El cine argentino, en estado deliberativo por el futuro del Incaa y las incógnitas que pesan sobre el sector
“El recorte, si se aplica, es muy fuerte. Esta ley hace que el Incaa deje de ser lo que era, tal como lo conocimos hasta ahora”, advierte el presidente de la Academia del Cine de la Argentina, Hernán Findling
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Poco después de que el Gobierno enviara al Congreso en los últimos días de 2023 la Ley Ómnibus, la mayoría de las entidades dedicadas a la actividad cinematográfica en la Argentina entró en una suerte de estado deliberativo. La preocupación del sector no dejó de crecer desde ese momento a partir de los cuestionamientos a la iniciativa oficial, sobre todo en el capítulo dedicado al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
De aprobarse las reformas propuestas por el Ejecutivo, el Incaa perdería buena parte de los ingresos con los cuales se financia el Fondo de Fomento Cinematográfico del organismo, que empezaría a depender en buena medida de los recursos que año a año se incluyan en el Presupuesto Nacional. “El recorte, si se aplica, es muy fuerte. Esta ley hace que el Incaa deje de ser lo que era, tal como lo conocimos hasta ahora”, explica a LA NACION el presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, Hernán Findling.
La entidad, integrada por representantes de todas las ramas de la actividad cinematográfica local (actores, productores, directores, guionistas, técnicos y especialistas), es la encargada de elegir cada año qué película representará a nuestro país en las competencias por los principales premios internacionales: el Oscar, el Goya y otros galardones directamente conectados con el cine iberoamericano o hispanoparlante: Platino, Ariel, Colibrí, Macondo. También entrega cada año distinciones propias y específicas (los premios Sur) a lo más destacado de la producción del cine nacional. En la actualidad, la Academia cuenta con 457 miembros activos habilitados para ejercer todas estas instancias del voto y la actual conducción espera llevar ese número al millar.
Findling, que acaba de iniciar su segundo mandato de dos años, dice que la entidad tomó la decisión de involucrarse cada vez más en los debates sobre las políticas audiovisuales en la Argentina. “Sin intención de pronunciarnos desde un compromiso partidario o ideológico, pero sí para afirmar fuertemente nuestro reclamo en defensa de la cultura, de la industria, del cine y de las artes audiovisuales”, aclara.
Hasta el momento, otras instituciones del quehacer cinematográfico local ya tomaron posición frente al tema. El Espacio Nacional Audiovisual declaró que el proyecto de Ley Ómnibus “pone en riesgo la continuidad del cine” y de una industria audiovisual “que genera trabajo genuino para más de 600.000 personas y representa el 5,2 por ciento de la economía nacional”.
Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) se declaró “en estado de alerta y movilización” y señaló que el proyecto oficial incluye “medidas y derogaciones que producen un grave desfinanciamiento del Incaa”, lo que llevaría “en muy corto tiempo a su total desaparición”. Para la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, el Incaa es una institución perfectible, “pero tan fundamental para la actividad audiovisual que todos los países del mundo tienen instituciones similares”.
Findling dice que llegado el momento la Academia que preside hará pública su posición sobre el tema. “Es un hecho indiscutible, lo mire quien lo mire, que la Ley Ómnibus hiere al Incaa, lo afecta fuertemente. Este organismo es la base del semillero de quienes serán en el futuro los grandes productores y directores del cine argentino. Y esa base debe mantenerse sí o sí. Además, la ley saca directamente de la órbita del Incaa a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica y a las escuelas provinciales. Es como si fuesen forzadas a cerrar. Y también sacan recursos para Ventana Sur y para el Festival de Mar del Plata, el único clase A que tenemos, y debe ser defendido a capa y espada”, agrega.
El titular de la Academia local reconoce que pudo haberse dado en el pasado inmediato un debate profundo respecto de la situación del Incaa y su funcionamiento para evitar consecuencias como las que enfrenta hoy el sector. “Hay muchas cuestiones para mejorar y potenciar y también hay una realidad indiscutible: el cine puede traer un montón de dinero a la Argentina. Estamos muy bien vistos en el mundo, no solo en el ámbito íberoamericano. El problema es el de siempre. El aspecto financiero-económico siempre prevalece por sobre las cuestiones creativas y artísticas. Tal vez sea medio naïf con estas cosas, pero estoy convencido de que es posible un cambio”, explica.
Findling dice que un modelo posible a seguir es el de Corea del Sur, donde se aplicó una mezcla entre ciertas políticas económicas de tipo ortodoxo y acciones de fuerte proteccionismo a distintos ámbitos, que en el caso del cine se manifestó a través de una cuota de pantalla elevada en favor del cine nacional. De esta manera, explica, se logró recuperar espacios de exhibición para las producciones nacionales.
“Llegamos a tener en su momento el 18 por ciento del total del público que fue al cine a lo largo de un año. Tuvimos un período largo en el que alcanzamos un promedio del 15 por ciento”, dice sobre un tiempo en el que el cine argentino combinó el riesgo artístico con la búsqueda de la mayor cantidad de espectadores posibles. Ese equilibrio se perdió casi por completo después de la pandemia, cuando la producción nacional dejó de tener una presencia fuerte en la taquilla y buena parte de los proyectos más ambiciosos se concentraron en las plataformas de streaming con lanzamientos directos a través de ellos.
Según los números de Ultracine, en todo 2023 hubo un total de 326 estrenos nacionales, pero la participación del cine argentino en el total de la convocatoria de público fue de apenas un 7 por ciento, mejorado al final del año gracias al éxito de taquilla de los documentales del Mundial. Solo seis títulos superaron en los cines los 100.000 tickets vendidos.
¿Se podría recuperar a todo el público que veía cine argentino y lograba llenar muchas veces las salas con las películas más convocantes hasta que la pandemia cambió por completo ese hábito? Findling está convencido de que es posible. “No es un trabajo con resultados inmediatos, pero valdrá la pena hacerlo. El cine argentino tiene que reconfigurarse. Para alcanzar ese objetivo deberían modificarse ciertas cuestiones económicas generales y extender a todo el país las políticas de estímulo a los rodajes, devolución de impuestos y cash rebate que se aplican hoy con distintas modalidades en 20 de las 24 provincias”, afirma. Y dice que un camino posible, impulsado por la Academia, es el aliento a la realización de películas coproducidas por dos o más provincias (para evitar que todo, como hasta ahora, pase inevitablemente por Buenos Aires) y estimular la federalización.
En el medio está toda la incertidumbre que envuelve al presente y al futuro del Incaa, que no tiene autoridades designadas por el actual Gobierno y queda expuesto a cambios muy grandes si se aprueba la Ley Ómnibus. “El sector que más se perjudica con lo que dice el proyecto oficial es el de los productores chicos y medios –concluye Findling-. También los autores de óperas primas y aquellos creadores que quieren dar el primer paso. A ellos el Incaa siempre los ayudó, pero los recursos que tenía hasta ahora para apoyar a estos sectores se van a reducir significativamente en este nuevo escenario. Si se aprueba la ley, el dinero disponible en el Incaa va a ser muy poco y la ayuda prácticamente nula”.
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