“Zancudos”, opositores presos y un ganador anunciado: las claves para entender las elecciones en Nicaragua
Especialistas de organismos internacionales tildaron de “farsa” los comicios en los que Daniel Ortega busca su cuarto mandato y hablan de “una fachada de pluralidad”; qué puede pasar a partir de mañana
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LA NACIONDelfina Galarza
Sin contendientes no hay contienda. Con una oposición encarcelada y fuera de juego, muchos se preguntan quiénes son los políticos que este domingo compiten contra Daniel Ortega en las elecciones presidenciales en Nicaragua. Los nombres de Guillermo Osorno, Walter Espinoza, Marcelo Montiel, Gerson Gutiérrez Gasparín, Mauricio Orúe, pasan desapercibidos en el país caribeño. En cambio, los llaman candidatos fantasmas, títeres, zancudos o mosquitos. Un desfile de completos desconocidos.
“Si fueran auténticos candidatos presidenciales de la oposición, seguramente ya estarían presos”, ironizó el director para las Américas de Humans Right Watch, José Miguel Vivanco, al poner en jaque la idoneidad de los aspirantes que hoy se presentan en las urnas nicaragüenses.
En Nicaragua es bien conocido el término de “zancudismo”, no así las caras de quienes se disputan hoy las presidenciales en las que Daniel Ortega busca su tercera reelección. Y todo indica que, más allá de cualquier reparo en cuanto a la legitimidad de las elecciones o sospecha de proceso fraudulento, lo logrará.
La incorporación de “partidos zancudos” o “mosquitos” se remonta a una vieja práctica política implementada por la dictadura de Somoza, que consiste en la incorporación de candidatos sin base militante o muy baja representatividad que se presentan en los comicios en busca de un beneficio. Es decir, a cambio de una prebenda por parte del poder de turno.
“Esta ha sido una práctica histórica en la cultura política nicaragüense. Lo que hace el Frente Sandinista es continuarla desde 2008 hasta ahora. A partir de entonces, se han presentado desconocidos en todas las elecciones. Gente que la ciudadanía no conoce”, explicó a LA NACION Danny Ramírez-Ayérdiz, miembro del grupo de estudios sobre Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet.
“Se crean estos partidos en los papeles pero que no tienen, en realidad, ninguna base de militancia, sino que se conciben para, según palabras del sociólogo Oscar René Vargas, chupar la sangre de los nicaragüenses a través de las prebendas y beneficios que el partido sandinista les otorga a estas personas que presentan su candidatura”, aclaró Ramírez-Ayérdiz.
Candidatos “fantasma” y detenidos
“Basta con ver las noticias del propio oficialismo para darse cuenta que estos candidatos no existen en el debate público. Son fuerzas políticas minoritarias que no compiten, sino que sirven para mantener una fachada de pluralidad”, indicó Antonia Urrejola, comisionada y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Urrejola explicó a LA NACION que desde el organismo internacional no realizaron ningún tipo de seguimiento de los candidatos- con excepción de Ortega- justamente porque no ejercen ningún rol de liderazgo. “Lo que nos preocupa de esta crisis, no solo de derechos humanos, sino política, es la concentración y el debilitamiento de poder. Las elecciones de este domingo se dan en un contexto donde no existe la separación de los poderes, no hay periodismo independiente, las organizaciones de la sociedad civil son permanentemente hostigadas. No hay posibilidad de ninguna manifestación que sea contraria a la narrativa”, subrayó la vicepresidenta de CIDH.
“Quienes podrían dar esa pluralidad están todos presos”, advirtió luego la representante de la CIDH en Nicaragua, en relación a la detenciones de 39 opositores, entre los que se encuentran siete precandidatos de la oposición.
A medida que dieron a conocer su precandidaturas, Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Arturo Cruz, Féliz Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y Noel Vidaurre fueron acusados de “corrupción”, “traición a la patria”, o “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, entre otros cargos.
Del grupo de opositores encarcelados solo dos permanecen bajo arresto domiciliario. Los demás se encuentran incomunicados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, ubicada en el centro de la capital de Managua. Un punto que acumula cientos de denuncias desde el estallido en 2018 y que, según señalan muchos nicaragüenses en conjunto con varios organismos de derechos humanos, volvió a convertirse en un centro de torturas clandestino, como en tiempos del somocismo.
