Scarlett Johansson y Disney firmaron la paz y dejaron atrás un ruidoso choque por los ingresos de Black Widow

A través de un acuerdo extrajudicial cuyos detalles permanecen en secreto, Disney y Scarlett Johansson pusieron fin a un ruidoso enfrentamiento que en un momento amenazó con alterar para siempre las relaciones laborales y contractuales entre los grandes estudios de Hollywood y sus estrellas más cotizadas.

“Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney. También me siento increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y pude disfrutar enormemente la relación creativa que se estableció con el equipo del estudio. Espero continuar esa colaboración en los próximos años”, señaló Johansson en un comunicado oficial difundido en las últimas horas de ayer.

“Estoy muy satisfecho de que hayamos alcanzado un acuerdo mutuo con Scarlett Johansson. Apreciamos sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y esperamos trabajar juntos en una serie de futuros proyectos, entre ellos la película Tower of Terror”, señaló el responsable de los contenidos de Disney Studios, Alan Bergman, en otra declaración emitida de manera simultánea que buscar cerrar el conflicto.

Pocos imaginaron que las dos partes alcanzarían la paz de una manera tan rápida después de un virulento cruce de declaraciones, reproches, cuestionamientos y amenazas que habían alcanzado un tono infrecuente para las habituales relaciones entre los estudios y sus actores de perfil más alto en la industria del entretenimiento más poderosa del mundo.

El conflicto había estallado el 29 de julio último, cuando Johansson decidió llevar a Disney a los tribunales de Los Angeles después de acusar al estudio de haber perdido muchísimo dinero por la decisión “unilateral” de la compañía de estrenar la película Black Widow (de la cual ella es protagonista) al mismo tiempo en los cines y en la plataforma de streaming Disney+. El argumento más fuerte de Johansson apuntaba a que la decisión terminó beneficiando económicamente a los más altos ejecutivos del estudio dirigido por Bob Chapek, y posicionar favorablemente a la plataforma con ingresos que en realidad le correspondían a la actriz.

Disney respondió acusando a la actriz de mostrar “una indiferencia cruel por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de Covid-19″, reveló que le había pagado a Johansson 20 millones de dólares por la película de Marvel y calificó de “triste y angustiosa” la decisión de llevar el caso a la Justicia. El contraataque de Johansson no se hizo esperar: a través de sus letrados acusó a Disney de “tratar de ocultar su mala conducta” al pedir que la causa deje los tribunales y se resuelva en una instancia de arbitraje privado conocida en Estados Unidos como “arbitrarion”.

El acuerdo, según adelantaron algunos medios de Hollywood, tiene un costo para ambas partes. Al quedar sin efecto el planteo judicial de la actriz, cuando ya estaba confirmada una primera audiencia en marzo de 2022, caen las expectativas de un cambio en las futuras negociaciones entre actores y estudios, imaginada para equilibrar situaciones que no pocas figuras creían desventajosas frente a la posición de las firmas más fuertes de la industria.

Del otro lado, el acuerdo que llevó adelante Disney a través de su abogado Dan Petrocelli significó también un alto costo económico para el estudio. Aunque los números y las cláusulas del acuerdo son confidenciales, trascendió que Disney pagaría alrededor 40 millones de dólares (en varias cuotas) para saldar definitivamente el entredicho. Otros medios sostienen que Johansson habría reclamado una compensación de 50 millones para firmar la paz.

Se confirmen o no estas cifras, los analistas de Hollywood coinciden en que Disney logró otro de sus objetivos al asegurar una resolución reservada del conflicto. La estrategia legal de Petrocelli logró que el caso saliera del debate público de los tribunales para resolverse en el ámbito privado previsto por las reglas de la “arbitration”, según las cuales las dos partes aceptan que un tercero, de manera rápida y alternativa, tome una decisión que se reconoce como inapelable.

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