Venezuela: para aumentar el control social, un sistema biométrico de abastecimiento
Presentado como un plan para combatir el contrabando, sus críticos dicen que será una herramienta de intimidación estatal
El Nuevo Herald
MIAMI.- Se anunció como un instrumento para combatir el contrabando. Pero la instauración de un sistema de identificación biométrico en los supermercados venezolanos podría terminar convirtiéndose en un asfixiante mecanismo de intimidación y control social, que aumentaría la dependencia del ciudadano al régimen bolivariano y sofocaría en muchos la disposición a protestar.
Los analistas dijeron que los polémicos planes de instaurar un sistema de identificación en los supermercados es un primer paso para establecer un sistema de racionamiento computarizado, inspirado en la experiencia cubana, que terminará siendo utilizado para doblegar la voluntad de disentir de los venezolanos.
"En Venezuela están imitando muchas de las cosas que hicieron en Cuba. La influencia y la asesoría cubana es crítica dentro del chavismo", comentó Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubano y Cubano Americano.
En este caso, se unirían la experiencia en represión del castrismo con la última tecnología, una especie de nuevo sistema de racionamiento del siglo XXI. "Ellos [por el gobierno venezolano] podrán controlar mucho más" que lo que se pudo en Cuba, expresó Suchlicki.
El sistema de racionamiento dejó una profunda huella dentro de la población cubana, y terminó por jugar un papel clave en el sometimiento de millones de ciudadanos a la voluntad del régimen de los hermanos Castro. "En Cuba, como no había empresas privadas, todo el mundo dependía de la tarjeta para poder vivir y comer. Y el gobierno utilizaba eso para controlar a la población", expuso Suchlicki. "Es un instrumento no sólo de control, sino también de manipulación", explicó.
Nada de esto, por supuesto, es comentado en el discurso oficial del gobierno de Nicolás Maduro, que atribuye la grave crisis de desabastecimiento en Venezuela al contrabando. Además, argumenta que el sistema biométrico es necesario para evitar que los productos comprados en exceso terminen en Colombia y otros países vecinos.
"No es un sistema de racionamiento. Al contrario, es para que todo lo que produce la República sea conseguido por el pueblo. [...] El sistema biométrico no está hecho para dañar a las familias, sino para ayudarlas", manifestó Maduro la semana pasada.
"Estamos dando una batalla al máximo nivel contra las mafias contrabandistas. Ha habido toda una operación para irritar y golpear al pueblo con una guerra económica. Ellos están buscando que el pueblo se arreche [enfurezca] y no lo podamos parar, por eso tenemos que evitar que eso suceda", añadió.
El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, dijo que el nuevo sistema estará instalado en los supermercados el próximo 30 de noviembre, incluso en ciudades alejadas de las fronteras. El sistema biométrico o de captahuellas permitirá que cada venezolano "haga su compra semanal con un rango bastante tolerante y amplio, y así evitar que una persona compre hasta 20 veces" más de lo que necesite, sostuvo Méndez.
Pero incluso si el sistema -como dice Méndez- fuera lo suficientemente tolerante para que un consumidor compre todo lo que necesite, analistas dijeron que el venezolano automáticamente quedaría bajo control gubernamental, con el chavismo decidiendo qué puede comprar y con qué frecuencia.
"Esto no busca frenar el contrabando. Es un mecanismo de control social ante la crisis fuerte de desabastecimiento", comentó Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends. "No sólo les permitirá aplicar el racionamiento, sino que le dejará a un Estado controlador saber qué es lo que compra o come cada uno de los venezolanos. Les permitirá controlar a cada uno de ellos, exigiéndoles obediencia a cambio de poder tener acceso a un paquete de arroz", advirtió De la Cruz desde Washington.
El temor a sanciones de este tipo ya están instauradas en muchos venezolanos que se vieron perjudicados años atrás con la introducción de la denominada lista Tascón. Aún cuando el gobierno niega su existencia, la lista lleva años y es usada para castigar a millones de venezolanos que firmaron a favor de realizar un referéndum revocatorio en 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Quienes firmaron están inhabilitados para acceder a empleos gubernamentales o para obtener beneficios sociales del Estado.
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