona tanto para las empresas como para los trabajadores, y que traerá mejoras necesarias a este sistema. Esta propuesta mantiene fuertes protecciones para los empleados, proporciona incentivos para que las firmas cumplan con las leyes laborales y reduce el litigio”, aseguró el mandatario estatal en un comunicado oficial emitido el pasado martes.

Por su parte, Jennifer Barrera, Presidenta y CEO de la Cámara de Comercio de California, coincidió en que “este paquete proporciona reformas significativas que aseguran que los trabajadores continúen teniendo un vehículo fuerte para resolver reclamos laborales, al mismo tiempo que limita el litigio frívolo que ha costado miles de millones a los empleadores”.

El impacto económico de la ley PAGA en California

Desde su implementación, la PAGA ha permitido que los empleados demanden a sus empleadores por diversas violaciones laborales, lo que desencadenó grandes acuerdos financieros. Un estudio reciente, que fue realizado por una coalición que rechaza la ley y al cual tuvo acceso The New York Times, estimó que en los últimos 11 años, la ley ha costado a las empresas alrededor de US$10.000 millones. Otro dato que refleja la gravedad de la situación es que solo en 2022, se propusieron más de 3000 acuerdos bajo esta normativa.

Entre los millonarios casos, se destacan el acuerdo por US$65 millones de Walmart en 2018, donde se alegó que la empresa no proporcionaba asientos suficientes para los trabajadores, y otro por US$27 millones de Google en 2023, en el que los empleados acusaron a la empresa de prácticas laborales injusta.

Reforma de la normativa PAGA: cuáles son los cambios y modificaciones

De acuerdo al comunicado del gobierno del Estado Dorado, la inminente reforma en la ley PAGA busca:

• Fomentar el cumplimiento de las leyes laborales: limitar las sanciones a los empleadores que rápidamente tomen medidas para corregir políticas y prácticas, y compensen a los trabajadores. Lo mismo con las empresas que actúen de manera responsable para tomar medidas proactivas para cumplir con el código laboral antes de recibir un aviso de PAGA.
• Crear nuevas sanciones: para los empleadores que actúen de manera maliciosa, fraudulenta u opresiva al violar las leyes laborales.
• Asegurar más dinero para los empleados: un aumento en el monto de las sanciones que vaya a los trabajadores, aumentando la cantidad asignada del 25% al 35%.
• Ampliar las secciones del Código Laboral: pueden ser corregidas para reducir la necesidad de litigio y compensar rápidamente a los empleados.
• Proteger a los pequeños empleadores: proporcionando un proceso de derecho a corregir más robusto a través de la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral (LWDA, por sus siglas en inglés) para reducir el litigio y los costos.
• Asegurar que los casos puedan ser manejados de manera efectiva: codificar que un tribunal puede limitar el alcance de los reclamos presentados en el juicio.
• Permitir a los tribunales proporcionar alivio judicial: para obligar a las empresas a implementar cambios en el lugar de trabajo para remediar violaciones de las leyes laborales.
• Requerir que los reclamos sean personales: ya no se podrían realizar reclamos por terceros.
• Dar al Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés) la capacidad de acelerar la contratación y cubrir vacantes: para asegurar la aplicación efectiva y oportuna de los reclamos laborales de los empleados.

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