Qué propone la ley de emergencia cultural que espera su debate en Diputados
En el contexto pandémico y con toda la amplia actividad artística y cultural atravesando un momento verdaderamente crítico, los distintos actores de este vital entramado reclaman al Gobierno como a las distintas gobernaciones y a la Ciudad Autónoma medidas para poder atravesar esta delicada situación que tiene al sector paralizado desde marzo último.
Esta semana, en la accidentada y polémica sesión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, se convirtió en ley el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que deberá ser instrumentado por el Ejecutivo. Originalmente, en ese mismo encuentro iba a debatirse una medida similar destinada a la actividad artística y cultural que ya había sido tratada en el Senado. Inicialmente, el proyecto abarcaba a los dos sectores, pero en debate en la Cámara Baja se decidió separarlos aunque, en la práctica, las medidas son similares para ambos universos.
El proyecto original, que había sido aprobado en el Senado la semana última, apunta al sostenimiento y la reactivación del sector con una serie de acciones puntuales que, de aprobarse, tendrían vigencia hasta el 31 de diciembre, quedando facultado el Ejecutivo nacional para prorrogarla. El universo de la norma abarca a todos aquellos en el territorio nacional que realicen actividades de creación, producción, comercialización y exhibición de obras culturales. Esto es: teatros, cines, salas de conciertos, museos, galerías de arte, clubes de música, centros culturales, bibliotecas o librerías de todo el país. De ser aprobado este instrumento, deberá ser puesto en marcha por el Ministerio de Cultura de la Nación que encabeza Tristán Bauer.
En su articulado, la ley establece una asistencia de emergencia excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de las personas vinculadas a la actividad que se encuentren desocupadas, que se desempeñen en la economía informal o que sean monotributistas (inscriptos en las categorías A, B, C y D, hasta diciembre 2020). El importe será un equivalente a un salario mínimo (casi 17.000 pesos) que se abonará hasta fin de año. Será el Ministerio de Cultura el que definirá la modalidad para determinar el universo de solicitantes.
En lo que hace a empresas, organizaciones comunitarias de la cultura, artistas o trabajadores culturales, la norma también establece la prórroga de impuestos a las ganancias por un plazo de 180 días y sobre los bienes personales, la suspensión de ejecuciones fiscales, la reducción del 95 por ciento a las contribuciones patronales y estipula que las empresas prestadoras, comercializadoras o distribuidoras de los servicios públicos de electricidad no podrán cobrar la potencia originalmente contratada sino solamente el consumo real, debiendo aplicar los ajustes retroactivos desde el momento que se establecieron las medidas sanitarias. Lo mismo se aplicará para el consumo de gas y agua.
El capítulo cuarto establece un programa de crédito a tasa subsidiada destinado a la adquisición de capital de trabajo, equipamiento de seguridad sanitaria relacionada al Covid-19, el sostenimiento de la organización, el ajuste a protocolos para retomar la actividad, la adecuación digital o el pago de servicios públicos o de cualquier otro gasto fijo. Los créditos serán devueltos en un plazo máximo de 6 meses de gracia, tendrán una tasa del 15 por ciento en las primeras 12 cuotas de las 24 previstas.
¿Cuándo se debatirá esta ley de emergencia cultural? Eso lo definirá la política en medio de la puja actual entre el bloque oficialista y el sector más numeroso de la oposición. La norma destinada a ayudar al sector turístico contó con 127 votos afirmativos y dos abstenciones de los representantes del Frente de Izquierda que, entre otros puntos, se opusieron a la reducción de los aportes patronales. De aprobarse en Diputados, la norma, dado que tiene algunas modificaciones del proyecto original, debería volver a la Cámara alta para refrendar esos cambios y luego el Ejecutivo Nacional deberá reglamentarla para ponerla en funcionamiento.
Por Alejandro Cruz
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