Venezuela. Violencia, inflación, represión, escasez de alimentos y éxodo: este es el balance de 25 años de chavismo

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumió como presidente y se convirtió en el referente del movimiento bolivariano que el mes pasado cumplió un cuarto de siglo

“Cuando llegó Hugo Chávez, nosotros pensábamos que no llegaríamos a ser Cuba”, recuerdan los venezolanos sobre aquella fecha que finalmente fue un quiebre para la historia de su país. El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumió como presidente y se convirtió en el referente del movimiento bolivariano que el mes pasado cumplió un cuarto de siglo: el chavismo.

Veinticinco años después, la historia les demostró que aquel militar de izquierda y su movimiento –hoy representado por su sucesor, Nicolás Maduro- adoptarían un camino similar al del régimen cubano, con consecuencias muy palpables en la vida de sus ciudadanos. Violencia desenfrenada, una inflación que llegó a ser exorbitante, represión, y una grave escasez de alimentos y medicamentos convirtieron en calvario la vida de millones de venezolanos, especialmente en la última década, lo que obligó a muchos a embarcarse en un éxodo masivo que transformó al país. “Una de las grandes calamidades del siglo XXI latinoamericano”, sentencia Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en referencia a la situación actual de Venezuela.

Estos son cinco aspectos que grafican cómo se deterioró de Venezuela en este cuarto de siglo.

El colapso del sistema de salud

La crisis humanitaria en Venezuela continúa agudizándose y el sistema de salud no es una excepción. La población, sumida en una pobreza generalizada, depende del sistema sanitario público e incluso en algunas áreas ni siquiera hay nafta como para trasladarse a los centros médicos.

Antes del año 2000, los hospitales tenían fundaciones que recibían donaciones privadas para subsistir, pero con el chavismo en el poder, el Estado presionó para que estas desaparezcan y así tener más control sobre los fondos de los hospitales.

“Aquí el sistema de salud está prácticamente en coma, como si hubiésemos pasado una guerra civil”, define en diálogo con LA NACION Huníades Urbina, médico pediatra intensivista y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. La falta de inversión en infraestructura, la disminución de personal, la baja de operatividad de los servicios de laboratorio, rayos y todo tipo de estudios y la escasez de suministros médicos han debilitado progresivamente la capacidad del sistema para brindar atención adecuada.

Además, el país se encuentra en una profunda crisis hídrica que afecta al 90% de la población. “Si no hay agua no hay quirófano”, sentencia una médica venezolana que migró a Estados Unidos hace diez años. Algunos hospitales del interior del país tienen agua entre una y dos horas por día, por lo que deben recogerla manualmente y almacenarla en tanques para cirugías de emergencia. Según denuncias de trabajadores del área, no hay reposición de instrumental médico, por lo que en algunos sectores del país ni siquiera se realizan estudios de laboratorio o radiografías.

“No tenemos reactivos, inyecciones, analgésicos, ni gasas”, describe la directora del área pediátrica de un hospital del interior de Venezuela. “No hay diálisis, no hay trasplantes renales, no hay medicamentos oncológicos suficientes, no hay trasplante de médula”, se lamenta. “Los pacientes crónicos mueren como pajaritos”, dice Urbina.

A falta de información oficial, médicos locales realizan una Encuesta Nacional de Hospitales en los 40 principales centros de salud de referencia a nivel nacional. Los resultados arrojaron que en la parte de radiodiagnóstico y terapia con radiación hay un déficit del 70% a nivel nacional. El 80% de los laboratorios a nivel público no están operativos o funcionan de manera intermitente; y falta el 50% de camas hospitalarias. Por citar un ejemplo, el Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas, que en 1987 contaba con 420 camas, hoy apenas tiene 80 camas operativas.

Una jefa de quirófano de un importante hospital en Caracas denuncia que, de los seis quirófanos que tenían, “solo quedó uno para emergencias y otro que se usa como sala de parto”. Ante los escasos recursos, deben elegir a qué pacientes realizarles la intervención programada, como si fueran tiempos de guerra. En esta institución tampoco funcionan los ascensores por lo que subir a los pacientes al quirófano resulta prácticamente imposible. En caso de tener su propio material, los médicos son acusados de robo y pueden ser detenidos.

En Venezuela, un residente cobra aproximadamente 30 dólares por mes y un especialista, unos 60, afirma un médico de Caracas, por debajo incluso del salario mínimo (de cien dólares).

Emergencia educativa

El sistema educativo venezolano es una de las áreas del país que ha sido más afectada durante los últimos 25 años. Una de las ambiciones del modelo chavista era lograr el acceso masivo de los niños y adolescentes a la educación. Los hechos evidencian lo contrario.

La Asamblea Nacional de mayoría opositora declaró en 2018 la “Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación en Venezuela” debido a la falta de apoyo estatal, bajos salarios para docentes, interferencia en los gremios, alta deserción escolar y migración de profesores, entre otros problemas.

