Accidente línea 12: cinco preguntas a un año del derrumbe del metro de Ciudad de México en el que murieron 26 personas
Pese a que la mayoría de víctimas alcanzó un acuerdo de indemnización económica, los avances para determinar la responsabilidad de los funcionarios que aprobaron aquella obra son casi inexistentes
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Marcos González Díaz
“Si hablamos de impartición de justicia tras un año, el avance es realmente nulo”. Cristopher Estupiñán, abogado de un grupo de víctimas del accidente del metro de Ciudad de México del que este martes se cumple un año, critica con dureza el casi inexistente progreso visto en tribunales para juzgar hasta ahora a los presuntos responsables de la tragedia.
En efecto, han pasado ya 12 meses desde que un tramo del suburbano colapsara y provocara la muerte de 26 personas y dejara decenas de heridos en una línea, la 12, que presentaba innumerables fallos en su funcionamiento desde su inauguración, menos de una década antes.
La fiscal de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, confirmó este lunes que una exhaustiva investigación determinó que el accidente fue debido a “diversos errores en su construcción” y a que el diseño “presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra”.
Sin embargo, y pese a que la mayoría de víctimas ha alcanzado un acuerdo de indemnización económica con una de las empresas constructoras, los avances para determinar posibles responsabilidades entre los funcionarios que dieron luz verde a aquella obra son casi inexistentes.
Esta es una de las varias preguntas que persisten un año después sobre este proceso en el que las víctimas no dejan de reclamar para que se haga justicia y que, tanto autoridades como el resto de empresas implicadas en la construcción de la llamada “línea dorada”, asuman su responsabilidad.
1. ¿Por qué aún no hay imputados oficialmente?
En octubre, la Fiscalía capitalina anunció la investigación abierta sobre ocho exfuncionarios relacionados con la obra del tramo siniestrado y sobre los representantes legales de dos empresas, entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Desde entonces, hasta en tres ocasiones se han programado audiencias para imputar a estas diez personas de manera formal por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño culposos. Sin embargo, ninguna se pudo llevar a cabo.
En una ocasión, porque representantes legales de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio alcanzado entre gobierno y constructores del metro. Otras dos veces -la última, este mismo lunes- porque alguno de los investigados se reportó enfermo.
Según Estupiñán, abogado de 14 víctimas entre heridos y familiares de fallecidos, “el juez pudo haber resuelto [este lunes] que se celebrara la audiencia respecto al resto de investigados presentes, pero decidió diferirla”. “Es una burla. No hay ni un imputado formal tras un año. Las familias están totalmente decepcionadas, es una burla a su memoria y su tragedia”, critica en entrevista con BBC Mundo.
Gabriel Regino, quien representa a varios de los investigados, consideró que los aplazamientos en las audiencias se deben al “apresuramiento” con que la Fiscalía ha pretendido llevar a cabo las imputaciones y sostuvo que la falta de mantenimiento fue lo que causó el accidente, por lo que exigió que sean citados a comparecer los responsables del mantenimiento del metro desde su inauguración.
2. ¿Qué responden las autoridades?
La fiscal Godoy defendió este lunes que “en ningún momento ha existido impunidad” hacia los presuntos responsables. “Tradicionalmente, se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados (…). Para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero sobre todo se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad”, dijo en un mensaje divulgado en redes sociales.
Así, la funcionaria destacó en su lugar la firma de los acuerdos en forma de indemnizaciones alcanzados con una de las empresas constructoras. “La reparación del daño es sinónimo de justicia”, enfatizó. Si bien aclaró que “no hay monto que pueda reparar la pérdida de un ser querido”, calificó el acuerdo como algo “histórico” y sin precedentes para “atender integralmente a las víctimas y familiares y que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.
La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió también la validez de estos acuerdos alcanzados con los constructores. “Sí es justicia. Es una justicia en donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo de amparos que puede llevar años sino que lo que se establece es, si la víctima está de acuerdo con una justicia restaurativa, se procede hacia eso”, defendió este lunes.
3. ¿A qué acuerdos de compensación económica se han llegado?
Los acuerdos reparatorios con los constructores de la línea 12 se alcanzaron hasta ahora entre el 90% de víctimas y Grupo Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim, a cambio de que los afectados desistan de futuros procesos legales en su contra.
El trato es confidencial. El abogado Estupiñán confirma que, tras semanas de negociaciones, las indemnizaciones logradas para sus clientes fueron hasta un 250% superiores a las inicialmente planteadas tras atender las características particulares de cada víctima.