En el caso de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien resonaba en la encuestas como la opositora de mayor peso, quedó desde junio recluida e incomunicada en su habitación. En tanto, Vidaurre, de 66 años, que competía por la candidatura de la Alianza Ciudadanos por la Libertad también fue puesto “bajo custodia policial” en su domicilio.
“Es interesante porque no es que los precandidatos se presentaron todos de golpe. Fue una seguidilla, ni bien se lanzaba uno, inmediatamente surgía el accionar del gobierno con un intento de criminalización. Después se presentaba otro y sucedía lo mismo”, explicó a este medio Amerigo Incalcaterra, exrepresentante regional de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).
“Así, el gobierno dio un mensaje muy fuerte a la sociedad civil: que nadie se atreva a competir contra la propuesta de Daniel Ortega y Rosario Murillo porque no va a tener éxito”, remarcó el exfuncionario de la ONU, que en 2018 participó del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que visitó el país por seis meses para realizar un seguimiento exhaustivo de la crisis desatada aquel año.
El informe realizado por el GIEI sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua ahondó en la responsabilidad que tuvo el estado nicaragüense a la hora de recurrir al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas de las protestas. Asimismo, a lo largo de su investigación dio cuenta de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la existencia de centros clandestinos de detención que al día de hoy continúan vigentes.
Quiénes son los candidatos
“Es una farsa abierta. Los candidatos son títeres que seguramente reciben a cambio cuotas, aunque no de poder, económicas. No se puede decir otra cosa, es falso lo que está sucediendo. Es un descaro, sin ningún pudor”, remarcó Incalcaterra sobre el proceso electoral y los cinco aspirantes presidenciales de los que poco y nada conoce la sociedad nicaragüense.
“Las elecciones de hoy son una farsa. Ningún país con un mínimo compromiso con la democracia puede reconocer los resultados”, sentenció, por su parte, Vivanco.
Llama la atención la excesiva prudencia con la que estos candidatos se mueven -en sus contadas apariciones públicas- a la hora de hablar de la crisis que atraviesa el país o sobre las detenciones a opositores políticos.
“Son operadores políticos del Frente Sandinista que han sido militantes del partido o le deben favores al espacio liderado por el orteguismo. Ahora, que sean partidos zancudos no significa que en el pasado no hayan tenido una relevancia. Lo que pasa es que el gobierno al frente del Consejo Supremo Electoral (CNE) a descabezado a sus autoridades quitándoles la personería jurídica, es decir la dirección del partido y se la dio a sus servidores políticos”, argumentó Ramírez-Ayérdiz.
Se trata de Guillermo Osorno, Walter Espinoza, Marcelo Montiel, Gerson Gutiérrez Gasparín, Mauricio Orúe tildados de “colaboracionistas” o “zancudos”, que en plena carrera electoral se caracterizaron por su pasividad, poca interacción con la prensa, y por soslayar sus críticas contra el orteguismo.
Gerson Gutiérrez Gasparín, Alianza por la República (APRE)
Con 29 años, es el aspirante presidencial más joven que se candidatea en representación del partido minoritario de la Alianza por la República (APRE) que obtuvo sólo el 1,4% en las elecciones pasadas. El candidato, desconocido hasta hace pocos meses por gran parte de la sociedad nicaragüense cobró cierta notoriedad y se transformó en uno de los personajes de mayor perfil mediático luego de compararse, durante una entrevista, con el presidente del Salvador, Nayib Bukele, considerado por algunos como un “populista 2.0″. Además, su imagen comenzó a circular en las redes sociales después que se viralizaron una fotos supuestamente de Gasparín con una remera de la Juventud Sandinista.
Guillermo Osorno, Camino Cristiano Nicaragüense (CCN)
Es un pastor evangélico que pertenece al partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y es una de las figuras más controversiales, a quien muchos acusan de “operador político” del Frente Sandinista. “Osorno fue pastor evangélico en una de esas ‘mega iglesias’ bien controvertidas, al igual que su gestión. También fue diputado por el CCN, señalado por no pronunciarse con una posición ética crítica al sandinismo”, resaltó Ramírez-Ayérdiz.
Walter Espinoza, Partido Liberal Constitucionalista (PLC)
De 41 años, el candidato Partido Liberal Constitucionalista (PLC) es actualmente diputado en la Asamblea Nacional. Si bien el espacio político que integra tuvo gran adhesión antes del triunfo de Ortega en 2007, su popularidad se vio afectada por escándalos de corrupción, según precisó sitio local 100% noticias.