Esta declaratoria fue ignorada por el régimen de Nicolás Maduro. La politóloga Verónica Medina, coordinadora de Investigación de Equilibrium Cende, señala en un estudio de 2020 que “los objetivos educativos de universalización de la educación primaria y media, y la masificación del nivel universitario evidencian retrocesos”.

Cuando la crisis se hizo más evidente, el régimen dejó de publicar datos oficiales: desde 2015 no hay estadísticas oficiales básicas sobre cobertura escolar, presupuesto y gasto en educación, estado de la infraestructura y calidad de la educación. Además, desde 1997, el país no se somete a ninguna evaluación internacional de aprendizaje y desde hace una década, tampoco existen esas instancias a nivel nacional.

Desde hace diez años, la capacidad del Estado para atender la demanda de educación de los venezolanos en edad escolar viene cayendo de forma casi ininterrumpida. Según los resultados de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello (Encovi), en los últimos nueve años la cobertura educativa general de los jóvenes de 3 a 24 años pasó del 73 % al 63%. Solo en 2022, 190.000 alumnos abandonaron el sistema educativo.

Otro de los graves problemas que enfrenta el sistema educativo es la escasez del personal docente y su cualificación. Según datos de la Federación Venezolana de Maestros, más de 100.000 docentes abandonaron el sistema educativo entre 2015 y 2020. Los bajos salarios y la migración forzada son los principales factores que explican la deserción.

Este cuadro lo completa el progresivo deterioro que han tenido la infraestructura escolar y los servicios básicos. El “Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela” estima que alrededor del 69% del total de colegios de Venezuela presentan carencias o vulnerabilidades graves. El informe “Estudiar entre ruinas”, elaborado en julio de 2023 por la organización civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), que abarcó nueve de los principales estados del país, revela que alrededor de 59% de los centros encuestados “presentan graves problemas de infraestructura, constante presencia de filtraciones, techos caídos, baños inoperativos, falta de pupitres y un precario acceso a servicios públicos especialmente de agua potable, gas doméstico y electricidad”.

Crisis migratoria

La crisis humanitaria en Venezuela se convirtió en la segunda mayor crisis migratoria internacional en el mundo detrás de Siria, con 7,3 millones de venezolanos desplazados. Según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), Venezuela perdió el 20% de su población y se estima que 2000 personas abandonan Venezuela todos los días.

Más de 230.000 venezolanos fueron reconocidos como refugiados y más de un millón presentaron solicitudes de asilo en todo el mundo, según los datos de Acnur. Pero la mayoría carece de documentación para permanecer regularmente en países cercanos y no tienen garantizado el acceso a derechos básicos, además de estar expuestos a riesgos aumentados de explotación, tráfico, violencia, discriminación y xenofobia.

“Llegué a Argentina en 2018, principalmente por la persecución que había a los periodistas en ese momento. Ejercer la profesión en ese contexto era muy difícil”, dice a LA NACION Carlos Iván Suárez, periodista venezolano de 37 años que creó @esreviral, una cuenta de Instagram que se proclama “la voz de los venezolanos en Argentina”. “Quiero agradecer a la Argentina por el buen recibimiento que nos ha dado a los más de 163.000 venezolanos que vivimos en este país”, agrega.

Países de la región recibieron a los exiliados, pero su capacidad para proporcionar servicios básicos a los inmigrantes se ve cada vez más tensionada. La mayoría de los venezolanos desplazados viven en Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile, España y Brasil.

Sobre los motivos que llevan a los venezolanos a dejar sus países –en condiciones a veces extremas-, la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, resaltó la grave crisis institucional causada por la injerencia del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos, lo que ha resultado en violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“Siempre quise viajar y entrar por la puerta grande a otro país y trabajar fuera de Venezuela, pero la forma y el motivo fueron terribles, fue un desarraigo total, se sentía a derrota total, siempre tuve la esperanza de recuperar el país de forma democrática y me quedé hasta que supe que el país ya no para daba más y que todo lamentablemente ya estaba perdido”, afirma Alex Perez Ortuno, un desarrollador de software de 45 años que llegó a la Argentina en diciembre de 2014.

La CIDH señala que uno de los principales obstáculos que enfrentan los migrantes venezolanos en los países de la región es la regularización de su estatus legal. Otro problema grave es la discriminación, que dificulta su integración e incrementa su vulnerabilidad. A su vez, persisten las trabas para el reconocimiento de títulos universitarios, lo que obliga al 92% de los profesionales venezolanos a insertarse en empleos informales muy por debajo de su calificación.

De democracia a régimen autoritario

“Los venezolanos votan con los pies, por eso miles cruzan las fronteras”, grafica Juan Negri, de la UTDT.

Según el informe de Freedom House 2024, desde 1999 las instituciones democráticas del país se fueron deteriorando y la situación se ha vuelto aún más grave en los últimos años. La organización le otorga a Venezuela 15 puntos sobre cien en cuanto a sus índices de libertad y democracia, por lo que es considerado un país no libre y autoritario.

