Qué es la Propuesta 314: la polémica iniciativa de seguridad con la que Arizona busca endurecer las leyes migratorias

Los votantes de Arizona decidirán en las próximas elecciones del 5 de noviembre acerca de la aprobación de la Propuesta 314. El proyecto ha causado polémica porque busca endurecer las leyes migratorias en el estado. La gobernadora, Katie Hobbs, es una de las voces que se ha manifestado en contra, bajo el argumento de que “destruirá empleos, perjudicará a las empresas e impedirá que las fuerzas del orden detengan delitos peligrosos”.

El presidente republicano del Senado de Arizona, Warren Peterse, señaló: “Lamentablemente, tuvimos que recurrir directamente a los votantes. La gobernadora debería haberlo convertido en ley”. Ahora serán los residentes quienes decidan si entraría en vigor la medida que establecería sanciones penales contra una persona que ingrese o que no se encuentre legalmente en Estados Unidos.

Qué dice la Propuesta 314 de Arizona

La Propuesta 314, también conocida como HCR 2060, convierte en delito menor que un extranjero ingrese o intente entrar a Arizona en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal; y sería un delito grave si la persona ha sido condenada previamente por la misma acusación. También condenaría a quien se niegue a cumplir con una orden de regresar a una nación extranjera o su país de origen.

En caso de ser aprobada, establecería que una entidad, funcionario, empleado o contratista del gobierno estatal o local tiene inmunidad civil bajo la ley estatal por una acción tomada para hacer cumplir las legislaciones que prohíben a un extranjero ingresar al estado.

“Si un condado o una agencia de aplicación de la ley local no tiene la capacidad para retener a una persona que es arrestada o condenada bajo esta nueva ley, la Proposición 314 requeriría que el Departamento de Correcciones de Arizona acepte a la persona arrestada o condenada en cualquier instalación en este estado que tenga espacio disponible”, señala el resumen del proyecto.

Asimismo, prohíbe que una persona que no se encuentre legalmente en Estados Unidos presente, a sabiendas, documentación falsa al solicitar un beneficio público, federal, estatal o local. Además, dispone que sería un delito presentar información o documentos falsos a un empleador para evadir la detección de elegibilidad de empleo bajo el programa E-Verify, programa que se utiliza para determinar si una persona es elegible para ser empleada en el estado.

La oposición de la gobernadora de Arizona y de organizaciones proinmigrantes

En junio de este año, tras la aprobación de la HCR 2060 en la Cámara de Representantes estatal, Hobbs emitió una declaración, en la que señaló que el proyecto “perjudicaría a las empresas de Arizona, enviaría puestos de trabajo fuera del estado, dificultaría que las fuerzas del orden hagan su trabajo y arruinaría el presupuesto estatal”. Añadió que tampoco protegería la frontera.

“A pesar de la fuerte oposición de los líderes empresariales, las fuerzas del orden fronterizo y los líderes locales bipartidistas en todo el estado, los extremistas en la legislatura han optado por priorizar sus agendas políticas sobre la búsqueda de soluciones reales”, expresó la gobernadora.

La organización Proyecto Florence, que trabaja casos de inmigrantes detenidos en Arizona, señaló su decepción ante el fallo de la Corte Suprema de Arizona, que permitió que la HCR 2060 esté en la boleta electoral de noviembre. “Si se convierte en ley, la Propuesta 314 criminalizaría la migración, facultaría a las fuerzas del orden estatales a realizar perfiles raciales y permitiría arrestar, procesar y deportar a personas sin siquiera ver a un juez de inmigración”, precisó en un comunicado.

La directora jurídica de la organización, Laura St. John, comentó: “Al igual que la SB 1070, esta medida electoral no solo es inconstitucional a nivel estatal y federal, sino que también constituye un conjunto de políticas desastrosas para Arizona que causarán un daño inconmensurable al sembrar el miedo e invitar a la discriminación racial. En pocas palabras, es malo para los inmigrantes, malo para nuestras comunidades y malo para Arizona”.

John también señaló que la aprobación será “económicamente desastrosa”, ya que costará millones de dólares en impugnaciones legales. “Esperamos que los votantes de Arizona tomen la decisión correcta en noviembre y rechacen esta propuesta ilegal e inmoral que no resuelve los desafíos muy reales que enfrentamos en nuestra frontera sur”, finalizó.

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