Guerra sin fin: acusaciones cruzadas entre Vicky Xipolitakis y su exmarido, Javier Naselli
La guerra entre Vicky Xipolitakis y su exmarido, Javier Naselli, parece no tener fin. El pasado viernes, el abogado de la mediática, Martín Francolino, solicitó el arresto domiciliario para el empresario y la prohibición de salir del país: Naselli -quien reside en Estados Unidos por cuestiones laborales- estaba de vacaciones en nuestro país cuando se declaró la cuarentena y se cerraron las fronteras.
"Naselli deposita 50 mil pesos por mes, que es lo que dispuso la Justicia por cuota alimentaria. Pero además le exigimos que pague la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, la mitad de la medicina prepaga, los impuestos y un montón de cosas que no está pagando", explicó el letrado en Hay que ver. "Como el alquiler no se paga, el dueño del departamento inició una demanda de desalojo. Él gana 500 mil dólares por mes porque es vicepresidente senior del banco UBS Investment Bank. Tiene una casa en los Hamptoms, un departamento en Tribeca, dos en el estado de Nueva York, otro en Palm Beach, Florida. Y tiene autos Ferrari, Mercedes Benz, negocios en Panamá, hoteles. Está todo declarado", detalló Francolino. "Pedimos la prisión domiciliaria porque consideramos que estamos en presencia de un caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso".
Guadalupe Guerrero, abogada de Naselli, respondió en Intrusos, el ciclo de América. "El viernes pedimos habilitación de feria judicial para que el señor Naselli pueda revincularse con su hijo, Salvador Uriel. La revinculación iba a empezar a hacerse pero se suspendió porque entramos todos a la cuarentena. A raíz de este pedido, la otra parte se vio amenazada por esta vinculación y pidió el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. El juez lo rechazó inmediatamente porque no cumple con ninguno de los requisitos", señaló.
"Nunca hubo intento de fuga, el señor Naselli siempre se presentó cuando se le requirió e informó su domicilio también. Ese pedido es poco serio, y no está fundado jurídicamente. Las fronteras están cerradas y ese pedido habla hasta de una irresponsabilidad de la otra parte", apuntó Guerrero. Y también agregó: "Mi cliente paga lo que ordenó el juzgado, la mitad del alquiler de la casa en la que habita su hijo y la cuota alimentaria que reglamentó el juez".
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