En el Índice de la Democracia de The Economist, el país es considerado un régimen autoritario “de larga data” y la puntuación bajó de 5.42 en 2006 a 2,31 en 2023, sobre un máximo de 10. Actualmente el país está en el puesto 142 de un total de 167 a nivel global y es el anteúltimo de la región, solo por encima de Nicaragua.

“La peculiaridad de la Venezuela de Chávez es que el liderazgo del ‘comandante’ fue profundamente plebiscitado democráticamente. Chávez se sometía a elecciones, pero a la vez comenzaba un proceso de consolidación de su poder”, afirma Negri. “Durante los años 2002 y 2003 se veía en Venezuela a un presidente y un Congreso elegidos democráticamente, una prensa libre y todavía una oposición activa, pero con un proceso de concentración del poder en manos del presidente”, agrega.

Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, el retroceso democrático se intensificó.

“El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno”, dice Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El sistema electoral en Venezuela fue objeto de críticas generalizadas por su falta de imparcialidad y transparencia. Desde las elecciones presidenciales de 2018, ampliamente consideradas ilegítimas debido a la exclusión de la oposición, hasta las elecciones legislativas de 2020, boicoteadas por la oposición, el proceso electoral carece de credibilidad. Las elecciones presidenciales de este año también se encaminan a estar hechas a medida del oficialismo, con la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado, pese a los intentos de mediación internacional para que sean transparentes.

La falta de independencia judicial y el deterioro del debido proceso son preocupaciones graves, con opositores detenidos y procesados sin respetar sus derechos fundamentales. Según la ONG Foro Penal, hasta el 26 de febrero había 264 presos políticos en Venezuela, mientras que los arrestos por motivos políticos desde enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023 sumaban un total de 15.812.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de la ONU manifestó su preocupación por esta situación en su informe de octubre pasado, en el que alertaba por “las denuncias relativas al recurso arbitrario a la detención y la privación arbitraria de libertad, incluida la reclusión en régimen de incomunicación en casas clandestinas, sin que se respeten las garantías jurídicas mínimas básicas, así como la privación de la vida por motivos políticos o contra personas vistas como opositores al gobierno”.

La economía después del boom petrolero

El boom del petróleo que alzó el precio del barril de 10 dólares hasta 150 comenzó en 2004 y proveyó al país de una inmensa cantidad de recursos que le permitió al gobierno chavista iniciar su política de expropiaciones sin que la economía sufriera demasiado.

“Se expropiaron desde plantas de acero hasta fábricas de helado, edificios, casas, casi todas las propiedades agrícolas, etcétera. Todas esas propiedades expropiadas en manos del Estado quebraron en muy poco tiempo y la mayoría cerraron o se mantuvieron, pero subsidiadas por el ingreso petrolero”, afirma el economista venezolano José Noguera.

“En 2004, se despidieron aproximadamente 20.000 trabajadores de la industria petrolera por la falta de lealtad a la revolución bolivariana”, agrega Noguera.

Después las cosas empezaron a complicarse: la producción comenzó a disminuir paulatinamente hasta pasar de 3.500.000 barriles diarios a unos 650.000 en la actualidad. Alrededor de 2012 los precios del petróleo fueron a la baja y la ecuación comenzó a ser insostenible.

La muerte de Hugo Chávez en 2013 y la suba al poder de Maduro fue acompañada de una crisis económica sin precedentes en Venezuela. Esta crisis afectó severamente los salarios y las prestaciones sociales del país, en un contexto marcado por la corrupción sistémica, un control estricto sobre las empresas privadas, una política agresiva de nacionalización de empresas y un control cambiario que llevó a la quiebra a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Además, se generó un desequilibrio monetario y fiscal tan grave que, entre 2014 y 2018, los economistas aún no lograban ponerse de acuerdo sobre la cantidad de ceros que tenía la inflación cada año.

Con la economía en quiebra, hacia 2019, el gobierno de Maduro emprendió un silencioso y progresivo regreso a los dominios de la economía de mercado para estabilizar al país. Fueron admitidos y despenalizados los dólares; cesó el discurso conflictivo contra los capitales; dejó de responsabilizarse a “la burguesía” del aumento de los precios y se desarrolló una estrategia antiinflacionaria clásica.

Tras años sin publicar datos oficiales de la economía en plena crisis de abastecimiento y aumento de precios, el Banco Central de Venezuela ha comenzado a publicar, de forma selectiva y filtrada, informaciones sobre las finanzas del país.

Según los expertos, la inflación anualizada de 2023 fue de 193%, menor a la proyectada y a su vez menor a la de 305% del 2022. De todas maneras, Noguera ve poca perspectiva, ya que mientras el régimen de Maduro siga en el poder, no habrá seguridad jurídica para los capitales extranjeros. “Actualmente el principal ingreso del país está en la explotación del oro, lo que está en manos iraníes y está destruyendo un sistema ecológico muy frágil de la selva Amazonas, y del comercio ilegal en particular el tráfico de drogas”, señala el especialista.

Con la colaboración de Clara Espósito

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