Pese a firmar el convenio, la empresa Carso no reconoció tener culpabilidad en el accidente. “No implica, ni debe interpretarse, considerarse o tenerse, como reconocimiento de responsabilidad alguna”, se lee en un documento del acuerdo al que tuvo acceso el diario El País.
Contra quienes sí continúan las denuncias por parte de las víctimas es contra el resto de empresas que construyeron la línea: CAF, Alstom e Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), la cual participa en proyectos emblemáticos del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como la construcción del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.
Así, el bufete de Estupiñán presentó una demanda civil contra las tres firmas ante la Fiscalía de la capital mexicana y también en la Corte Suprema del estado de Nueva York. “Las familias no buscan que un funcionario particular acabe entre rejas, quieren que las empresas asuman su responsabilidad y reconozcan su negligencia. La batalla legal sigue”, aclara el letrado.
4. ¿Qué buscan las víctimas?
Solo 12 de las 124 víctimas, entre heridos y familiares de fallecidos, no aceptaron hasta ahora el acuerdo reparatorio. “No quieren dinero, sino justicia y la garantía de no repetición”, dijo su abogado, Teófilo Benítez, en entrevista con Milenio TV.
Muchas de las otras víctimas, como Remigio Gayosso, aspiran a que este proceso -que apenas arrancó- llegue pronto a su fin. “Queremos terminar con esto y llegar a un acuerdo [con las otras empresas] lo más pronto posible”, le dice a BBC Mundo.
Este hombre de 42 años y padre de dos niñas resultó gravemente herido con fracturas en un brazo y una pierna cuando regresaba a casa en metro de su trabajo como vendedor de pizzas. Tras varias operaciones, define su estado de salud “al 90%”, pero dice que aún no pudo volver a trabajar por los dolores y terapias que todavía debe seguir.
Gayosso señala tanto a funcionarios que estuvieron a cargo de la obra como a las empresas constructoras como responsables de lo ocurrido. “Entre ellos se echan su bolita y estamos decepcionados de que no aparezcan los culpables”, dice.
Preguntado sobre si ve más factible que se llegue a otros acuerdos de indemnización antes que los presuntos responsables sean sancionados, reconoce que “algunas víctimas necesitan mucho el apoyo económico porque no van a poder trabajar más, su vida cambió radicalmente tras el accidente”, aunque opina que aquellos que perdieron algún familiar “no se conformarán con una indemnización nada más”.
“Estamos peleando por justicia para los que perdieron familiares, los que perdieron la vida. Lucharemos hasta las últimas consecuencias, hasta que se haga justicia”, concluye.
5. ¿Cómo seguirá el proceso?
La audiencia prevista para este lunes en la que los diez investigados iban a ser formalmente imputados fue aplazada hasta el 6 de junio, aunque el abogado Estupiñán no descarta que pueda volver a alegarse otro motivo por parte de los señalados que desemboque en una nueva demora.
Sobre si podría aumentar el número de investigados durante el proceso, el letrado asegura que “sí hay posibilidad, y así debería ser”. Sin embargo, “hemos solicitado al Ministerio Público que se amplíe la investigación respecto a las empresas responsables, pero no parece haber disposición de hacerlo”, declara.
Muchas voces exigieron actuar contra el actual secretario de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, quien era alcalde de la capital cuando se inauguró la línea 12 a escasas semanas de que dejara su cargo. Pero el canciller negó cualquier responsabilidad.
“Yo creo que es muy difícil que el jefe de gobierno pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro que tenía autonomía técnica y financiera (…). Yo cumplí con mi deber en ese momento, hice lo que tenía que hacer”, aseguró el pasado octubre.
Mientras, lo que siguen adelante son las obras de reparación del tramo de metro colapsado. Como parte del acuerdo entre Grupo Carso y el gobierno de Ciudad de México, la empresa trabaja en “la reconstrucción y reforzamiento” del tramo elevado que se vino abajo, subrayó la fiscal Godoy.
Las autoridades capitalinas estiman que pueda reanudar sus actividades el próximo mes de diciembre. Muchas de las víctimas, sin embargo, abogan por que la línea sea derribada por completo y reconstruida desde cero para evitar la sombra de cualquiera de las fallas que persiguieron a esta infraestructura desde su origen.
Por Marcos González Díaz
BBC Mundo
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