Así son los teléfonos que utilizan las autoridades de Estados Unidos para rastrear a los migrantes

Entre 2020 y 2021, más de 1,7 millones de personas fueron detenidas en su intento por llegar a los Estados Unidos provenientes de la frontera con México, ya que este país es el de mayor flujo migratorio por delante de Honduras, Guatemala y El Salvador, de acuerdo con cifras oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Ante el número creciente de cruces, ahora las autoridades implementan el uso de tecnologías para monitorear a las personas que están sujetas a deportación, pero no detenidas.

De acuerdo con un informe del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE): “A partir de agosto de 2020, hay más de 3,3 millones de personas asignadas a la lista de casos no detenidos, muchas de ellas con casos pendientes ante los tribunales de inmigración”, aproximadamente el 5% de esta población está sujeta a tres opciones de supervisión, una de ellas es la aplicación para teléfonos inteligentes SmartLINK, utilizada desde 2018 durante la administración de Donald Trump.

La utilización de esta herramienta, según información oficial, tiene como finalidad disminuir la cantidad de personas en los centros de detención, entonces reducir costos, y permitir que las personas esperen su audiencia judicial en casa, pero decenas de activistas se han manifestado en contra del almacenamiento de la información por la falta de transparencia de la empresa que la administra.

Las personas no detenidas, pero sujetas a un proceso de deportación, reciben un teléfono que solo sirve para recibir los avisos de las autoridades o verificar el paradero, otras son orilladas a instalar la aplicación en sus teléfonos. SmartLink es operada por la compañía BI, adquirida por The GEO Group, la empresa de cárceles privadas y centros de salud mental más grande del país.

Así es como funciona Smart Link, de acuerdo con información de ICE: “Utiliza un software de reconocimiento facial para verificar la identidad, captura de puntos de datos de GPS, notificaciones automáticas y recordatorios, mensajes directos con los agentes del caso y los participantes, y una base de datos de servicios de búsqueda”. Es por eso que activistas temen que este tipo de rastreo vulnere los derechos de las personas al comercializar sus datos o que incluso permita ubicar zonas de migrantes indocumentados para detenerlos.

Una persona migrante contó a CNN en días pasados que se ha enfrentado a dificultades para cumplir con los requerimientos que hacen las autoridades a partir del uso de dichos teléfonos. Al intentar enviar una selfie, solicitada semanalmente para identificar su permanencia en la localidad acordada al inicio de su proceso, fue rechazada hasta en cuatro ocasiones sin motivo aparente. Este hecho pudo traerle problemas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en caso de no registrarse correctamente.

En febrero, un grupo de legisladores demócratas, encabezados por la congresista Rashida Tlaib, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, para externar su preocupación respecto al uso de estas herramientas de rastreo y pidieron a la administración de Biden reformar este programa alternativo. “Ya sabemos que los datos recopilados de los grilletes en los tobillos se han utilizado para realizar operaciones de ejecución y deportación”, apuntaron en la carta. Además, sostuvieron que estas formas de monitoreo han tenido como consecuencia “daños físicos y mentales extremos” para las personas.

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