Marcelo Montiel, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)
Es uno los candidato más desconocidos. Poco se sabe del político que integra la Alianza Libertal Nicaragüense, y de quien se estima ejerce el cargo de notario público. En sus escasos contactos con la prensa aclaró que cursa dos maestrías.
Mauricio Orué Vázquez, Partido Liberal Independiente (PLI)
Por último, el candidato presidencial por el PLI Mauricio Orúe, de 53 años, es también una figura polémica que ha sido vinculada con el sandinismo. Actualmente diputado en la Asamblea Nacional en Nicaragua, Orúe es uno de los legisladores a quien Estados Unidos revocó su visa, después de responsabilizarlo de ser “cómplice de socavar la democracia”.
El estallido Social
El contrato que mantenía el presidente Daniel Ortega con gran parte de la sociedad nicaragüense se quebró en 2018 a partir de la reducción del 5% en las jubilaciones, el incendio en la reserva Indio Maíz y el pedido de autonomía universitaria, como los detonantes explícitos que desataron una de las mayores protestas en el país centroamericano. Un estallido social que dejó al menos 328 muertos, 100.000 exiliados y derivó en miles de detenciones ilegales, según el relevamiento de los organismos de derechos humanos.
El descontento social en Nicaragua se afianzó además por los intentos de Ortega de querer instaurar una “dictadura familiar” junto con su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. Es una de las críticas que resuenan con mayor fuerza dentro del arco opositor, que acusa al mandatario de “repetir la historia” de Somoza, que se caracterizó por imponer una dinastía familiar opresora. El personalismo que rodea la figura de Ortega y su mujer creció de tal forma en la región que muchos nicaragüenses optan por llamarlos “la pareja presidencial”.
La crisis en Nicaragua abrió paso a varios intentos de diálogo con el gobierno nacional encabezados por los negociadores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un bloque conformado por diversos actores de distintas procedencias, entre los que destacaban, la Iglesia, empresarios, académicos, líderes estudiantiles, gremialistas y el movimiento campesino.
Si bien la coalición se conformó con el fin de negociar con el gobierno de Daniel Ortega una salida de la crisis y para pedir por la liberación de los presos políticos, tiempo después se transformó en un bloque opositor que terminó desdibujándose en 2020, abriendo el paso a otras figuras de peso político que hoy se encuentran detenidas.
Qué está en juego
A pesar de que los especialistas consultados por LA NACION prevén un triunfo anunciado para Ortega, pronostican una baja participación en los comicios, de no más del 40%. Por un lado, por la falta de candidatos opositores; por el otro, por un desencanto electoral que comenzó a gestarse en el país a partir de 2011.
Un factor importante es el llamado de gran parte del arco opositor de no participar de las elecciones, a modo de protesta y bajo la consigna: “quedémonos en casa”. Sin embargo, Martínez consideró otro motivo. “Varios no van a ir a votar por miedo a ser reprimidos o recibir algún tipo de represalia. Mucha gente en la calle podría poner al sandinismo nervioso. Por eso, se espera una participación bastante baja en las elecciones”, alertó el investigador del Conicet.
En relación al escenario poselectoral, Urrejola desestimó que se susciten manifestaciones por parte de la población civil, independientemente del resultado de la votación. “No creo, porque cuando hubo protestas pacíficas la represión fue muy brutal y además hay un contexto de hostigamiento y de prohibición de espacios democráticos”, analizó la comisionada.
En tanto, Incalcaterra vislumbró por parte del gobierno de Ortega un aumento de represión “ante cualquier foco opositor o una puja interna que facilite la fuga de aquellos que no se han mostrado tan leales a la pareja presidencial”. En ese sentido, el especialista también alertó por un eventual refuerzo de la estructura autoritaria.
“Lo que representan estas elecciones es la gran traición de un movimiento revolucionario que en su momento combatió una estructura represiva y autoritaria y dio la posibilidad de hacer cambios en la sociedad, pero que ahora se convirtió en la misma estructura de poder”, reflexionó Incalcaterra. “Es lo peor que le puede pasar a un movimiento revolucionario: convertirse en lo que ha combatido”, concluyó.
Por Delfina Galarza
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