Renunció el interventor adjunto de los medios públicos, Diego Marías

El interventor adjunto del sistema de medios públicos, Diego Marías, presentó su renuncia antes de cumplir un mes en su cargo. Marías, quien acompañaba al interventor Diego Martín Chaher en la auditoría de Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, había sido designado el lunes 5, a través del decreto 117/2024. El área fue puesta bajo el control de la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse. La renuncia fue confirmada por el funcionario a LA NACION.

Diego Sebastián Marías fue diputado en la Legislatura porteña entre 2017 y 2019 por el bloque de Pro. Antes de eso se había desempeñado como funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, junto al entonces ministro Esteban Bullrich. En su paso por la cámara de la ciudad participó activamente en la redacción del Código Electoral que rige en el distrito, al ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Al terminar su mandato fue designado como integrante del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados de la Capital Federal.

Su renuncia al cargo, que se dio en los mejores términos –según fuentes con conocimiento de la decisión del funcionario–, tiene que ver con la necesidad de agilizar la toma de decisiones y tornar más eficientes los procesos internos del sistema de medios públicos. Chaher continuará como interventor.

Cristian Sedam, que estaba a partir de esta semana como gerente de Contenidos Públicos –reúne a las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV y Cont.ar– también se desvinculó de su cargo, aunque hay versiones encontradas sobre las razones de su renuncia.

De acuerdo al texto oficial del decreto, la intervención debe “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades” que será puesto a consideración del Ejecutivo; evaluar, modificar el Estatuto para el personal del organismo o aprobar uno nuevo; modificar el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios. Están habilitados a modificar la denominación de los organismos -aunque también deberán contar previamente con la conformidad de la Casa Rosada-, a revisar la administración de compras y contrataciones; disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado en el que se encuentran, así como presentar la rendición de cuentas.

A tono con las ideas del presidente Javier Milei de reducir al mínimo los gastos del Estado y con su intención de privatizar estas empresas -que expresó en más de una ocasión- la intervención tiene como fin “operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornarlas sustentables”.

Con ese fin, los interventores también podrán “designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas”. No obstante, el decreto aclara también que “el detalle efectuado en los incisos precedentes es solo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del Interventor y del Interventor Adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios”.

“En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor y el Interventor Adjunto deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda”, señala.

En tanto, el decreto firmado por el mandatario y el ministro del Interior, Guillermo Francos, precisa también que “el Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto”.

Con la colaboración de Pablo Montagna

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