En la Argentina, el Congreso sigue sin regular la privacidad en internet
Esto le paso a Juliana Tomas, casada y madre de mellizos de siete meses. Un día de junio de 2001, mientras trabajaba en un estudio jurídico de la Capital Federal, quiso abrir su cuenta en Yahoo!, y se sorprendió: “Me decía que la contraseña era incorrecta y yo no la había cambiado. Ahí me di cuenta de que la casilla había sido hackeada”. Más tarde, comprobaría que su jefe, el Dr. dg, también había ordenado la intercepción de sus comunicaciones por la intranet del estudio. “El sospechaba que yo desviaba trabajos y clientes a otras empresas, por eso se metió en mis comunicaciones.” Bajo las órdenes de dg, el personal de sistemas entró en la casilla de Juliana mediante el añejo pero efectivo método del ensayo y error: respondiendo hasta acertar las preguntas que se hacen al usuario cuando olvida su clave.
Juliana entonces inició una querella penal por violación a la confidencialidad de su correspondencia. El 18 de mayo de este año, un fallo de la Sala 1 de la Cámara Nacional Criminal y Correccional confirmó la nulidad de lo alegado por dg, por considerar lo actuado como una invasión a la privacidad. Hoy, el abogado dg, ex jefe de Juliana, tiene prisión en suspenso y el proceso continúa en el Juzgado Correccional Nº 1.
También espera resolución judicial (en el juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 39) la causa de Ariana Paula Reisin, quien denunció a su ex pareja por haberle leído los mensajes y usar su casilla haciéndose pasar por ella. “Ariana quedó muy afectada por el tema, nadie sabe qué puede hacer un hombre alterado cuando se apropia de tu casilla, que es como apropiarse de tu identidad”, dice Silvana, su hermana.
Estos casos son representativos de la vulnerabilidad en que se encuentran hoy los usuarios de las 16 millones de casillas de mail que hay en la Argentina: ante la falta de una ley que regule el tema, las alternativas pasan por demandas aisladas.
Según Gustavo Tanús, abogado especialista en derecho informático, en nuestro país “no existe ninguna norma que ampare específicamente la privacidad del correo electrónico, si bien diversas normas del sistema jurídico protegen la inviolabilidad de la correspondencia y amparan el secreto de las comunicaciones”. Para Damián Loreti, también abogado y director de la carrera de Comunicación (UBA), “no hay que regular tecnologías, sino conductas. Porque las tecnologías se modifican rápidamente, entonces puede haber una ley muy obsoleta en muy poco tiempo”.
La jurisprudencia indica que en marzo de 1999, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional estableció que debe equiparse el correo electrónico con el tradicional. En ese momento se decidió que aquél “posee características de protección de la privacidad más acentuadas” que el postal, “ya que para su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, el nombre de usuario y un código de acceso que impide a terceros la intromisión en los datos que a través del mismo puedan emitirse”. El fallo fue el resultado de una querella iniciada por Edgardo Martolio –ex director del diario Perfil– contra Jorge Lanata, a raíz de la publicación, en lo que por entonces era la revista Veintiuno, del contenido de correos electrónicos internos del diario.
Desde los programas que filtran palabras clave, hasta el monitoreo completo de la casilla de mail, la vigilancia en el trabajo es una realidad cotidiana: cualquier responsable de seguridad de una empresa admite que puede saber absolutamente todo lo que hace una persona con su cuenta de mail.
La ley de protección del correo electrónico, una herramienta necesaria para que la cuestión no sólo esté en manos del criterio particular de cada juez, espera su aprobación en el Congreso. Desde el año 2000, impulsados por la burbuja del y2k, se presentaron distintos proyectos que nunca lograron aprobarse. Uno de ellos llegó a tener media sanción en Diputados en agosto de 2002, pero el Senado no consideró conveniente modificar el Código Penal, y como la vigencia de los proyectos es de dos años, todo volvió marcha atrás. Allí se destacaba: “Cuando la dirección o casilla de correo electrónico sea provista por el empleador para uso del empleado (…) se entenderá que la provisión se ha realizado para su uso exclusivo”, extendiendo a las casillas la confidencialidad que las equipara con la correspondencia postal. Pero se dejaba una puerta abierta al control de las comunicaciones electrónicas: “El empleador deberá notificar fehacientemente al empleado su política respecto del acceso y uso del sistema de correo electrónico en el lugar de trabajo”.
Si alguien es echado por el uso indebido de su casilla laboral –las causas más comunes son su utilización para enviar material pornográfico o desarrollar un negocio paralelo– y fue avisado por las políticas de uso, ese despido puede considerarse justificado. Actualmente, tanto Diputados como Senadores parecieran tener la voluntad política de sacar la ley, ya que lograron unificar, en dos borradores, proyectos presentados entre el año pasado y éste.
Hasta ahora, los caminos hacia una legislación informática han sido más que sinuosos. Es que para Damián Loreti, “en general los políticos no se han acercado a los problemas de la tecnología”. Mientras tanto, todo lo que escribas puede ser usado en tu contra, tanto para alimentar amores enfermizos, como para apropiarse de información valiosa o simplemente vigilar tu vida.
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