Llueve sobre mojado: Joaquín Sabina deberá pagar 2,5 millones de euros por evasión fiscal

Joaquín Sabina ha recibido un último golpe en el sonado caso por evasión fiscal. La Audiencia Nacional de España ha desestimado su recurso contra una liquidación de 2,5 millones de euros por no declarar correctamente sus derechos de autor hace más de una década. En 2019 había perdido una serie de pleitos contra la Agencia Tributaria de su país. Su agente afirmó que no quería comentar la sentencia.

El 27 de enero de 2017, el Tribunal Económico Administrativo de Madrid desestimó el reclamo de Joaquín Sabina contra la Inspección de Hacienda, que le sancionó por sus declaraciones de la renta en 2008, 2009 y 2010, algo que ratificó el Tribunal Económico Administrativo Central dos años después. Entonces, el cantante recurrió a la Audiencia Nacional, que el pasado 13 de abril volvió a rechazar sus pretensiones.

La Audiencia revisa las relaciones de Sabina con tres sociedades en las que también participa su familia: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de mis Niñas. En ellas gestiona un velero, libros antiguos, dos inmuebles en Madrid y uno en Rota (Cádiz) y, sobre todo, sus derechos de autor. Según la sentencia, “el demandante había cedido a las empresas Relatores y El Pan de mis Niñas derechos de autor de su obra y de la que compusiera en un futuro y por esta cesión no percibía cantidad alguna según sus declaraciones tributarias”.

Entre 2008 y 2010, las tres sociedades declararon ingresos de 2,25 millones, 2,74 millones y 7,58 millones de euros. La sentencia destaca que todos los ingresos procedían de las actividades de Joaquín Sabina, “realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa...”, y de la cesión gratuita de los derechos de autor. Pero que, en realidad, ofrecían un “servicio personalísimo” del cantante. Ese es el término que usa la Justicia a menudo cuando le da la razón a Hacienda: considera que las empresas no aportan nada a la gestión y que son solo un instrumento para “escamotear” dinero al fisco.

No es la primera vez que Sabina tropieza con la Agencia Tributaria. La propia sentencia relata que está resolviendo una cuestión “prácticamente idéntica a la que ha sido formulada y resuelta por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid”, que entre finales de 2018 y principios de 2019 tumbó las pretensiones del artista. Los jueces concluyen: “En virtud de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, procede llegar a la misma conclusión desestimatoria”.

Sabina intentó desligarse de una de las sociedades con el argumento de que, en realidad, había transmitido las participaciones hace 20 años. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró “que los hechos alegados aparecen como inverosímiles”. “No es verosímil que alguien que participa minoritariamente (menos del 25 por ciento) en el capital de una sociedad (Ultramarinos Finos) reciba de esta, en concepto de sueldo, 65.000 euros por prestar un trabajo que a la sociedad le ha generado unos ingresos de 7.091.940 euros en 2010″.

La defensa de Sabina intenta al menos anular la sanción que le impuso Hacienda. Alega que “regularizó en una interpretación razonable de la legalidad”. Hace una década era muy habitual el uso de estas sociedades, y Sabina estuvo asesorado por el bufet Nummaria, que ha llevado a Ana Duato y a Imanol Arias a tener un proceso penal en la Audiencia Nacional.

El cantante anunció en 2014 que Hacienda le había requerido el pago de cuatro millones de euros. En 2019, la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) llegó a denunciar a Sabina y a otros autores ante la Fiscalía de Delitos Económicos por gestiones con sus derechos de autor, pero el ministerio público no vio delito y envió el caso a Hacienda.

El autor de “Dieguitos y Mafaldas” anunció una gira de despedida de los escenarios para el próximo año.

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